Un reciente informe publicado por el medio La Nación da cuenta de que el 51,7% de la población de Argentina recibe alguna cobertura social y/o alimentaria del Estado para sobrevivir. La principal causal de esta llamativa estadística es el deterioro de los salarios e ingresos populares, la desocupación y el crecimiento de la pobreza y la indigencia, como resultado de los sucesivos gobiernos ajustadores.

Esta estadística es la conclusión del análisis de los datos relevados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina EDSA Bicentenario (2010-2016), EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025) y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (La Nación, 26/12), y refleja un crecimiento en el universo alcanzado por la asistencia estatal, aunque no necesariamente un aumento per cápita de la cobertura alimentaria y/o social.

Entre los programas, prestaciones y asignaciones considerados se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar, beca Progresar, pensiones no contributivas y otros programas nacionales de menor incidencia.

Una primer mirada a la evolución de los últimos 12 años da cuenta de un crecimiento del alcance de la asistencia estatal en la medida de un crecimiento sostenido de la pobreza y la indigencia, poniendo de manifiesto que la política asistencial del Estado ha servido a contener el ajuste sobre el conjunto de los trabajadores. A esto se le suma el crecimiento de la precarización laboral, que deja por fuera del sistema previsional a millones de trabajadores y que agrava el peso de las pensiones no contributivas, como la Puam.

Los niveles de asistencia actuales se asemejan a los de la pandemia, cuando las erogaciones del Estado llegaron a su pico con las distintas ediciones del IFE, e incluso con partidas para las patronales como el ATP y otros beneficios y exenciones impositivas.

El “crecimiento” nominal de la asistencia social escala del 32,9% en 2010 al 51,7% en 2022, mientras que el crecimiento real de la pobreza y la indigencia asciende del 31,8% y 5,7%, respectivamente, en 2010 al 43,1% y 8,1% actuales. Esto quedó al descubierto este diciembre del 2022 con salarios formales que requieren de un “bono” de miseria, además del aguinaldo, para compensar la pérdida de poder adquisitivo; al igual que los programas sociales, que recibieron un bono en dos cuota, y el bono “especial” para las personas en situación de indigencia.

El gobierno del “más es menos”

Las estadísticas delatan justamente lo que el gobierno del Frente de Todos intenta ocultar: la “amplitud” de los programas no esconde el ajuste en la asistencia, y mucho menos aún los recortes en el gasto público y la crisis económica que se descarga sobre los trabajadores.

Esto se expresa en el ajuste sistemático sobre el salario mínimo, las actualizaciones monetarias de los programas por debajo de la inflación, el plan de liquidación del Potenciar Trabajo, el recorte de alimentos a los comedores populares, etc.

La combinación, incluso, de diversas prestaciones (AUH, Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo, etc.) no obsta a que el o la beneficiaria continúe en la pobreza o la indigencia. El gobierno no ofrece ninguna salida real, ni trabajo, mientras desenvuelve las metas y el programa del FMI que comprometen la economía de conjunto, generando más desempleo y pobreza.

La derecha y los sectores patronales utilizan esta estadística para reclamar la liquidación del conjunto de la asistencia estatal y forzar así una depresión abrupta de los salarios, formales e informales, obligando a los trabajadores a vender su fuerza de trabajo a cualquier precio con tal de vivir. Además, encubren que los mayores contribuyentes son los propios trabajadores y que quienes más se benefician del Estado son los capitalistas, con exenciones impositivas, subsidios y rebajas de aportes, entre algunas cosas.

Pero esto tiene un límite en la propia organización obrera e independiente, con un movimiento piquetero activo que reclama por una salida de fondo, con trabajo genuino y salarios bajo convenio y que cubran la canasta familiar, y que defiende un “piso social” para garantizar que ninguna familia pase hambre, ni ningún trabajador se vea obligado a someterse a condiciones laborales de servidumbre.

La defensa de la asistencia a los desocupados debe ser concebida en la lucha por mejorar las condiciones del conjunto de los trabajadores, por trabajo genuino, bajo convenio y superior a los $230.000 que calcula la Junta Interna de ATE Indec, como canasta familiar. Con el salario mínimo por arriba de los $146.000 de la canasta básica de pobreza y un aumento de los programas sociales para garantizar la transición hacia el pleno empleo.