El fiscal Víctor Huergo pidió seis años de prisión para Mariano Bruera, exfuncionario de la municipalidad platense bajo el mandato de su hermano el inundador Pablo Bruera. La llamada “causa del Procrear” compromete a otros laderos bajo la figura de una “asociación ilícita” que operaba puertas adentro de la intendencia y se encargada de cobrar coimas en miles de dólares para convalidar la rezonificación de terrenos y permisos de construcción que luego se derivarían al Plan Procrear.

Además de Bruera, el pedido de prisión alcanza a Enrique Sette, quien fuera secretario de Gestión Pública y al exdirector de Planeamiento Gustavo Petro. Durante el juicio se presentaron decenas de escuchas telefónicas, entre éstas una que alude al pedido de Mariano Bruera de “pasar la gorra”: una alusión más que clara a la red de coimas y sobornos que estalló cuando la tarifa de un “retorno” de 200 mil dólares terminó con una denuncia penal. Bruera y sus asociados habrían montado un sistema de recaudación que fue operando ilegalmente desde la propia asunción de Pablo Bruera como intendente de La Plata.

Por estas denuncias, Bruera ya había estado en prisión dos años y fue liberado mediante una excarcelación extraordinaria bajo caución. También está imputado un empresario de la construcción que habría pagado 10 mil dólares para que se le otorgue la “vía libre” a través de un decreto que firmara entonces el intendente Pablo Bruera. Un dato que grafica la red de corrupción de los “gestores” es el reconocimiento de las escuchas por parte del propio defensor de Mariano Bruera, quien abrió el paraguas y pidió que, en caso de que su defendido fuese condenado, se le aplique la pena mínima de tres años dada su condición de “médico y padre de familia”. Insólitamente la defensa alude a “pasar la gorra” como un pedido de colaboración con fines benéficos.

Punta del iceberg

Amparados en el Código de Planeamiento Urbano, Mariano Bruera y los otros funcionarios municipales tarifaban las rezonificaciones y las habilitaciones especiales así como el voto de los concejales para su aprobación en el Concejo Deliberante. Este código del bruerismo -cuya continuidad es el Código de Ordenamiento Urbano (COU) del macrista Julio Garro- dejó indemne a los platenses cuando fue la gran inundación del 2013 que costó al menos 89 muertes, toda vez que la acumulación del “cemento”, sin planificación ni desagües aptos, impidió la permeabilidad de las aguas.

La causa contra Mariano Bruera y compañía es la punta visible de un entramado mafioso con anclaje en la legislación municipal. Lo abreviado del juicio amenaza con dejar por fuera a otros partícipes de este negocio y zona liberada a los especuladores inmobiliarios. Urge investigar la responsabilidad de los concejales actuantes durante el bruerismo (oficialistas y opositores) y del propio intendente en ejercicio, Pablo Bruera, entre el 2007 y el 2015. Los lazos entre el poder político y la “Justicia” permitieron la liberación de Mariano Bruera por un fallo de Casación que ordenó su libertad. El magistrado que presidía la sala, Martín Ordoqui, fue destituido y luego detenido en el 2022 por tráfico de influencias y asociación ilícita.

La inundación de La Plata en el 2013 sepultó las ambiciones reeleccionistas de Pablo Bruera como intendente, entonces enrolado con el Frente Renovador de Sergio Massa. Sin embargo el bruerismo ha seguido activo en el PJ platense a través de Guillermo Escudero. Este exdiputado provincial y actual concejal del Frente de Todos se candidatea para intendente -como lo hizo para las Paso del 2019- mientras negocia el lugar del bruerismo en las listas del peronismo de la ciudad. La corrupción sistémica ha sido la constante de todos los gobiernos comunales que gobernaron en beneficio del capital inmobiliario.

Los Bruera y el exmenemista Julio Alak son dos puntas del ovillo de la especulación inmobiliaria y a su turno beneficiaron desde el municipio a los buildings y constructoras del momento. En esta misma línea actúa Julio Garro, actual intendente del PRO, que hizo aprobar su propio Código de Ordenamiento Urbano ( COU) a la medida de los especuladores con la tierra y la vivienda. Con los políticos capitalistas, La Plata es una ciudad a merced de los grandes grupos inmobiliarios y constructoras que han hecho del COU y sus variantes la “ley de leyes” imperante.

Reclamamos la investigación completa de la “causa Procrear” y de todos los responsables directos y políticos de esta organización delictiva. Por un Plan de Viviendas y Urbanización de los asentamientos precarios financiado con un gravamen extraordinario al gran capital. Derogación del Código de “Ordenamiento” Urbano de Garro. El Partido Obrero inscribe en su plataforma y programa la apertura de los libros del municipio bajo control de los trabajadores. La corrupción debe ser combatida con una reorganización socialista integral del municipio, la provincia y el país.

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