Guillermo Moreno anunció que las compras con tarjeta en los supermercados más grandes quedarían confinadaa a un plástico que emitiría el Banco Nación, con la finalidad de reducir del 3 al 1% la comisión que los bancos cobran a los comercios y, de este modo, bajar los precios y apuntalar el congelamiento dictado recientemente.

La reducción de la comisión que pagarán los súper con el cambio de tarjeta no bajará, sin embargo, los precios -solamente aumentará la rentabilidad de los grandes comercios. Para que esto no ocurra tendría que haber un control de precios por parte de los consumidores.

La Moreno-card simplemente transfiere un porcentaje del beneficio de los bancos a los súper. La  Moreno-card reduce las comisiones que pagan los súper, pero no la tasa de interés que pagan los consumidores a los bancos. Como consecuencia del congelamiento de los precios en los supermercados, esa tasa de interés -que el anuncio no modifica- ha crecido desproporcionadamente en términos reales. Lo mismo ocurre frente a los salarios: el tope de aumento que se ha impuesto en las paritarias, junto al incremento del impuesto a los salarios, elevan el peso relativo de la tasa de interés para el trabajador endeudado. El trabajador que compra a crédito es el principal perjudicado por el ajuste salarial.

El cambio en el régimen de tarjetas representaría un gran beneficio para el Banco Nación, porque pasaría a monopolizar el negocio, sin bajar por ello las tasas que cobra a los clientes. Como es sabido, el Nación es una de las cajas del gobierno para pagar la deuda pública. El traspaso de ganancias de los bancos privados al mismo se convertiría en otro traspaso -hacia los dueños de la deuda pública. La pérdida de beneficios que sufrirán los bancos por esta transferencia del negocio, la compensarán recargando las tasas de interés que cobran por otros ‘servicios’.

¿Será el segundo paso anunciar una baja de la tasa de interés? Es improbable, porque esa tasa rige para todas las compras a crédito, no solamente en los súper. Por otro lado, la desvalorización continua del peso conspira contra una baja de la tasa de interés, ya que aumentaría la tendencia a salir de los depósitos en moneda nacional y la fuga de dinero al exterior.

La explicación más general por el congelamiento de precios de los alimentos es que el costo de vida, en enero, subió a un nuevo piso. Esto demostraría que los súper habían conformado, con anticipación, un ‘colchón’ de rentabilidad.

El uso de las tarjetas para la compra de alimentos es una muestra indirecta de la crisis del presupuesto familiar. Disminuir los salarios reales y elevar el peso del crédito en el gasto de las familias representa una contradicción insuperable que ya hizo eclosión en la bancarrota capitalista internacional.

Según el diario BAE, a la nueva tarjeta la financiaría un fideicomiso -que es un fondo que se alimenta de aportes, por ejemplo del Estado, pero principalmente de financiación bancaria u otras fuentes. El fideicomiso se cotizaría en la Bolsa, lo cual habilitaría el ingreso de capitales externos e internos, así como diversas operaciones que juegan con la cotización de ese fideicomiso. Es una variante del ‘anarcocapitalismo’ que CFK denuncia hacia afuera y aplica hacia adentro. Los fideicomisos asegurarían sus beneficios en dólares con la compra de seguros de cambio, los que son garantizados por el Banco Central. El fideicomiso podría recibir aportes, por ejemplo, de la Anses, la que, sin embargo, tiene menos flexibilidad financiera y cuyas ganancias eventuales servirán para el pago de la deuda pública -no para los jubilados, cuyos ingresos están congelados de por vida por la ley de movilidad, que tiene por techo dos índices bajistas: la recaudación impositiva y la suba de salarios.

En oposición a la tentativa de enfrentar la carestía con congelamientos inciertos, confiscación financiera de los salarios de trabajadores endeudados y la apertura de nuevos negocios financieros, los socialistas planteamos: apertura de los libros de las grandes empresas y control de los trabajadores; nacionalización de los bancos; planificación de la economía, que determine en forma democrática el reparto entre inversión y consumo, los ingresos según categorías de trabajo, así como las prioridades urgentes en materia de vivienda, salud y educación.