La Justicia sanjuanina dictó la liberación de los manifestantes que continuaban detenidos desde el pasado sábado 17, cuando una protesta contra la minera Barrick Gold fue violentamente reprimida por la policía sanjuanina y fueron apresadas más de 30 personas.

 

La liberación de los detenidos constituye un triunfo de la movilización popular, que tuvo lugar en las puertas de las distintas sedes policiales a las que fueron trasladados los detenidos -muchos de ellos incomunicados y sin difusión durante varias horas de su paradero.

 

Estado de la cuestión y cuestión de Estado

 

La movilización del 17 contó con un corte total en el camino hacia la mina Veladero, que en los últimos años ha derramado millones de litros de agua cianurada sobre las nacientes del río Jáchal, contaminando los ríos de cinco provincias.

 

La actividad de la minera prosigue pese a los probados informes de contaminación, con el favor de los gobiernos nacional y provincial. En ese cuadro, organizaciones como la Asamblea Jáchal No Se Toca vienen llevando adelante todo tipo de medidas desde septiembre de 2015 (cuando se produjo el desastre ambiental minero más grave que haya vivido el país).

 

La represión del sábado 17 volvió a poner de manifiesto la protección a ultranza de los pulpos mineros por parte del gobierno sanjuanino de Sergio Uñac.

 

Para muestra, basta un botonazo: el secretario de Seguridad de San Juan a cargo de la operación, Gustavo Enrique Fariña, ha sido él mismo funcionario de seguridad de GoldCorp, Yamana Gold y Barrick Gold, como puede verse en su currículo público difundido en el portal Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. Entre otros condimentos, Fariña cuenta con formación represiva en dos centros especializados: Israel y Estados Unidos.

 

La defensa de las megamineras contaminantes, común al gobierno nacional y a los gobernadores, constituye una cuestión de Estado.