En las últimas semanas, La Nación y Clarín, en otro intento de probar que la Asamblea de Gualeguaychú está aislada, desempolvaron la ruptura entre Greenpeace y la Asamblea, ocurrida hace más de un año. A la operación se prestaron serviciales los ecologistas: su director político, Juan Carlos Villalonga, calificó los cortes de los pasos a Uruguay de “lamentables” y coincidió con las imputaciones del gobierno aclarando que “las acciones de Greenpeace son directas y no violentas” (Clarín, 21/11; La Nación, 27/11).

Los indoblegables entrerrianos no parecen afectados. Votaron un escrache contra Tabaré Vázquez, que estará en la asunción de Cristina Kirchner. También anunciaron que cortarán la Ruta 14 (vital para el Mercosur) si el gobierno no declara un bloqueo económico a Uruguay e impone “las prohibiciones absolutas de carácter no económico de las importaciones y exportaciones cuando pudieran afectar la salud pública o la sanidad animal o vegetal”. Aunque haya irritado a los opinadores, la demanda se ajusta exactamente a lo prescrito por el Código Aduanero, que “contempla la restricción a los flujos de comercio exterior en casos de prevención de contaminación” (ídem). Los asambleístas quieren también que una ley prohíba exportar “madera, en rollizo o chips, que tenga como destino la planta de Botnia” (La Nación, 29/11).

Nada más lejos de las intenciones del kirchnerismo, cuya meta es “calmar a los asambleístas” y “que Cristina y Tabaré puedan rehacer un diálogo y una relación personal”. La Presidenta no sólo puso en duda que Botnia contamine; además, “considera inconcebible la prolongación del conflicto” y afirmó que se debe “preservar la relación en otros terrenos” (Clarín, 4/12). Por ejemplo, esta semana Julio De Vido firmó de un acuerdo binacional para construir en Montevideo una planta de regasificación que demandará una inversión de 1.500 millones de dólares (Clarín, 28/11).

En relación al saqueo del medio ambiente, el kirchnerismo y Tabaré Vázquez tienen acuerdos estratégicos. El proyecto de ley que establece nuevas reglas para fabricar papel en la Argentina, aprobado por unanimidad por las comisiones de Recursos Naturales y de Industria de Diputados, que impulsan los kirchneristas Miguel Bonasso y Dante Dovena, no sólo otorga seis años de gracia a las contaminadoras para que se “reconviertan”. Las condiciones de “producción limpia” que les “impone” son “idénticas a las que asegura cumplir la finlandesa Botnia en su planta de Fray Bentos” (Clarín, 26/11).