Andrés Soliz Rada es un abogado y periodista boliviano, conocido por sus planteos de defensa de la soberanía petrolera. Fue el primer ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo Morales y renunció a su cargo a raíz de los términos de la “nacionalización petrolera” del gobierno del MAS. Se trató de otra variante de asociación con las petroleras, que terminó exportando el gas a precios internacionales, mientras le imponía ‘gasolinazos’ y penuria energética al pueblo boliviano.

Los intentos de los pueblos oprimidos por liberarse del sometimiento imperial son enfrentados unas veces por la violencia brutal y directa, (…) o inoculando el virus de la parálisis y el desaliento, como ocurrió en Bolivia. (…) La Revolución de 1952, siguió llamándose proceso revolucionario después que Estados Unidos hizo abortar la nacionalización de las minas, al impedir la instalación de fundiciones de minerales, tomó el control del petróleo, a través del Código Davenport, y centralizó, en su Embajada, en La Paz, toda la información oficial.
Con la tercera nacionalización del petróleo, del 1º de mayo de 2006, ocurrió esto último. Las petroleras aparentaron acatar la medida e, inclusive, “aceptaron” el contrato marco, por el que se convertían en prestadoras de servicio, de manera que YPFB recuperaba la propiedad, la posesión y el control absoluto de los recursos del subsuelo. Esta vez el virus castrador fue inoculado mediante el “inocente” anexo “F”, por el que los Contratos de Operación se convirtieron en Contratos de Producción Compartida. (..)

Por esos contratos, las compañías recobran el derecho de anotar el valor de sus participaciones en el negocio petrolero, incluyendo las reservas de gas asociadas al mercado de exportación, sobre las que tiene derecho propietario, lo que hacen constar en sus balances primero y en las Bolsas Internacionales de Valores después.

(…) Como contrapartida, la nacionalización del 1º de mayo se convirtió en cáscara vacía, de manera que el gobierno tuvo que limitarse a afirmar que había logrado mayores ingresos por la venta de mayores volúmenes de gas y petróleo.

(…) Pasó a mostrarse las nuevas exportaciones a la Argentina como un fin en sí mismo y no como un mal necesario, a fin de usar esos recursos para el fortalecimiento nacional. YPFB no controlará la cadena productiva ni podrá impulsar la industrialización de los hidrocarburos.

Debido a lo anterior, Bolivia tiene ahora grandes dificultades para obligar a las compañías a abastecer el mercado interno a precios inferiores a los internacionales. Continuará exportando materia prima con destino a las industrias de Argentina y Brasil, mediante la construcción de enormes gasoductos, en tanto las regiones del interior del país seguirán careciendo de recursos energéticos. Tampoco podrá, con la garantía del valor de las reservas, anotadas por empresas foráneas, obtener los préstamos necesarios para impulsar proyectos capaces de transformar nuestra economía.

¿Podía Bolivia seguir otro camino y enfrentar al monstruoso poder de las petroleras? (…) Posiblemente, la respuesta sea negativa. Evo tenía pocas opciones de hacer algo diferente de lo que hizo con los contratos petroleros. Perdió, en cambio, la oportunidad de hacer algo profundamente revolucionario. Ello consistía en decirle la verdad al país, lo que hubiera fortalecido su liderazgo moral frente a los sectores excluidos de América Latina, para los que representa una esperanza.

Al no hacerlo, está ofreciendo un desolador espectáculo, en el que las transnacionales petroleras, parlamentarios neoliberales que apoyaron a Hugo Bánzer Suárez y Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a los dirigentes del MAS, convocan al pueblo a respaldar los Contratos Petroleros, signados por el siniestro anexo “F”, y que, en lo fundamental, contribuirán a mantener la sumisión de Bolivia a los centros de poder mundial.

1/4/07