04/05/2006 | 944

La nacionalización de Bolivia moviliza la oposición de los Kirchner y de los Lula


La decisión del gobierno de Bolivia de nacionalizar el petróleo desató, por lo menos, una crisis internacional. Poco afecto, dicen, a las reuniones internacionales y protagonista de más de un desplante diplomático, Kirchner demoró menos de lo que canta un gallo en montar una reunión con Lula y Chávez para improvisar una respuesta a la situación creada. No los inspira la solidaridad con Bolivia sino la necesidad de una política para enfrentarla. Al ‘pobre’ Lula, el anuncio de Evo Morales le arruinó el 1°de Mayo, obligándolo a presidir reuniones de emergencia durante ocho horas seguidas. El apuro exhibido por estos presidentes ‘nacionales y populares’ para verse las caras obedece a la necesidad de defender los intereses de Petrobrás, Repsol y Techint. Petrobrás no es de ningún modo una empresa brasileña nacionalizada sino una compañía controlada por los fondos de inversión de Estados Unidos y las Bolsas de Nueva York y de San Pablo, que está administrada por funcionarios públicos de Brasil. Al pulpo ‘argentino’ del acero, aunque con sede en Luxemburgo, las noticias de Bolivia le pueden amargar el tendido del gasoducto del norte, para el cual su socio Kirchner ya tenía previsto un subsidio de más de doscientos millones de dólares. En este arco iris de ‘progresistas’ que defienden a los monopolios no podía faltar el ‘socialismo’ español; “Zapatero, informa La Nación (3/5), advirtió a La Paz sobre las consecuencias”. El agente de la monarquía hispana hubiera empleado otro lenguaje, claro, si se hubiera tratado de un choque con Bush, a cuyo servicio envía soldados a la muerte en Afganistán. Contra la decisión boliviana se pronunciaron todos los agentes y voceros del imperialismo.


 


Lula y Kirchner se reúnen a los apuros en una situación de debilidad; para El País de Madrid, lo de Evo fue “un brusco cambio de rumbo” (2/5) El diario O Estado de Sao Paulo cuenta que Lula había enviado a La Paz a un ‘izquierdista’, Samuel Pinheiro Guimaraes, que ocupa el cargo de vicecanciller, para prevenir el conflicto, sin resultados. Kirchner estuvo mandando ‘emisarios’ en forma continua, sea ‘piquetruchos’ o el mismo De Vido. Pero la crisis se había agudizado como consecuencia de la tentativa de una empresa brasileña, la siderúrgica EBX, que es altamente contaminante, de quedarse con la explotación de hierro del yacimiento del Mutún, departamento de Santa Cruz, en la frontera con Brasil. Las patronales de Santa Cruz, por este y otros motivos, habían anunciado un paro general para la semana que corre. Los capitalistas brasileños controlan el 25% del comercio de soja de esta provincia de Bolivia. Nada de esta conspiración desestabilizadora alteró los humores de Lula ni de Kirchner. Sólo los sacó de las casillas la salida del decreto de “nacionalización”. El gobierno boliviano presentó la medida como un primer paso, pues tiene previsto, dijo, nacionalizar la minería, los bosques, la tierra improductiva y —según el asustadísimo diario madrileño: “Energía, agua potable, telecomunicaciones, aeronavegación, ferrocarriles”. El pasquín, de todos modos, tiene algunas razones para sacar esa conclusión, esto porque, junto a la nacionalización de los hidrocarburos, Evo Morales anunció una nacionalización parcial del sistema de “capitalización privada”, o sea de Fondos de Pensiones, que tienen inversiones en todos esos rubros. En este cuadro, Lula y Kirchner han llamado en su socorro, a la reunión en Puerto Iguazú, a Hugo Chávez, al cual apenas una semana antes lo habían desautorizado por protagonizar reuniones por separado con Uruguay y Paraguay. A fuerza de asegurarle a Bush que tenían la capacidad de ‘contener’ a Chávez, Lula y Kirchner tienen que convocarlo para que el trabajo de ‘contención’ lo haga Chávez. El gobierno de Chávez tiene una excelente relación con Techint y Repsol, en Venezuela, y acuerdos internacionales con Petrobrás. También tiene un mejor acceso con el peruano Ollanta Humala, al que se atribuyen intenciones similares a las de Evo, aunque sean reiteradamente desmentidas. En este marco de cerco y de acoso de los ‘gobiernos hermanos’ contra Bolivia, ha sido una bocanada de aire fresco leer que el Sindicato dos Petroleiros do Estado de Sao Paulo “da un apoyo integral a la decisión del presidente boliviano” (Folha de Sao Paulo, 2/5).


 


Reparto


 


El decreto de Evo Morales, sin embargo, está muy lejos de nacionalizar el petróleo boliviano. Es precisamente lo que quiere decir cuando afirma que no hay expropiación; la explotación sigue en manos de los pulpos. El decreto de Evo Morales ni siquiera recupera el patrimonio de YPFB, que fuera confiscado en oportunidad de la privatización debido a las condiciones leoninas con que fue entregado a sus apropiadores: Repsol, Total, British Gas y Chevron. Bolivia pretende modificar los contratos con los pulpos y apropiarse de una parte considerablemente mayor de la renta petrolera; se estima que en los niveles de producción actuales podría incrementar la recaudación de menos de trescientos millones de dólares al año a más de ochocientos millones de dólares. La nacionalización de Morales convierte a los contratos de privatización y a los de concesión en contratos de operación, donde los pulpos trabajan por cuenta y orden de la empresa fiscal, YPFB. El Estado boliviano pretende, de este modo, controlar los precios y el comercio de los combustibles; sobre esta base contractual, el decreto estipula un reparto de la ganancia y de la renta del petróleo del 82/18% a favor del Estado. Para esto se establece una modificación del sistema impositivo, pero por sobre todo una participación mayoritaria de YPFB en el capital de las empresas. Se trata de una tentativa de poner coto al fraude fiscal y cambiario de las empresas e intentar orientar las inversiones para construir una red de gasoductos y una industrialización de la materia prima. Dada la debilidad del Estado boliviano para reunir el capital nacional necesario para semejante empresa, lo que en Bolivia significa partir de cero, el proyecto de desarrollo que emerge implica una asociación en gran escala al capital extranjero, o sea una recolonización del país bajo otras formas. De todos modos, Bolivia es para el capital internacional una plataforma de exportación.


 


Los observadores se preguntan de dónde sacará Evo Morales los recursos para llevar la participación del Estado en las operaciones petroleras a más del cincuenta por ciento del capital y para quedarse con los Fondos de Pensiones que han invertido en las petroleras. El llamado “sistema de capitalización” había otorgado a los ciudadanos una participación en las privatizaciones a través de Fondos especiales. Para controlar la producción de las empresas petroleras que se beneficiaron con la privatización, Evo Morales debería estatizar los fondos de la ‘capitalización’ y aún realizar aportes adicionales. Dado que Bolivia tiene una crisis fiscal, los analistas opinan que deberá desistir de sus propósitos o proceder a una expropiación sin indemnización. Esta impasse del plan oficial será seguramente el punto de negociación de los próximos seis meses, que consistirán básicamente en un regateo relativo a la participación del Estado en el negocio de los hidrocarburos. Evo Morales prometió una auditoría que valuaría en términos de costos el capital de las petroleras, así como las ganancias que han acumulado. Esto podría permitir una nacionalización integral sin indemnización de muchos pulpos, en especial de los que privatizaron a YPFB. Solamente algunas nacionalizaciones burguesas en América Latina tuvieron esta osadía, al menos por un cierto tiempo.


 


Con los precios del petróleo y del gas por las nubes, los pulpos siguen teniendo un futuro muy ‘prometedor’ en Bolivia, un país donde los costos de diverso tipo son bajísimos. Resolver el conflicto representaría para los mismos pulpos otro gigantesco negocio: las inversiones en infraestructuras, que en Bolivia podrían ser enormes, dada su centralidad geográfica. Bolivia podría conseguir una salida al mar, como Argentina consiguió superar todos los conflictos de límites con Chile cuando los pulpos mineros se pusieron de acuerdo para repartirse la explotación de la cordillera. El problema para esta perspectiva de negocios no es el decreto de nacionalización sino la vulnerabilidad del gobierno boliviano y del propio Estado a las presiones populares, incluidas las que toman la forma de insurrecciones. En este sentido la cuestión de los hidrocarburos bolivianos está subordinada a la crisis política de América Latina y a las tendencias revolucionarias que anida. La renegociación de los contratos tendrá lugar en el marco de una desintegración de las relaciones políticas latinoamericanas, a partir de las presiones de Estados Unidos con los tratados de libre comercio; el hundimiento del proyecto de Confederación Sudamericana de Brasil, para controlar los negocios mineros y de infraestructura; la declinación del Mercosur; y la fragilidad, en última instancia, de todos los gobiernos del subcontinente. El TCP —de Cuba, Bolivia y Venezuela— no llega a ser ni un punto de partida alternativo para esta crisis de conjunto, fundamentalmente revolucionaria.


 


Constituyente


 


En este sentido es claro que la crisis que se ha abierto y las negociaciones con las petroleras y sus Estados atraviesan largamente el período de deliberación de la Asamblea Constituyente, que se va a reunir en julio. El MAS de Evo Morales la va a dominar por completo en términos de representación, sea porque la izquierda abstencionista y seudo-revolucionaria ha quedado neutralizada; sea porque la derecha se ha dividido; sea porque las conspiraciones desde Santa Cruz se encuentran por el momento relativamente aisladas. Evo Morales ha jugado nuevamente con bastante picardía al ordenar al ejército a ocupar los pozos y los yacimientos, porque de este modo permite que el alto mando militar realinee al ejército, que había jugado un rol de masacrador de las masas, con una posición nacionalista.


 


Lo que el gobierno no controla o domina son las masas, que no han visto una mejora de sus condiciones de vida en el corto lapso de gobierno, en especial el incumplimiento de los compromisos de aumentos de salarios. Por eso es tan importante orientar a estas masas de cara a la Constituyente, empezando por la reivindicación de una efectiva nacionalización de los hidrocarburos, sin indemnización, fundamentalmente de las empresas que saquearon a YPFB por medio de la privatización, y reivindicando la expropiación sin pago de todos los latifundios, como vía para la solución del hambre de los campesinos.


 


En este marco, llamamos a defender al gobierno de Bolivia contra los ataques del imperialismo y de sus socios menores, y a impulsar una campaña por la nacionalización sin pago de los hidrocarburos en toda América Latina.

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