De las reivindicaciones que levantan la oligarquía ruralista y la Federación Agraria, los diarios destacan la eliminación del impuesto a los intereses que deben pagarse por los préstamos internacionales y la derogación de la ley que grava la ganancia presunta. Estos planteos son apoyados por el conjunto de la patronal argentina, que pretende seguir con el negocio de evadir impuestos mediante la contratación de préstamos ficticios en el exterior o no pagando impuesto sobre las ganancias. Nada de esto favorece al pequeño chacarero y mucho menos a los trabajadores rurales. El gobierno de Menem pretende mantener en vigencia los impuestos cuestionados, por los compromisos establecidos con el FMI para pagar la deuda externa.

La Federación Agraria y Coninagro tienen en su seno a grupos capitalistas y exportadores importantes, lo cual explica su coincidencia con la Rural. Pero además de esto, les interesa un frente patronal agrario amplio, porque su finalidad última es impulsar una salida a la brasileña, o sea devaluar el peso. Los comentaristas económicos le asignan por primera vez un peso importante a esta reivindicación, debido a que la caída de los precios internacionales agropecuarios no sería coyuntural sino que podría durar hasta tres o cuatro años. Las devaluaciones de la mayoría de las monedas frente al dólar, ha provocado, además, una fuerte pérdida de posiciones a los exportadores de Argentina, donde el peso está atado al dólar.

Pero los grandes capitales agrarios, mientras por un lado se aprovechan de la crisis de precios para reclamar rebaja de impuestos y subsidios, por otro lado aprovechan esta crisis para comprar tierra a precios de ganga o para alquilar barato para sus consorcios de siembra. Es así que el pulpo Cresud vislumbra extender sus superficies de siembra gracias a la caída de los valores agropecuarios (BAE, 5/4). Es decir que las reivindicaciones de la movilización encabezada por los grupos latifundiarios y ruralistas perjudican doblemente a los sectores más empobrecidos del campo.

No hace falta decir que una movilización agraria con la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales e incluso los monopolios agroalimentarios es un fraude. Una auténtica movilización agraria debería hacerse contra esta oligarquía. Sus consignas deberían dirigirse a impedir los desalojos; establecer un crédito agrario barato mediante la nacionalización de la banca y el cese del pago de la deuda externa; apoyar el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores; y estatizar las grandes extensiones de tierra para reconvertir la producción agraria en función de los intereses populares y no del negocio de la exportación.