Dentro del paquetazo de ajuste del flamante gobierno de Milei, los jubilados y pensionados tienen un capítulo propio, como viene pasando sucesivamente. Repitiendo la maniobra de Alberto Fernández hace cuatro años, informaron que enviarán al Congreso un proyecto de ley para suspender la fórmula de movilidad vigente y reemplazarla por actualizaciones discrecionales por decreto.

El propio oficialismo admite que la inflación podría tranquilamente escalar al 40% mensual durante el verano, un mazazo directo contra los ingresos de los trabajadores. Con el objetivo expreso de “desindexar” las jubilaciones se anularía el cálculo actual de las actualizaciones trimestrales, que toma en partes iguales la variación salarial y de la recaudación de la Anses, que cerraría 2023 amputando a los haberes básicos más de la cuarta parte de su poder adquisitivo (subieron 110% en el año contra un IPC que se proyecta en torno del 190%). Ahora, el plan Caputo se fijó como meta achicar el equivalente al 0,4% del PBI la masa de dinero que se destina a pagar a los jubilados y pensionados.

Este ajuste contra los adultos mayores, de los cuales cuatro millones perciben ingresos inferiores a la línea de indigencia, quedó servido por la política del saliente gobierno peronista, que pisó los haberes complementando parcialmente con bonos discrecionales que podrían simplemente no ser renovados por la nueva gestión, consumando un fuerte golpe sin siquiera firmar un papel.

A eso hay que sumar que se congelarían las jubilaciones por moratoria, imponiendo a quienes superen la edad de retiro que acepten una Puam (pensión universal para adultos mayores), cuyo monto es el 80% de la jubilación mínima, hoy en 105.000 pesos. El universo de más de un millón de trabajadores que se ve imposibilitado de jubilarse es el resultado de la generalización del trabajo no registrado, que ahora no tendría más opción que aceptar una miserable “pensión a la vejez”.

Caputo y Milei, que también anunciaron un proyecto para reponer el Impuesto a las Ganancias sobre los asalariados, rechazan de plano medidas que mejorarían las cuentas del sistema previsional, como reponer las contribuciones patronales rebajadas desde el menemismo o el pase a planta permanente de los precarizados. Por el contrario, la estanflación y las auditorías en el Estado anticipan decenas de miles de despidos que van a impactar negativamente en la recaudación de la Anses.

Dentro de la hoja de ruta para ajustar a los jubilados se incluye, por supuesto, una nueva ofensiva para intentar barrer con los regímenes especiales conquistados por distintos colectivos de trabajadores expuestos a condiciones laborales insalubres, como la docencia o la construcción. En el movimiento obrero amerita un debate inmediato que ligue la pelea por defender los salarios y reabrir las paritarias a la defensa de los jubilados y el derecho a percibir un salario diferido al finalizar la etapa económicamente activa.

Los jubilados no fueron los que se beneficiaron estos años sino los que más perdieron contra la inflación, mientras el Frente de Todos priorizaba a los bancos, contra su promesa de campaña. Ahora, nuevamente van a pagar buena parte de la factura del ajuste fiscal, mientras los especuladores seguirán cobrando intereses multimillonarios, sea del Tesoro o del Banco Central. La motosierra, claramente, tiene un sesgo de clase. Vamos a la pelea contra este robo y por el 82% móvil.

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