En los últimos días, el gobierno dio a conocer una serie de acuerdos con los exportadores y las grandes cadenas de supermercados para vender algunos cortes de carne a precios menores. La medida se da a conocer luego de que el 2020 pase al podio como el año con el menor consumo de carne de los últimos 100, aún cuando su producción aumentó en 1,3% respecto a 2019.

Aunque se intente vender la idea de que una decena de cortes de carne estarán ahora al alcance del bolsillos de los trabajadores (Página 12, 26/01), la realidad es que no marca una gran diferencia debido a lo limitado de la disposición. Un pequeño parche para un gran problema, como es la inflación en los alimentos y bebidas, que repercute fuertemente en la alimentación de la población.

Uno de los problemas es la cantidad de carne que estará en estos “precios cuidados”: 6.000 toneladas por mes, o lo que es igual a 6.000.000 de kilos. Si lo comparamos con la estimación de que el año pasado se registró un consumo de 4,1 kilos de carne por mes por persona, se ve que esta medida alcanza para cubrir el consumo de menos de 1 millón y medio de personas, es decir menos del 3,5% de la población total de nuestro país. Por lo demás, dichos productos estarán disponibles solo en 1.600 bocas de expendio en todo el territorio nacional, de los cuales no serán parte las carnicerías de barrio (donde compra la gran mayoría) sino las grandes cadenas de supermercado como Coto, Carrefour, Jumbo, etc. Además, no se podrá comprar todos los días, sino solo algunos específicos.

Pero el problema principal es que la carne seguirá siendo cara. Los precios se retrotraen a noviembre del año pasado, cuando la carne ya había sufrido un aumento promedio de más del 54% desde enero 2020. Peor es el aumento que sumó en diciembre: casi un 20%, cerrando un promedio anual de 74,8% (el doble que la inflación). En los cortes más populares, como la tira de asado, el alza es más pronunciada, con un 24,9% en diciembre y 93,1% interanual.

Por eso, aunque se retrotraigan los precios a noviembre este “beneficio” sigue estando muy lejos de los salarios. Se consolida entonces una suba bestial que impacta en la mesa de las familias trabajadoras. Así es como se explica la caída del consumo. El gobierno, preocupado por un desmadre inflacionario que puede complicar sus chances electorales y amenaza con desquiciar la deprimida economía -cuando todavía falta la implementación de los tarifazos-, poco resuelve con estas medidas improvisadas y que no afectan los intereses de las grandes cadenas de frigoríficos y de supermercados.

Para defender el consumo popular hace falta abrir los libros de toda la cadena de producción y comercialización de los alimentos, y derrotar la política fondomonetarista de anclar los salarios por debajo de la inflación. Es una tarea que corresponde a los trabajadores.

 

 

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