29/07/2020

La “nueva normalidad” de las patronales y la de los trabajadores

Editorial

El crecimiento de los contagios escala cada día a nuevos récords y el colapso del sistema sanitario es una amenaza cercana. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirmó que a este ritmo el 15 de agosto estarán todas las camas de terapia intensiva ocupadas y el Pami de la Ciudad de Buenos Aires ya está derivando pacientes a la provincia. Por otra parte el gobierno de Larreta apeló un fallo judicial que obliga a testear semanalmente a residentes y trabajadores de geriátricos. Nos están empujando a la crisis tan temida, la de tener que elegir a quién otorgar una cama, algo que denuncian muy cercano médicos de Cicop en la Provincia.

Sin embargo, las patronales redoblan la presión por una apertura mayor de la cuarentena y diseñan la salida. El panorama de la “poscuarentena” que se vislumbra es igualmente sombrío.

Los 300 mil puestos de trabajo perdidos en los últimos meses son solo la punta del iceberg. El DNU de prohibición de despidos y suspensiones que el gobierno prorrogó hasta el 30 de setiembre es papel mojado. Desde que empezó el aislamiento obligatorio, en el Ministerio de Trabajo se formalizaron “272 solicitudes de Procedimientos Preventivos de Crisis”, que se suman a otras 30 del primer trimestre. Como referencia, en todo 2019 se presentaron 120 empresas. El PPC es un mecanismo que permite suspender o despedir a menor costo y ha precedido a varios cierres.

El número está lejos de describir la situación ya que “solo en la última semana pasaron por mesa de entradas 2.895 empresas” más. Por otro lado, si bien el paso administrativo es obligatorio bajo ciertas circunstancias, muchas – muchísimas- patronales simplemente lo omiten. Y, como las suspensiones que se ejecutaron lo hicieron en los marcos el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo y el pacto CGT-UIA, no cabe duda que la finalidad de esos expedientes son los despidos.

Las patronales han puesto en marcha “una descomunal reestructuración” industrial que se basa en una reducción drástica de los planteles y, bajo esa presión, en la imposición de nuevas condiciones laborales. La unificación de los reclamos de los trabajadores ocupados y desocupados adquiere un carácter estratégico. La lucha por el puesto de trabajo y el salario se enlaza con la lucha contra la reforma laboral.

Los planes patronales

La modificación de la ley de concursos y quiebras que está en discusión en el Congreso apunta a suspender los procesos hasta fin de año para evitar que “ni bien se reabran los tribunales comerciales haya miles de cierres” y el otorgamiento de créditos bancarios a las empresas concursadas. Solo un amortiguador para evitar una reacción de conjunto ante una avalancha de quiebras.

Junto a esto se debate el proyecto de una moratoria impositiva de amplio alcance que, para la UIA, sería solo un paso “para poder avanzar hacia una presión tributaria abordable (reclama ‘revisar más de 160 impuestos’)… se tienen que generar más incentivos para que los argentinos inviertan y es el sector privado el que será el protagonista de la recuperación».

En esa dirección se ubica la extensión del Presupuesto 2020 que implica un aumento estimado de 1,8 billones de pesos en diversas partidas. Se calcula que “unos 407.000 millones de pesos se irán en transferencias directas a empresas privadas hasta fin de año”. Otra enorme tajada se va en los intereses de la deuda.

2001 a la vista

Los proyectos son parte de la batería de iniciativas que promueven o apoyan las patronales del “comercio, la industria y la construcción” para enfrentar “una crisis que –según José Urtubey de la UIA- será superior a la de 2001″. En esto coincide con un reciente artículo del The New York Times según el cual “todas las condiciones parecen dadas para que vuelva el pasado”. Recordemos que desde el corazón pobre del conurbano, el desbocado y encubridor de narcos, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, pronosticó un 2001 a fin de agosto en un reportaje al diario Perfil.

La pregunta del millón es cómo se financiará el déficit que el gobierno proyecta en 3 billones de pesos, es decir, 10,5% del PBI. El recurso de la emisión llega a niveles explosivos. Según analistas “habría que emitir entre 1 y 1,5 billones adicionales para financiar el déficit del segundo semestre, que difícilmente puedan ser absorbidos por el Banco Central, puesto que eso lo obligaría a subir las tasas de interés, algo que sería suicida en plena recuperación».
Ahí es donde el arreglo con los acreedores se vuelve vital para la burguesía: “una resolución favorable sobre la deuda –declaró un vocero de los industriales- podría generar el margen necesario para un paquete fiscal más agresivo”. La esperanza sería financiarse en los mercados o una nueva asistencia del FMI. O sea, más endeudamiento, cuando no hemos salido del default.

Luego del mensaje que enviaron los grandes tenedores de bonos rechazando la última oferta argentina, las negociaciones se extenderían, ahora, hasta el 28 de agosto, lo que supone preparar nuevas concesiones; podría reflotarse el bono atado al PBI o a las exportaciones para compensar los tres dólares de diferencia que reclaman los fondos además de aceptar modificaciones legales a los contratos; un tema que importa por el antecedente que representa para otras renegociaciones de deuda en marcha, como la de Ecuador.

Lo más importante es lo que el ministro Martín Guzmán declaró en una entrevista a Bloomberg: «después del proceso de reestructuración de deuda con los acreedores privados esperamos solicitar un nuevo programa al FMI que reemplace al que teníamos previamente y que no funcionó». Con tono firme agregó “esto ocurrirá con o sin acuerdo con los bonistas” (¡agarráme que le pago!).

Es decir, del monitoreo de las cuentas que reclaman los especuladores pasamos a un plan elaborado directamente por el FMI. No hace falta leer muchos diarios para saber en qué consisten esencialmente los planes que le reclaman a Guzmán: reformas estructurales (laboral y previsional entre ellas) y austeridad fiscal; esto entraría en colisión con la expectativa de las patronales de mayores subsidios. En esto radica el callejón sin salida de la crisis capitalista. No hay para todos, por lo tanto los choques serán del capital contra las masas y entre los propios capitalistas.

La reforma laboral en marcha

Como desarrolló el artículo de Néstor Pitrola de la semana pasada la reforma laboral ya empezó. Todos los “borradores” elaborados por las patronales para salir de la cuarentena se reducen a paquetes de subsidios, exenciones impositivas y “regulaciones laborales” a la baja para cada actividad: el modelo Vaca Muerta que tanto elogió “el candidato” Alberto Fernández.

La línea maestra no es una ley única de reforma laboral, que podría ofrecer un eje de resistencia común a los trabajadores (una gran lección que los capitalistas sacaron de las jornadas de diciembre de 2017 contra el proyecto previsional), sino las mesas sectoriales con la burocracia sindical como partenaire. A través de ella, las patronales intentarán alinear a la clase obrera tras sus reclamos.

Ese es el lugar que las direcciones sindicales reclaman para sí en el escenario de la “nueva normalidad”: garantes de la contención a las luchas y coejecutores de la poscuarentena. Los acuerdos sectoriales son bien vistos por el gobierno en la medida que pavimentan el camino al Pacto Económico y Social que será el soporte político de la “poscuarentena”.

Esto incluye la firma de paritarias que consoliden la rebaja salarial. En esa línea coinciden todas las fracciones, desde Los Gordos a la Corriente Federal. Su vocero Sergio Pallazo, que acaba de hacer punta con un acuerdo salarial varios puntos debajo de la inflación, le pidió “a la central obrera anticipar la elección” para tener este año “una CGT unificada, que pueda darle al Presidente la legitimidad de la representación del movimiento obrero en todo su contexto a la hora de tomar las medidas de la pospandemia».

Una situación precaria que cruje por las luchas

El derrumbe industrial con su secuela de despidos en masa, cierres, aumento de la desocupación y la pobreza es leña al fuego de la crisis social que se agrava al ritmo de los contagios y las muertes y el latente colapso del sistema de salud.

La lucha “de vida o muerte” por los protocolos de seguridad, que cobrará cada vez más relevancia, se superpone con la defensa de los puestos de trabajo y del salario. El ejemplo del Sutna, defendiendo la salud obrera y las condiciones de trabajo, con métodos de acción directa y democracia sindical, es una guía para todos los trabajadores. Otras batallas tenaces como la de los textiles de Algodonera Avellaneda de Vicentin, la de los choferes cordobeses, la de numerosos municipales en distintas provincias, la de los desocupados del Frente de Lucha Piquetero, la juventud repartidora o el vasto movimiento en la salud, marcan el potencial de nuestra clase obrera a partir de una política para romper la cooptación de la burocracia sindical.

La “nueva normalidad” que pretenden inaugurar las patronales viene preñada de conflictos con reforzamiento del aparato represivo y choques de todo tipo, en los que se forjará una vanguardia combativa. Las iniciativas votadas por el Plenario del Sindicalismo Combativo contribuirán a agruparla en torno a un programa anticapitalista.

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