El gobierno de Salta lanzó una oferta de canje de 350 millones de dólares de deuda. La misma no contiene quitas de capital, sino que busca extender los plazos de pago de las amortizaciones de capital previstos en tres cuotas a pagarse en 2022, 2023 y 2024; y reemplazarlas por cinco cuotas a pagar desde junio 2023 hasta 2027. A pesar de ser una propuesta usuraria, hasta ahora solo adhirió un 40% de los bonistas, cuando se necesita un 75% de acreedores que ingresen al canje.

En materia de tasas de interés la oferta también es leonina. Partiendo de una altísima tasa del 9,1% actual, habría una reducción de cuatro puntos los primeros tres meses, de tres puntos los siguientes 12 meses, para quedar luego en un 8,5% hasta el vencimiento del bono en 2027. Todo esto cuando las tasas de referencia internacional están cerca del 0%.

Si hacemos la cuenta de lo que se pagaría en total por intereses y capital, la deuda final se incrementaría en unos 30 millones de dólares. Hay que sumar a la ecuación la comisión millonaria que cobrará el Banco Macro, agente financiero de la provincia y de la empresa BofA Securities Inc. contratada como intermediaria para hacer el canje de bonos. Pero incluso esta es solo la oferta inicial, cuando en todos los procesos de renegociación (Nación, Mendoza, Neuquén, YPF) los bonistas fueron imponiendo todas sus exigencias, por lo que las concesiones prometen ser mucho mayores aún.

En este cuadro, la realidad es que el gobernador Gustavo Sáenz busca apenas ganar aire durante su gestión, haciendo crecer la hipoteca hacia adelante. Por eso los pagos de capital ofertados comenzarían recién a cinco meses del fin de su mandato, transfiriendo el 80% de los vencimientos para su sucesor.

Ello no quiere decir que esta postergación de los plazos redunde en una amortiguación del ajuste, sino precisamente lo contrario: los acreedores impondrán sus condiciones para asegurarse el repago de la deuda, con salarios a la baja y recortes presupuestarios antiobreros. Por eso los trabajadores salteños serán quienes sufran las consecuencias del pago a libro cerrado de una deuda fraudulenta, avalada en la Legislatura con el voto de todos los bloques políticos a excepción del Partido Obrero.

El pago de esta deuda es incompatible con una salida a la crisis provincial en los términos de la mayoría trabajadora. Las grandes batallas que se trazan por delante los docentes autoconvocados, o los trabajadores de la salud, pondrán nuevamente en cuestión la política fracasada de someter a la provincia a la usura internacional, siguiendo el libreto del gobierno nacional y el acuerdo con el FMI.