El gobierno ha dejado trascender los detalles de la nueva Ley de Economía del Conocimiento que enviará al Congreso. Luego de haber suspendido la norma sancionada el año pasado bajo la presidencia de Macri, con el pretexto de centrarla en las pymes, el nuevo proyecto mantiene todos los beneficios impositivos a las grandes empresas, que “siguen siendo consideradas como destinatarias de este régimen”, como aseguraron desde el propio Ministerio de Producción.

La presentación oficial plantea descuentos del 60% en lo que deben pagar las empresas por el Impuesto a las Ganancias y una reducción del 70% en los aportes patronales. Para mostrar un tope al otorgamiento de estos superbeneficios, fijaron que las rebajas en las cargas patronales valgan hasta un techo de 3.745 empleados. Pero ello es solo una cortina, porque ese tope cuenta solo al momento de ingresar al régimen establecido por la ley; todas las contrataciones posteriores también entrarán en el descuento. En nombre de no trabar la generación de empleo, esta cláusula estimulará despidos en los planteles de trabajadores que superen el límite.

A su vez, alegando una “orientación inclusiva y federal”, el proyecto agrega un ítem con rebajas adicionales en las contribuciones patronales para las empresas que incorporen mujeres, profesionales con estudios de posgrado, discapacitados, beneficiarios de planes sociales, o que habiten “en zonas de menor desarrollo relativo”. Cumpliendo con ello, la reducción llegará al 80%.

Estos beneficios para las patronales, en momentos en que el gobierno reclama “solidaridad” para que los trabajadores carguen con el ajuste, son leoninos. Ambas cuestiones están conectadas, porque mientras redactan esta ley que reduce la recaudación del Anses confiscan a los jubilados mediante la suspensión de la movilidad y se proponen –según el ministro de Trabajo, Claudio Moroni- aumentar la edad jubilatoria para que el sistema no sea “insustentable”.

El principal beneficiario de estas concesiones será nada menos que Mercado Libre, que siendo por lejos la empresa de mayor capitalización bursátil de Argentina no parece necesitar ninguna promoción especial. De hecho, ya cuenta con la ventaja de haber implementado para sus trabajadores condiciones extremas de precarización laboral, gracias a la firma de un convenio especial flexibilizado con la burocracia del sindicato de Carga y Descarga, que estableció la polifuncionalidad de tareas, eliminó las horas extras con la creación de un banco de horas, barrió con los delegados por turno y limitó el derecho a huelga.

Para colmo, desde el gobierno de Alberto Fernández lo presentan como parte de las medidas que estimularán la llegada de divisas al país. Eso está por verse. Lo cierto es que quienes gozarán de estas rebajas impositivas son fugadores seriales: Marcos Galperín, el líder de Mercado Libre, se encuentra denunciado por defraudación pública por desprenderse de sus tenencias en Letras del Tesoro luego de las Paso, de lo que se infiere que contó con información privilegiada sobre el advenimiento del reperfilamiento que anunció el entonces ministro Hernán Lacunza.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda volveremos a rechazar este régimen a medida de Mercado Libre. Los beneficios a los precarizadores son a costa de un mayor ajuste contra el pueblo.