Políticas
28/11/2025
La Oficina Anticorrupción y Migraciones encubriendo el choreo en la Andis
El de Milei es todo un gobierno de coimeros que ajustan al pueblo.
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Dr. Camilo Cordero Fabbri.
El caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue escalando y continúa exponiendo una trama cada vez más extensa que involucra empresarios, funcionarios, organismos de control y áreas sensibles del Estado, evidenciando que el robo a pacientes con discapacidad era una verdadera política del gobierno de Milei. En las últimas horas se conocieron dos hechos que agravan el cuadro: la maniobra para evitar la incautación del celular de Sergio Mastropietro —empresario clave en la red comandada por Miguel Ángel Calvete— y la intervención de un funcionario de la Oficina Anticorrupción como virtual abogado del jefe paraestatal del organismo en pleno allanamiento.
Sergio Mastropietro, empresario aeronáutico señalado por el fiscal Franco Picardi como pieza central en el circuito de lavado del dinero desviado de la Andis, regresó al país el 15 de noviembre procedente de Estados Unidos. A pesar de que había una orden judicial para incautar su teléfono, pasó Migraciones sin que esta se ejecutara. Incluso su plan de vuelo había sido modificado a último momento, con una parada inesperada en Tucumán y una misteriosa llamada desde esa provincia.
Cuando el juzgado consultó por la requisa, Migraciones informó que “no se había concretado”. Recién entonces salieron a buscar al empresario, que ya había abandonado la terminal. Según la versión oficial, Mastropietro “aceptó volver” y declaró que había perdido el celular dentro del aeropuerto. Sin embargo, los registros técnicos indican que la última señal del aparato fue en las inmediaciones de la Floralis Genérica, lejos de Aeroparque.
Ahora se evalúa abrir una causa específica para determinar responsabilidades administrativas y penales en Migraciones y la PSA. La maniobra favoreció a un hombre al que el fiscal vincula directamente con las retornos ilícitos desde firmas proveedoras, como Profarma S.A., hacia empresas asociadas a Calvete a través de Baires Fly S.A.
Un abogado de la Oficina Anticorrupción en el corazón del búnker
El otro dato explosivo salió a la luz tras los allanamientos del 9 de octubre en la casa de Defensa al 1400, donde operaba Miguel Ángel Calvete, sindicado como jefe de la asociación ilícita dentro de la Andis. En la cocina del búnker los investigadores encontraron un papel con instrucciones claras para manejar emergencias judiciales: qué decir, a quién llamar y —lo más llamativo— dos números de abogados de confianza.
Uno de ellos era el Dr. Camilo Cordero Fabbri, funcionario activo de la Oficina Anticorrupción, coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias, es decir, la persona que recibe y clasifica las denuncias por irregularidades en el Estado.
Durante el operativo, quien recibió a los policías respetó al pie de la letra las instrucciones del papel: Cordero Fabbri apareció en la escena, preguntó “qué estaba pasando” y luego se retiró. No se presentó como abogado en esa causa —está inhibido de intervenir en procesos de corrupción— pero sí defiende a Calvete en su condena por explotación sexual.
El funcionario integra además el llamado “círculo Tuco”, listado hallado en los cuadernos del propio Calvete con nombres de contactos estratégicos. Su declaración jurada, que incluye 18 armas de fuego registradas, alimenta aún más las preguntas sobre su rol. La OA y el Ministerio de Justicia evitaron pronunciarse.
El caso Andis involucra a exfuncionarios del organismo, directivos de empresas proveedoras, figuras políticas y familiares directos del principal acusado. La hija de Calvete, Ornella, renunció a su cargo en el Ministerio de Economía tras revelarse que en su casa se secuestraron 700 mil dólares durante los allanamientos. Su pareja también dejó su puesto en el gobierno.
Mientras tanto, siguen apareciendo vínculos societarios y visitas personales entre Mastropietro, Calvete y el exdirector de la Andis Diego Spagnuolo, todos parte de una red que manejó millones de pesos en contrataciones direccionadas de insumos médicos y medicamentos.
Ajuste, impunidad y negocios privados con fondos públicos
El escándalo en la Andis es la exposición brutal de cómo el ajuste convive con el saqueo de recursos destinados a los sectores más vulnerables. Mientras miles de personas con discapacidad ven recortadas prestaciones, servicios cortados o demoras interminables, un grupo reducido de funcionarios y empresarios organizó una verdadera estructura paraestatal dentro del organismo para enriquecerse.
La responsabilidad política escala a los organismos de control, a Migraciones, a la PSA, al Ministerio de Seguridad y al propio Ministerio de Justicia, que mantiene en funciones a un hombre que asistió personalmente al principal acusado en un allanamiento.
La causa sigue avanzando con indagatorias programadas hasta diciembre, pero cada nueva revelación confirma que estamos ante un régimen de corrupción sistémica y de complicidades que atraviesan al Estado. Es por eso que este miércoles 3 de diciembre tenemos que acompañar la lucha de los prestadores y familiares de personas con discapacidad que se movilizarán al Congreso junto con los jubilados.
