04/11/2004 | 875

La nota censurada a Julio Nudler en Página/12

Para la congoja causada por la recien­te muerte del salteño Roberto Guzmán hay ahora un triste consuelo: al menos no alcanzó a enterarse del nombramiento de Claudio Moroni al frente de la Sindicatura General de la Nación, un hecho quizá más escandaloso aunque la de­signación de Martín Pérez Redrado al frente del Banco Central y de Miguel Pesce en la vi­cepresidencia. Guzmán, autor del memorable libro “Saqueo asegurado”, fue entre 1994 y 1996 liquidador del Instituto Nacional de Re­aseguros, enfrentándose desde ese cargo con uno de los sectores más corruptos de la Ar­gentina: el del seguro. Pero Guzmán -nom­brado por Domingo Cavallo, que gradual­mente pasó a arrepentirse de haber elegido a una persona tan decente e insobornable- no debió lidiar sólo contra los aseguradores pri­vados, que pretendían tener acreencias con­tra el INdeR por unos 2.000 millones de pe­sos/dólares, sino también contra el tándem que conducía la Superintendencia de Seguros de la Nación: Alberto Fernández y su incon­dicional y apolítico Moroni. Ellos presiona­ban para que el INdeR “reconociera” una deu­da de casi 1.200 millones con el sector, cuan­do Guzmán (que denominaba a ese delirio “un cut off a la criolla”) demostró fehacientemen­te que el pasivo a lo sumo llegaba a 500 mi­llones. Frustró así uno de los mayores robos Contra el Estado. Persona bien educada al fin, cuando debió dejar su cargo en diciembre de 1995, el actual jefe de Gabinete del presiden­te Kirchner se cruzó hasta el Instituto a pre­sentar sus saludos, declarando en ese mo­mento que, luego de haber conducido la SSN desde la asunción de Carlos Menem, pensa­ba dedicarse a la política.


En ese cometido lo ayudó Alberto Iribarne, patrón del Justicialismo porteño. En 1999, Fernández, gracias a su estrecha vin­culación con las aseguradoras, la mitad de las cuales pertenecían a bancos, pudo ocuparse de la financiación de la campaña del hincha del Taladro. Iribame fue, precisamente, quien cumplió, desde la llegada de Eduardo Duhalde a la Presidencia, la encomendada tarea de inutilizar la Sigen, peculiar misión en la que luego le sería de gran provecho la designación como Sindica General Adjunta de Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido y persona que, según opinión generali­zada en el organismo de contralor, ni siquie­ra conoce lo mínimo como para serle útil a su marido el ministro. Pocas semanas atrás, Página/12 constató que en la página de Internet de la Sindicatura el currículum de la señora seguía “en preparación”, luego de meses y me­ses. ¿Pero es que ni siquiera había presenta­do su CV para ser designada?


Tras la nota de este diario, alguien se apre­suró a subir al sitio los magros antecedentes de la dama. Aunque estos despropósitos, absoluta­mente impropios de una república, en la que se supone que los servidores públicos deben rendir i cuentas, provoquen melancólicas sonrisas, en i realidad involucran hechos gravísimos. El bochornoso caso de la cónyuge de De Vido no es la i excepción. A ella le asignaron como responsabilidad de sindica el Pami. La consecuencia de su c intervención, junto con la escasa solvencia técnica de Graciela Ocaña -porque en estas cuestiones la honestidad es condición necesaria pero no suficiente, han conducido a que debiera anularse la licitación para la compra de medi­camentos para los jubilados. Los experimenta­dos técnicos de la Sigen. hoy completamente des­moralizados al ver que todo sigue igual o peor, les advirtieron, ya ocho meses atrás, que la lici­tación era un método absolutamente inapropia­do para esa finalidad, pero las señoras no les hi­cieron caso.


Los resultados están a la vista


La cuestión es obvia: fuera del conjunto de la industria, representada por las cámaras que la agrupan, no existe quien pueda garantizar la provisión en un día, en cualquier rincón de i la Argentina, de un medicamento a determinar que a un médico se le ocurra prescribirle de pronto a un anciano, el Enalapril para la presión, por ejemplo, y que difícilmente el afi­liado acepte ver sustituido por otra marca.


Consiguientemente, en medicamentos de s uso general se presentó una sola oferta: la del conjunto de las cámaras. En oncológicos ocurrió lo propio, aunque con una segunda oferta de la droguería San Javier, pero que no garantizaba el abastecimiento en 24 horas. Por tanto, la licitación se cayó, perdién­dose así la oportunidad de conseguir que los afiliados paguen menos por sus medicinas, ya que ellos abonan en promedio el 50 por ciento. En una palabra: la irresponsable de­signación de Minnicelli, inepta para el car­go, terminan pagándola los jubilados.


¿El presidente Kirchner seguirá ignoran­do el clamor por su destitución y la necesi­dad de elegir a los funcionarios por su sol­vencia y no por razones espurias? Los hechos protagonizados por Moroni en la SSN en sus dos gestiones como titular (la inicial suce­diendo a Fernández, antes de ser a su vez desplazado en febrero de 1998 por Daniel Di Nucci, hombre del Grupo Juncal, pertene­ciente a la Banca Nazionale del Lavoro, con rol protagónico del sindicalista combativo Armando Cavalieri; la segunda, por obra y gracia de Duhalde, con obvia influencia en­tre bambalinas de Fernández) son de una gravedad poco usual. El diseñó, por ejemplo, un sistema que desamparó totalmente a los pasajeros de medios de transporte. Es, por citar sólo un caso, el fraude que sufrieron los deudos de los nueve estudiantes muertos el 27 de diciembre de 1996 cuando el micro en que viajaban a Bariloche chocó con un ca­mión en el partido de Laprida. Hubo también muchos heridos, algunos graves, que tampo­co vieron un peso. Ello pese a que El Rápido Argentino tenía contratado el seguro de ri­gor con La Uruguaya Argentina, LUA. Pero falta un detalle: mientras Moroni no tuvo cargo en la SSN, entre febrero de 1998 y mar­zo de 2002, fue sucesivamente asesor y direc­tivo ¡de LUA, precisamente!


Esa compañía, que en realidad eran dos y ninguna, como corresponde a la engañosa ar­quitectura de un timo, fue utilizada por los hermanos Mario y Sergio Cirigliano, que a co­mienzos de los ´90 sólo eran dueños de las lí­neas 61 y 62, para construir su imperio, abar­cando en él Metrovías, TBA, Transporte Auto­motor Plaza, las líneas 36, 141 y 64, además, entre otras tenencias, del subte de Río de Ja­neiro. Moroni y Armando Canosa, ex secreta rio de Transporte, operaron desde el Estado para el progreso empresario de los Cirigliano.


¿Re mencionó antes n Daniel Di Nucci? Pues bien: su hermano Luis fue director co­mercial de LUA Seguros La Portena. En ver­dad, a La Uruguaya Argentina la habían fun­dido, pero utilizaban la sigla LUA para con­fundir, haciendo creer que era la misma. Cuando el superintendente Juan Pablo Chevallier-Boutell decidió prohibir que LUA La Porteña siguiera emitiendo pólizas a pesar de su insolvencia, Duhalde (es decir, Fernán­dez) lo echó para poner en su lugar a Moro­ni, que obviamente no halló nada malo en que se continuara estafando a los asegura­dos. Moroni fue quien convirtió al seguro obligatorio en un arma letal contra los trans­portistas chicos. A fines de 1997 implantó un régimen por el cual las pólizas que estaban forzados a contratar tendrían una franquicia de 40.000 pesos/dólares. En la práctica, esto implicaba que los colectiveros debían afron­tar la gran mayoría de los siniestros, a pesar de estar asegurados. Incapaces de soportar el pago de las indemnizaciones, recibían préstamos de un sistema de mutuales arma­do por Moroni. Por ese medio les generaban deudas impagables, que desembocaban en su expropiación.


Fernández se encargó en su larga gestión al frente de la SSN de amparar el oculta- miento que muchas compañías hacían en sus balances de los juicios que tenían entablados


en su contra por siniestros, ello para no te­ner que constituir las reservas de rigor. Pro­tagonistas extremas de estas maniobras fue­ron las cooperativas Belgrano y Bernardino Rivadavia, que acaparaban el 70 por ciento de los seguros del transporte público de pa­sajeros. El hundimiento de la primera dejó colgados del pincel 20 mil juicios y otras tan­tas víctimas. Como los transportistas -que se creían asegurados- debieron hacer frente a las indemnizaciones, no pocos prefirieron quebrar. Pero los recursos de Moroni eran inagotables: en marzo de 1997 hizo que Me- nem, con algún argumento poderoso, firma­se un inconcebible DNyU suspendiendo por 36 meses todas las ejecuciones de sentencias contra transportistas y aseguradoras, inde­pendientemente de su situación patrimonial. La mayoría automática de la Corte Suprema garantizaba estas aberraciones.


Ahora Moroni es el hombre que Kirchner y Fernández presentan a la sociedad como garantía de que la lucha contra la corrupción en el Gobierno es una alta prioridad. ¿Qué suponen acerca de la inteligencia de los ar­gentinos? ¿Creen que este pueblo sigue acep­tando el “roban pero hacen”? No: aunque ha­gan, si roban deben ir presos, hoy, mañana, cuando se los pueda condenar. ¿El títere con­trolará al titiritero? La Argentina sigue sien­do un cambalache.  

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