La ausencia de infraestructura en las barriadas, centros de salud y edificios educativos de la ciudad de Avellaneda no es novedad. Pero, como sucede cada dos años, con el inicio de las campañas electorales (sobre todo cuando se juega una reelección en las intendencias) aparecen en los medios de comunicación y redes sociales noticias sobre la inauguración de plazas, rotondas, plazoletas o acerca de algún arreglo edilicio. De este modo, Jorge Ferraresi y su gestión (PJ) continúan utilizando a la obra pública como una gran caja negra; sólo un puñado de empresas son beneficiadas en las contrataciones.

Así lo demuestra el caso de Fediluma S.A, o también conocida como Corralón Larralde, la cual está ubicada en Wilde. Es propiedad de Lucas Daniele, pareja de María Milagros Ferraresi, hija del jefe comunal. La firma comenzó sus negocios abasteciendo de materiales al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Posteriormente, empezó a recibir adjudicaciones del municipio. “Con Ferraresi como ministro, desde su carrera financiaron diez complejos de viviendas en Avellaneda, a través del Programa Reconstruir. Para ello se destinaron unos 1.400 millones de pesos para terminar, por ejemplo, 197 casas en el predio Alianza II, de Dock Sud. Allí entró el Corralón Larralde como proveedor de materiales. También en el Programa “Casa Propia”, donde el ministro bajó 154 millones de pesos para levantar 60 viviendas en Villa Inflamable, en el predio Eissler. Los materiales para esa obra fueron adquiridos en el corralón de Daniele” (El Sindical, 13/6).

Otro dato curioso (o que muestra el carácter turbio de la empresa) lo constituyen los informes financieros presentados por los jóvenes propietarios de Fediluma. Lucas Nahuel Daniele figuraba como empleado municipal de Avellaneda.

Consultados por la prensa, desde la Gestión A informaron que el corralón no se encuentra registrado como proveedor; que ellos “contratan proveedores que luego van a comprarle a la empresa del yerno del intendente” (Clarín, 11/6). Tercerización de la obra pública al cuadrado.

A esto se le suma la denuncia de vecinos y trabajadores de las barriadas por la calidad de las obras efectuadas. El ejemplo más próximo son los departamentos inaugurados pocas semanas atrás en Villa Tranquila, Dock Sud (Alianza II). Sus habitantes informan que las paredes se descascaran y las filtraciones con las lluvias son constantes.

Los concejales de Juntos por el Cambio (macristas y radicales) criticaron lo de Ferraresi, pero son unos impostores. En primer lugar, porque pertenecen a una fuerza que también da rienda suelta a negociados con la obra pública desde su lugar en el poder. En el Concejo Deliberante ni siquiera pidieron al intendente que rinda cuentas.

No existe la posibilidad de poder ver cuáles son los convenios aprobados en las licitaciones ni cómo se resuelve el lugar donde se efectuarán las obras. En la ciudad del “Presupuesto Participativo”, los contratos de obras públicas son secretos. No olvidemos que el Concejo aprobó para 2023 un presupuesto municipal que destina 24 mil millones de pesos a la Secretaría de Obras Públicas.

Mientras este negocio se incrementa al ritmo del alza de los precios y de la silenciosa devaluación, la precarización en las barriadas más pobres se multiplica. A escasos 10 kilómetros de Casa Rosada, al hambre y la contaminación se le suman la crisis habitacional (hacinamiento, y casillas de madera, chapa y cartón con serias amenazas de destrucción), y la ausencia de agua potable, redes cloacales y eléctricas seguras, y asfalto.

La obra pública es un negocio. También lo es la contratación de mano de obra en el rubro, como lo demuestra la tercerización laboral. La propia municipalidad ofrece a las empresas trabajadores y trabajadoras en negro. También contrata mano de obra precarizada para realizar arreglos en el municipio (cooperativistas, monotributistas o beneficiarios del programa Potenciar Trabajo realizan sus labores por un poco más de $40 mil por mes). Estos trabajadores carecen de ART, aportes jubilatorios y vacaciones pagas. Al fraude, Ferraresi lo disfraza de Economía Popular.

Es hora de terminar con esta estafa y dar paso a una salida de los trabajadores y la izquierda. Hay que avanzar en un plan de obra pública y construcción de viviendas populares que esté bajo control de los habitantes de las villas, asentamientos y barrios. El pase a planta de todo aquel que desarrolle tareas para el municipio, con un sueldo mínimo igual a la canasta básica, es clave. Vamos por ello con la izquierda que se planta. Por concejales obreros y socialistas.

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