Según un informe técnico de noviembre de 2016 al que accedió el sitio chequeado.com sobre el avance de las obras proyectadas luego de la trágica inundación del 2 y 3 de abril de 2013, sólo un 29% fueron finalizadas y un 25% se encuentran paralizadas.

El magro avance de las obras –que el ex gobernador Scioli había prometido finalizar para 2015– contrasta con los abultados montos de endeudamiento (uno por $1.973 millones y otro por $1.185 millones) votados en julio de 2013 y en septiembre de 2015 respectivamente, por todos los bloques de la Legislatura con la única excepción del Frente de Izquierda, que rechazó el endeudamiento y denunció que se trataba de un cheque en blanco a los responsables políticos de la inundación.

Cabe aclarar que durante todo el 2015 –cuando se votó el segundo endeudamiento– el plan de obras estuvo parado en su totalidad. El sciolismo justificó la parálisis aduciendo problemas de acceso al mercado de créditos internacionales. El libreto de Macri y Vidal a favor del pago a los buitres y del megaendeudamiento de la provincia, como se ve, fue antes usado por el ex gobernador.

Ahora, los gobiernos macristas de Vidal y el intendente de La Plata, Julio Garro, salieron a anunciar con bombos y platillos que el plan de obras estará terminado para fines de 2017, más una “promesa de campaña” que otra cosa, si se tiene en cuenta que desde que asumieron su mandato las obras han avanzado sólo un 21%. La Emergencia en Infraestructura, que permite saltar licitaciones con el pretexto acelerar los plazos, sólo ha servido para los negocios de la patria contratista.

Responsables políticos

A pocos meses de cumplirse cuatro años de la mayor tragedia de la historia de la región, que causó al menos 89 muertes y fueron afectadas 200 mil personas, los responsables políticos de este crimen social continúan impunes. Recientemente el gobierno macrista designó al ex intendente Pablo Bruera como síndico en una empresa del Grupo Bapro. El Partido Obrero, a través del diputado Guillermo Kane, denunció este encubrimiento y presentó junto a las asambleas de inundados de La Plata un rechazo a esta designación exigiendo al gobierno dejarla sin efecto.

Garro sostiene un ordenamiento urbano al servicio de los intereses de las principales empresas inmobiliarias (Building, Dacal) que expulsan a las familias trabajadoras hacia la periferia de la ciudad, a la vera de los arroyos y en zonas inundables. En el último tiempo han ascendido a 200 los barrios en las afueras de la ciudad donde más de 20 mil familias no tienen acceso a cloacas, luz ni agua potable. El déficit habitacional y la imposibilidad de acceso a la tierra por sus altos costos ha puesto a la ciudad a la cabeza del ranking de tomas de tierras durante el 2016. La respuesta de Vidal y Garro fueron el desalojo y la represión, en defensa de la especulación inmobiliaria.

Bajo el macrismo, continúa el encubrimiento del gobierno sobre el número real de víctimas fatales y las verdaderas causas de la inundación. El proyecto de ley de resarcimiento económico para los afectados presentado por el FIT en la Legislatura ha sido bloqueado tanto por el oficialismo como por la oposición patronal.

La falta de obras hídricas y un ordenamiento urbano al servicio de la especulación inmobiliaria ha extendido la crisis de las inundaciones a toda la Provincia de Buenos Aires. En los últimos años, miles de bonaerenses han sido víctimas de las inundaciones en distintas localidades.

Todo esto contrasta con la campaña de Vidal acerca de que "llegaron las obras" y con el intento de Garro de cooptar a las asambleas de inundados que surgieron en numerosos barrios platenses en 2013.

El Partido Obrero, que ha participado desde el comienzo de todas las luchas de este movimiento, llama a organizar una gran movilización para exigir al gobierno la finalización de las obras, la publicación de todos los informes del estado actual de las mismas, la derogación del código de ordenamiento urbano a medida de los pulpos inmobiliarios, un plan de viviendas populares y la urbanización de las barriadas.