Sin dudas, el costado más descarnado de la catástrofe social de la Argentina lo componen las cifras de pobreza infantil a las que asistimos. Una realidad aciaga, donde el 54,9% de lxs niños y adolescentes es pobre, el 16,8% está sumido en la indigencia, el 43,6% padece alguna privación no monetaria (en materia de vivienda, educación, etc), y, en el 15,3% de los casos, esta carencia adquiere rasgos severos.

Los datos se desprenden de un informe publicado por la Unicef, basado en la EPH del Indec sobre el primer semestre 2021. Se trata de un análisis sobre la pobreza infantil, partiendo de un enfoque multidimensional. En ese sentido, a la hora de medir la pobreza, no solo se tiene en cuenta el nivel de ingresos, sino también las carencias no monetarias, es decir, las que se producen en el terreno de la educación, la protección social, la vivienda, el saneamiento básico, el acceso al agua potable y el hábitat.

Así las cosas, la pobreza monetaria, medida a partir de la Canasta Básica Total (hoy en $70.532 para una familia tipo), abarca a 7,2 millones de niñxs y adolescentes (el 54,9%). A su vez, 2,2 millones de niñxs y adolescentes (el 16,8%) están por debajo de la línea de indigencia, es decir, viven en hogares cuyos ingresos no llegan a cubrir la Canasta Básica Alimentaria (hoy en $30.014).

Por otro lado, 5,7 millones de niñxs y adolescentes (43,6%) se ven afectados por una o varias privaciones no monetarias; mientras 2 millones (15,3%) padecen privaciones severas. A su vez, 3,8 millones (el 28,4%) combinan una carencia monetaria con una o más no monetarias.

Estamos hablando de privaciones no monetarias moderadas cuando le menor asiste a la escuela con retraso, recibe un programa de protección social, habita una vivienda con hacinamiento, piso y techo deficientes o tenencia insegura, el baño de su vivienda es inadecuado, tiene agua fuera de la vivienda o fuente insegura y/o vive en una zona inundable. Ahora bien, se consideran privaciones no monetarias severas no asistir a la escuela, no contar con ayuda social, habitar una vivienda con hacinamiento crítico, piso y techo deficientes y tenencia insegura, la falta de baño, tener agua fuera de la vivienda y de fuente insegura y vivir cerca de un basural y en zona inundable.

Este análisis multidimensional de la pobreza infantil -y las cifras que arroja- permite ver con claridad la magnitud del fracaso de quienes gobernaron y gobiernan, que no han hecho más que hundir a los sectores populares y minar el porvenir de la juventud. El informe no solo pone al desnudo la responsabilidad de los partidos políticos que se han alternado en el poder en socavar los ingresos del pueblo trabajador, sino además evidencia la incapacidad de los sucesivos gobiernos de resolver el conjunto de los problemas acuciantes de la población, como la crisis habitacional, la falta de servicios básicos en los barrios pobres del país, la imposibilidad de acceder a una vivienda digna para millones de familias y el derrumbe educativo.

Sucede que tanto el oficialismo como la oposición derechista responden a los intereses de una clase capitalista que ha vaciado el país y ha auspiciado en numerosas ocasiones descargar su propia crisis sobre las espaldas de los trabajadores, dando como resultado el escenario actual de miseria salarial, precarización laboral, carestía y ajuste. Décadas sumiendo al pueblo en la pobreza, negándole a las infancias sus derechos más elementales, para complacer a una clase social parasitaria, protagonista del saqueo nacional y la fuga de capitales, incluyendo el pago de la deuda.

El acuerdo en puertas con el FMI, tan ansiado por las patronales y su personal político, implicará la anegación absoluta de las mayorías populares. Abrirá una perspectiva de reforma laboral, de tarifazos, de devaluación, de más ajuste en educación, en salud, en vivienda y en obra pública, de más endeudamiento y atraso nacional, acentuando así el nivel de carencias a las que se ve expuesta la niñez. En definitiva, las mismas políticas que en el pasado han sumergido al país. Todo para rescatar una deuda impagable y usuraria, a costa de un retroceso generalizado en las condiciones de vida de las masas.

Se hace más necesario que nunca una intervención obrera y popular bajo un programa independiente, en defensa del salario, del trabajo genuino, de las jubilaciones y los convenios colectivos de trabajo. Un programa que comprenda medidas de fondo, como la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda ilegítima y la nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior, para volcar los recursos del país en un plan de desarrollo al servicio de las necesidades populares.

Las privaciones que atraviesan las infancias constituyen un motivo más para colmar la Plaza de Mayo el próximo sábado, la primera de muchas movilizaciones para quebrar el pacto con el FMI y posibilitar un futuro de libertad para las nuevas generaciones.