El fallo del juez federal de la Plata, Alejo Ramos Padilla, provocó una escalada reaccionaria y de provocaciones contra la ocupación de tierras en Los Hornos, nutrida por la campaña antipiquetera del ministro de desarrollo social Juan Zabaleta, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio, los fachos de  Javier Milei y José Luis Espert, y las amenazas del  ministro de “seguridad” de Axel Kicillof, Sergio Berni. El fallo en cuestión rechaza que haya acusaciones e imputados por esta toma, que lleva ya varios años, y establece que no corresponde sanción penal alguna. El  “Boletín Oficial” del gobierno del Frente de Todos,  Página 12, se encargó de subrayar que  lo dispuesto por Padilla no implica precedentes legales para otras ocupaciones que pudieren realizarse. Una profesión de fe capitalista.

Los negocios del intendente Julio Garro

La reacción  contra el fallo provino de la intendencia platense que gobierna Julio Garro. El jefe comunal del PRO exigió al gobierno nacional y provincial que recusen y desconozcan el fallo judicial para poder avanzar con el desalojo. Garro siempre puso como ejemplo a seguir  el operativo de la Bonaerense que arrasó con la ocupación de Guernica, pidiendo la misma mano dura para las familias que se asentaron en el predio del ex Club Planeadores. Un pretendido “grupo de vecinos autoconvocados”, que no superaban el centenar y movilizados con figurones de Juntos por el Cambio, llamaron a la rebelión fiscal y a no pagar impuestos hasta que se libere el predio donde sobreviven 3.000 personas en condiciones precarias. Sobre esto Berni no dijo esta boca es mía.

Las 160 hectáreas que están ocupadas fueron cedidas por la Nación a la Provincia a través de la AABE (Agencia de Bienes del Estado). Carentes de  un uso o destino específico, los terrenos deben ser destinados a la construcción de viviendas. Una parte menor del predio ya fue delimitado, parcelado y entregado precariamente en posesión, pero la mayoría de las familias siguen reclamando por la tierra y la vivienda. Desde el gobierno provincial se presiona a quienes están instalados desde hace un mayor tiempo para que impidan el ingreso de nuevos ocupantes, a pesar de que el predio es muy grande. La toma de Los Hornos es la más grande toda la provincia y de todo el país.

La “protesta” contra Ramos Padilla nada tuvo de espontánea  y “vecinal”; por el contrario, fue armada desde el gobierno de Garro con la complicidad de la burocracia sindical del gremio municipal de La Plata. Se conoció un audio donde una delegada del aparato promovía sumar empleados de distintas dependencias al escrache a Padilla, a cambio de un día sin falta en el trabajo y otras prebendas. El mismo audio incitaba a concurrir sin ropas de trabajo para confundirse con los “vecinos”.  Como se ve, la Gestapo de Vidal contra los trabajadores sigue vivita y coleando de la mano de Garro y la patota burocrática.

A tono con el “movimiento antipiquetero” de Milei, y el “movimiento empresarial antibloqueos”, Garro ensayó con este escrache a Ramos Padilla su propia versión de la “Liga Patriótica” para apuntar  contra los reclamos de los trabajadores. Antes lo hizo con el Código de Ordenamiento Urbano que penaliza las manifestaciones callejeras y los piquetes. La ocupación en La Plata es la punta del iceberg de una situación crítica por el avance de la especulación inmobiliaria en el casco céntrico que empuja a las familias trabajadoras a la periferia y a terrenos inundables.

Berni atiza el fuego

Sergio Berni declaró que toda toma de tierras es un delito contra la propiedad privada, una “doctrina” que ejecutó por orden de Kicillof, del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque,  y a cuenta de los especuladores inmobiliarios, cuando desalojó brutalmente Guernica con cuatro mil efectivos armados hasta los dientes de la Bonaerense. Como sucediera con la recuperación de tierras en Guernica, detrás de la campaña contra la toma de Los Hornos están los intereses de “desarrolladores” privados que presionan para hacerse de las mejores hectáreas  del ex Club de Planeadores en connivencia con la intendencia; otro negociado inmobiliario.

El ministro estrella del gobernador  ya no cuida ni las formas de su ruptura con el Frente de Todos: se saca fotos con dirigentes de Juntos por el Cambio y no pierde oportunidad de destacar sus coincidencias con Patricia Bullrich o de reunirse con Miguel Angel Pichetto y  Martín Lousteau.  El conflicto con el fallo de Ramos Padilla es manipulado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para impostar un “costado social” trucho mientras apaña al represor Berni. La ratificación ritual de su ministro es mucho más que una dependencia política y psicológica de Kicillof, es también un aval a la campaña fascistoide contra las ocupaciones de tierras y las acciones piqueteras.

Los medios de prensa difundieron profusamente que la Bonaerense había impedido otro “intento de toma” próximo a la “mega ocupación”. La reacción asocia a las tomas con  la inseguridad ciudadana para dar vía libre a la represión policial. La realidad es que  los ocupantes de Los Hornos no tienen luz, agua ni servicios. Los sin techo tienen que organizarse ante el  abandono de los gobiernos y las condiciones sumamente difíciles que afrontan. Se trata de un boicot deliberado que viene del gobierno provincial para desalentar nuevas ocupaciones.

Un régimen capitalista contra los sin techo

La capital de la provincia de Buenos Aires es conocida como la “capital provincial” de los asentamientos por el crecimiento récord de los barrios precarios y carentes de servicios donde viven como pueden decenas de miles de  personas. Todas las intendencias platenses, y con éstas las de los peronistas (de Julio Alak a Pablo Bruera), y la del actual jefe comunal del PRO, hicieron de la defensa de los especuladores y el capital inmobiliario una cuestión de Estado. La agitación contra el fallo judicial tiene como propósito crear el clima para “justificar” el desalojo en Los Hornos e intimidar contra cualquier otra ocupación de tierras para vivir.

Con el Partido Obrero y el Polo Obrero defendemos el derecho de las familias ocupantes a la vivienda propia y a que se les entregue la posesión de las tierras. Inmediata puesta en marcha de los servicios de agua, luz y de un plan de construcción, obras y urbanización del predio bajo el control de los vecinos organizados. ¡Unidad de los trabajadores y repudio a la escalada derechista!