En medio de la crisis sanitaria, una gran parte de la población del Gran La Plata se encuentra sin agua. La situación es inadmisible, porque además de ser de un servicio de primera necesidad es indispensable para cumplir con las medidas de higiene que permitan prevenir la propagación del coronavirus. La carencia de agua no solo impide el aseo personal  y la desinfección de hogares y establecimientos, sino que a su vez obliga a la gente salir de sus casas en medio de la cuarentena para comprar agua, e incluso para bañarse. Es indispensable por lo tanto que el servicio vuelva a la proveerse de manera urgente.

Miles de denuncias fueron efectuadas por los vecinos estos últimos días contra Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), preocupados por la expansión del covid-19. Son varias las zonas afectadas, entre ellas el centro y el centro-oeste de la ciudad, las localidades de Gonnet y Villa Elisa, además de las ciudades de Berisso y Ensenada. Son más de 80.000 los usuarios afectados.

Hay también denuncias por el desborde de cloacas en edificios de la zona céntrica de la ciudad. Según comenta un vecino a un portal “ABSA no hace nada. Hay una cuadrilla dando vueltas, pero cobra fortunas y no nos corresponde pagar a nosotros” (0221.com.ar, 19/3).

Ante la presión de los vecinos, la Gobernación de Axel Kicillof anunció que como parte de un plan de emergencia contrataron plantillas de trabajadores, y la propia empresa comunicó que se estaban reparando las fallas y que el servicio volvería a la normalidad. Sin embargo, las viviendas continúan sin agua.

Tarifazo y desinversión

Esta problemática fue una constante durante el año pasado, y en particular durante todo el verano. El faltante de agua afecta incluso en la zona de Gonnet, City Bell y Villa Elisa, donde hace poco se terminó la megaobra del “Acueducto Norte”.

Según informan los funcionarios del área de servicios públicos de la Provincia, el problema radica en la Usina Bosque de la Planta Potabilizadora de Punta Lara ubicada (que provee agua a Berisso, Ensenada y al 60% de La Plata), producto de que de los cuatro equipos de extracción solo uno funciona con regularidad (Clarín, 19/3).

Esto sucede cuando el 30 de abril de 2019 el entonces gobierno de María Eugenia Vidal inauguró en esa misma planta potabilizadora la obra de “Reacondicionamiento y Ampliación” con una inversión que superó los 1.000 millones de pesos, que según afirmaban aumentaría en un 50% la producción de agua del establecimiento.

Sucede que estas obras son realizadas por empresas sin ningún tipo de control. Además, los planes de obra se trazan sin tener en cuenta el estado actual de la red de distribución y la infraestructura, que ya tiene más de 60 años y carece de las inversiones adecuadas. La responsabilidad por esta situación le cabe a todos los gobiernos que se sucedieron durante años de vaciamiento, ya que a pesar de haber aumentado enormemente la tarifa que se cobra a los usuarios la empresa presenta enormes deudas. Mientras tanto, siguen aumentando cada vez más los reclamos de la población.

Por un plan de inversión bajo control de trabajadores y usuarios

Frente a la desidia de la empresa y del Estado provincial, y el desentendimiento del municipio, vecinos de diferentes puntos del Gran La Plata se han puesto en contacto mediante grupos de Facebook y WhatsApp, en vistas a organizar un reclamo colectivo para que se garantice el suministro de agua de manera inmediata.

Deben arbitrarse todos los medios necesarios para asegurar que no haya una sola vivienda sin agua potable y de red, garantizando así la hidratación y salubridad de las familias. Mientras tanto, reclamamos la provisión de bidones de agua gratuitos a los usuarios que tengan interrumpido el servicio. Planteamos además que debería otorgarse una compensación a todos los vecinos afectados, empezando por la eximición del pago de la factura de agua.

Esta problemática puso en evidencia la necesidad de una reorganización del servicio, a partir de un plan de inversión que contemple las obras indispensables para garantizar que la red llegue en condiciones a todos los habitantes de la ciudad. Eso incluye adaptar el sistema de cañerías al crecimiento urbano, extender las redes hacia la periferia y la construcción de nuevas plantas potabilizadoras, además del necesario mantenimiento y equipamiento de las ya existentes.

Un plan de estas características es incompatible con el vaciamiento de ABSA, que es una política sostenida por todos los gobiernos. Por eso, reclamamos que se abran los libros de la empresa a una auditoría de usuarios y trabajadores, que controle además la realización de las obras de infraestructura requeridas.