El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió los resultados de su último censo de personas en situación de calle. Según los datos oficiales, se relevaron 5.176 personas durmiendo en plazas, veredas, bocas de subte, guardias hospitalarias, bajo autopistas y en paradores. La cifra representa un aumento interanual del 27% respecto de noviembre de 2024.

Del total, 1.613 personas fueron encontradas efectivamente durmiendo en la calle, lo que implica un salto del 30% en relación al año anterior. El propio relevamiento confirma un aumento sostenido de la población sin techo, consecuencia directa de años de precarización laboral, salarios pulverizados, alquileres impagables y desmantelamiento de los programas de asistencia social.

El resto de las personas censadas —3.563— se encontraban alojadas en los llamados Centros de Inclusión Social (CIS), los paradores estatales. Aunque desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat aseguran que “la ocupación no está colapsada”, los números muestran un incremento del 26% de personas alojadas en estos dispositivos.

Desde el gobierno porteño se intenta presentar como un logro la “segmentación” de los paradores y la apertura de nuevos CIS. Sin embargo, esta política consolida un esquema de asistencia precaria y transitoria, sin ningún plan real de acceso a la vivienda, mientras se naturaliza que miles de personas vivan durante años entre la calle y los refugios estatales.

Los propios datos oficiales son contundentes: el 68,2% de las personas en situación de calle lleva más de un año durmiendo a la intemperie, y 313 personas declararon estar en esa situación desde hace más de tres años. Lejos de tratarse de “emergencias individuales”, se trata de un fenómeno estructural ligado al deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la clase trabajadora. El perfil relevado también afirma que el 83% son hombres de entre 19 y 60 años, en edad laboral, y casi el 70% no nació en la Ciudad, lo que revela la expulsión social que atraviesa el conurbano y las provincias.

La concentración de personas sin techo se da principalmente en las comunas 1 y 3, en pleno centro porteño, donde la desigualdad convive obscenamente con el negocio inmobiliario, el turismo y los grandes emprendimientos urbanos impulsados por el PRO.

Mientras tanto, el ministro Gabriel Mraida intenta descargar responsabilidades en la pospandemia, en los consumos problemáticos o en la provincia de Buenos Aires, eludiendo el punto central: el ajuste económico, la falta de trabajo genuino y la ausencia de una política de acceso a la vivienda, que son las causas principales de que miles de personas terminen en la calle.

El contraste con el Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, presentado en septiembre en la Legislatura porteña por más de treinta organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, es elocuente. Realizado durante cuatro días, el relevamiento arrojó una cifra muy superior: 11.892 personas, más del doble que el conteo oficial.

Este censo popular reveló además datos alarmantes: el 37,9% perdió su vivienda en el último año, el 64% sufrió un deterioro en su salud desde que vive en la calle y el 80,7% denunció haber padecido violencia institucional, principalmente por parte de la Policía de la Ciudad y del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

La violencia estatal forma parte de una política sistemática de hostigamiento, expulsión y criminalización de la pobreza, mientras se recortan presupuestos sociales y se destinan millones a negocios privados.

La situación de las personas en situación de calle es una expresión brutal del rumbo económico y social que aplican el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales. Frente a esta emergencia, se impone la necesidad de un plan integral de vivienda, trabajo y asistencia social, bajo control de los trabajadores y las organizaciones populares, y el fin inmediato de la represión.

2026: vuelve la inflación que nunca se fue

-

prensaobrera.com