La Junta Electoral (JET) culminó el proceso de escrutinio definitivo en medio de escándalos crecientes por las denuncias de fraude. A la borratina de los videos de la cámara de control de las urnas cuando llegaron a la JET, y al día siguiente también, se sumó la aparición de videos que muestran al prosecretario electoral fajando urnas y firmando certificados. Aunque el resultado dio ganador al oficialismo por casi un 12% sobre el Acuerdo del Bicentenario, una resolución de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo resolvió que la JET podía brindar los datos pero no consagrar a ningún candidato hasta que se resuelvan las cuestiones de fondo, que son las distintas presentaciones judiciales denunciando el fraude, reclamando nulidad y nuevas elecciones, entre ellas la del Partido Obrero.

 

La certeza de que el recuento de votos daba ganador a Manzur llevó al gobierno y al propio candidato a llamar a un festejo y “recuperar” la plaza Independencia. Hacía referencia a las autoconvocatorias, pero también a la ocupación física del lugar por parte de diversos sectores de agricultores que desde hace una semana bloquean los accesos a la plaza, además de los acampes de un sector de la UCR y otro del Partido Obrero que exigen nuevas elecciones y el sobreseimiento de “Pepe” Kobak y los hermanos Navarro.

 

La convocatoria del gobierno pretendía coronar toda una contraofensiva, concentrada en defender a la Junta Electoral. El oficialismo y sus referentes se envalentonaron a partir de la decisión de Cano y el Acuerdo del Bicentenario, que el 31 de agosto irrumpieron en la plaza para llamar directamente a la desmovilización. Mientras el oficialismo levantaba cabeza, el aparato UCR-Amaya se empeñó en disciplinar a algunos sectores que aparecían dispuestos continuar con las movilizaciones.

 

Con los resultados en la mano, el gobierno ha decidido meterse en la reyerta judicial y contrataron a dos constitucionalistas que públicamente dieron sus diagnósticos. Señalaron que no hubo reparto de bolsones sino “solidaridad asistencialista” y, en contrapartida, acusaron a Cano-Amaya, a los jueces de la Cámara en lo Contencioso y a todos los que se oponen a la Junta Electoral -y reclaman anular las elecciones- de sediciosos, lo que implicaría aplicarles a todos la ley antiterrorista. Parece un planteo delirante, pero Kobak y demás compañeros fueron detenidos y reprimidos por defender el acto comicial, mientras la banda que entró en la escuela y robó las urnas no fue molestada. El discurso de Cristina directamente acusó de golpistas a los que denuncian el fraude. Están buscando forzar la salida fraudulenta y de paso escarmentar la reacción popular para evitar que el ejemplo tucumano se pueda replicar en otros distritos en las elecciones de octubre.

 

En este cuadro, la movilización callejera no se ha disipado por completo. Este martes fueron más de 2.000 personas que acompañaron la marcha de la Comisión de Familiares y luego se quedaron a manifestar frente a la Casa de Gobierno. Fueron de la partida el PO, el FPDS y el MST (el PTS sigue ausente sin aviso). En el acto hablaron Lebbos y Ariel Osatinsky.

 

Este proceso de reflujo en la movilización popular desplaza por ahora el desenlace de la crisis a las instituciones del propio Estado. El gobierno presiona a la Justicia para hacer caer la cautelar, pero la cuestión de fondo es un proceso que puede llevar su tiempo, pues puede llegar a la Corte Suprema y hasta provocar una situación de acefalía.