El gobierno de Macri vuelve a la carga con la reforma “antilaboral”, que tuvo que archivar después de las jornadas de diciembre. A principios de mayo estarán ingresando al Congreso cuatro proyectos de ley como mínimo: la de (falso) blanqueo laboral, pasantías, Agencia Tecnológica de Salud y otra reforma a la ley de Riesgos del Trabajo. No está claro cómo y a través de qué instrumento, pero está en carpeta una nueva reducción de indemnizaciones y la creación de un “fondo de cese laboral” en los convenios colectivos de trabajo del tipo del que rige en la construcción, por medio del cual la única indemnización es la que resulta en una cuenta de ahorro de un aporte de 12% el primer año y del 8% mensual en los años restantes.



La primera ley será la de “blanqueo”, que dispone una amplia amnistía a los evasores, reconoce antigüedad de aportes hasta cinco años y no acumula antigüedad a los efectos indemnizatorios, imponiendo al trabajador que deponga todo planteo judicial futuro por los años que estuvo en negro. Sin embargo, se prevé (Infobae) que podrían blanquearse no más de 200/300 mil trabajadores sobre los 4,5 millones informales que existen. Probablemente, esta ley sea la excusa para introducir un régimen indemnizatorio diferenciado para los trabajadores que se blanquean. De manera que serviría más de excusa para la flexibilización laboral que como instrumento para un real blanqueo.



Pero la gran novedad es una nueva ley de Riesgos del Trabajo, que sería la tercera después de las reformas introducidas durante el gobierno de Cristina (opción de apelación a la Justicia) y la reforma macrista con apoyo del PJ y la CGT, ambas inspiradas por la UIA, al igual que esta nueva versión. La nueva ley tiene por objetivo barrer con toda la legislación en la materia que viene de los años ’70. Fue pactada en un Comité Consultivo Permanente que componen el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, las cámaras empresariales, la CGT y las ART. Los responsables del agravamiento permanente de los accidentes de trabajo y su desprotección -y desinversión patronal- han elaborado una reforma de fondo.



El régimen remite a las paritarias la implementación de la seguridad e higiene (artículo 13), para eliminar definitivamente toda idea de comité de control obrero o de tipo mixto en los lugares de trabajo sobre seguridad y salubridad. Serán las empresas (art. 15) las encargadas de contratar los servicios de salubridad y seguridad “para prevención de los riesgos en el trabajo”. Se hará una distinción entre empresas de mayor y menor porte, pero siempre excluida la representación de los trabajadores en los lugares de trabajo como factor de control.



Es muy claro que con esta reforma de fondo se apunta a terminar con todo vestigio de la ley de accidentes de trabajo y los posibles reclamos judiciales por las amputaciones, incapacidades o la vida misma del trabajador, profundizando el régimen de las “ART de la muerte”, como se las bautizó en la industria de la construcción, donde se registra el mayor índice de accidentes de trabajo.



Por otro lado, se ha desempolvado una herramienta de los ’90, para facilitar los despidos en masa: el recurso preventivo de crisis. Carrefour es el caso líder, como acuerdo de la burocracia sindical, el ministerio y la patronal para el “retiro voluntario” de por lo menos 1.000 trabajadores con indemnizaciones a pactar, con reducción salarial convencional y cierre de sucursales.



El recurso preventivo de crisis rige desde 1990 y bajo su vigencia la desocupación llegó en 1998 al 18%. También se implementaron 27 modalidades de empleo basura mediante la llamada ley de Empleo. Hoy, el empleo basura vuelve con la creación de un Instituto de Formación Profesional, con las pasantías de hasta 30 meses de trabajo gratuito y mediante la introducción de categorías de “empleo joven” en los convenios colectivos. Es lo pactado para una categoría de 14.000 pesos en ese concepto para los ingresantes en el convenio ferroviario, lo que constituye un subsalario para los niveles remunerativos de la actividad, y un salario de hambre en cualquier caso cuando la línea de pobreza está en 18.000 pesos.



Por esta horas se acaba de conocer un fallo de la Suprema Corte que convalida la “locación de servicios”, legalizando el fraude laboral bajo la forma de monotributo que esconde la relación de dependencia, la forma de trabajo registrado que más se incrementó en estos últimos años. Por otro lado, en dos escenarios de lucha se están atacando convenios estratégicos que costaron lucha y sangre del movimiento obrero argentino: el de los mineros del Turbio y el de Luz y Fuerza de Córdoba.



Es un paquete de “seguridad jurídica” antilaboral para el capital. Todo lo cual está acompañado por un Ministerio de Trabajo que ha llevado el arbitraje al extremo más despótico desde el retorno del régimen constitucional: se homologan sólo los acuerdos salariales y convencionales que corresponden a la política de topes oficiales, a la flexibilización laboral, a la implementación de despidos, se desconocen elecciones de delegados como la del Inti para favorecer despidos antisindicales, se quitó la personería gremial a la AGTSyP del Subte para entregar a UTA la firma de la paritaria del 14%.



Ante esta nueva ruta de la reforma laboral, el movimiento obrero tiene que pasar por encima del freno y la complicidad de la burocracia sindical colaboracionista que pactó todo esto a cambio de la Agencia Tecnológica de Salud -un engendro para limitar las prestaciones complejas a los afiliados de las obras sociales y proteger las cajas negras y la asociación a la salud privada en el sistema. 



Ese es el objetivo de la campaña nacional por el paro activo y un congreso de delegados mandatados por asambleas de trabajadores para definir programa, plan de lucha y reunir la fuerza de conjunto para quebrar la reforma laboral.