La mayoría de las empresas y cámaras patronales de las telecomunicaciones firmaron en común un comunicado en rechazo al decreto del gobierno nacional que declara al rubro “servicio público en competencia” y establece que los aumentos de tarifas de internet, telefonía móvil y fija y la televisión paga deben ser previamente aprobados por el ente Enacom.

La medida, afirman, “produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro”. Es decir,  anuncian una huelga de inversiones que costará puestos de trabajo y servicios más deficientes. Tal vez con cierta esperanza, luego de tantos recules por parte de Alberto Fernández (Vicentin, impuesto a las fortunas), reclaman que se retrotraiga la disposición.

El argumento de las empresas es que gran parte de sus costos estarían dolarizados, por lo que para sostener sus inversiones requieren la libertad de aumentar el precio de sus prestaciones. Sin embargo, durante los últimos tres años (de inflación acelerada y brutal devaluación) los aumentos de los planes estuvieron por encima tanto del índice de precios como de la depreciación del peso. El último aumento fue fijado en marzo de este año, antes de la pandemia, por lo que el mayor consumo por la cuarentena se efectuó con precios “actualizados” que volvieron a ganarle a la inflación de estos meses. El decreto oficial suspendió hasta fin de año el aumento de hasta el 15% que habían anunciado las empresas para septiembre, luego de rechazar la propuesta del gobierno de repartir los incrementos en varios meses en lugar de aplicarlo de una sola vez.

Desde presidencia definieron a estos servicios como un “derecho humano”, para prometer que con este decreto se garantizará el acceso a las TIC para el conjunto de la población. En función de ello se anunciaría la creación de un plan básico a montos accesibles, que brindaría prestaciones mínimas que no fueron especificadas. El planteo servirá para posar de inclusivos, pero en la medido en que no obliga a realizar inversiones no revertirá el hecho de que el 37% de los hogares del país carece de conexión a internet, producto de que en amplias zonas no hay prestaciones y por la pobreza creciente. Es lo que reflejó el rotundo fracaso de la virtualización educativa, y sin embargo la resolución oficial no dispone la gratuidad de los datos para estudiantes y docentes. Para graficar la situación basta tomar nota de que el incumplimiento en el pago de los clientes trepó al 30%, e incluso hasta el 80% en algunas compañías de telecomunicaciones del interior.

Pero el problema es bastante más profundo. Hoy en día, las telecomunicaciones no son un sector estratégico solamente por la necesidad de las personas de estar conectadas, sino más aún porque se han convertido en un insumo básico para la propia producción y la comercialización en casi todas las ramas de la economía. La implementación masiva del teletrabajo ha multiplicado la incidencia de este factor. Es probable que el gobierno esté intentando acotar las siderales ganancias de los pulpos de las telcos en función de equilibrar la cadena de producción de las otras ramas.

Otro punto asoma en relación a las tarifas que cobran en dólares WhatsApp, Netflix, Spotify entre otras plataformas. En este punto la cuestión sería forzarlas a cobrar sus ingresos en pesos, con el objetivo de preservar los escasos dólares del Banco Central para el repago de la deuda. Estamos ante otra muestra de las contradicciones que afloran en el esquema económico oficial para cumplir con el acuerdo con los bonistas y con las tareas que le encomiende el FMI.

Agreguemos a esto que las compañías de telecomunicaciones lideran por lejos el ránking de reclamos en Defensa del Consumidor, por lo que la “calidad del servicio” que brindan está más que cuestionada. Una huelga de inversiones amenaza entonces con un colapso en plena era de la comunicación. Pero no se trata de una novedad circunscrita al decreto en cuestión. Telefónica viene avanzando en un proceso de vaciamiento para rescatar a su casa matriz en España, y junto a Telelcom se encuentra entre la mayores fugadores de dólares al exterior. Hay quienes adjudican la intención de control estatal a la búsqueda de reducir las presiones sobre el dólar contado con liqui, al cual recurren estas patronales.

Pero si el objetivo del gobierno es garantizar las divisas necesarias para cumplir con los acreedores y normalizar la relación con el capital financiero internacional, la advertencia de las empresas de recurrir al Ciadi (tribunal del Banco Mundial) amenaza con complicar toda la estrategia oficial. Finalmente, el sector está dominado por grandes multinacionales como Telefónica y Claro, e incluso Telecom es principalmente una asociación entre el Grupo Clarín y el fondo Fintech. Eso, claro, lubricado por la apertura del negocio del triple play que habilitó la Ley de Medios del kirchnerismo.

Para garantizar el acceso a las telecomunicaciones habría que partir de la apertura de los libros de las empresas para determinar los costos de producción del servicio, y en función de ello fijar el precio necesario de las tarifas. Es una medida que escapa por entero a los horizontes del gobierno, que por otra parte viene de dar luz verde a un aumento de los combustibles y anunciar un plan de tarifazo en el gas.

La apertura de los libros mostraría las maniobras de vaciamiento y el “costo empresario”, y pondría de relieve la necesidad de nacionalizar las telecomunicaciones, bajo control de sus trabajadores y usuarios, para garantizar el acceso a las telecomunicaciones por medio de una red única de infraestructura compartida -para superar el irracional y antieconómico modelo de operación con superposición de infraestructura-, integrando los recursos físicos y de trabajo de los principales operadores, con parámetros de velocidad mínima de transmisión de datos actualizable anualmente de acuerdo a la evolución tecnológica y de servicios, con tarifa plana accesible a toda la población para impulsar el vuelco a las redes de fibra óptica y nueva generación.