Las declaraciones del juez de La Plata Luis Arias en un programa de televisión por cable fueron contundentes: la policía bonaerense utiliza menores para delinquir a cambio de “protección”, y las detenciones por averiguación de antecedentes se utilizan como método de reclutamiento. A modo de ejemplo, el juez citó el caso del homicidio de Daniel Capristo, asesinado a balazos por un chico de 12 años en Valentín Alsina, de quien se sospecha que recibía por parte de la policía de la zona cuarenta dosis de paco por cada automóvil que robaba.

Las declaraciones del juez fueron realizadas en ocasión del fallo a favor de un hábeas corpus presentado por la Subsecretaría de Derechos humanos de La Plata, en el que se sostenía la inconstitucionalidad de las detenciones por averiguación de antecedentes a menores.

Por su parte -en un gesto de confirmación de las denuncias sobre la complicidad política y judicial- el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, calificó los dichos de Arias de “imprudentes” y luego arremetió en una conferencia de prensa que convocó para decir que el juez debía “probar lo que dice porque es un dicho importante, no sólo por la gravedad sino porque quien lo dice es juez” (La Nación 22/10).

Pero Arias tenía sobradas pruebas de lo que decía y envió un listado de esas 23 investigaciones penales de 2008 y 2009, donde se describían torturas a chicos de la calle, además de los métodos por los que son reclutados para delinquir.

¿Acaso en las barriadas más pobres alguien podría dudar de que esto es así? ¿Que a Luciano Arruga lo asesinaron por negarse a trabajar para la policía? ¿que cientos de chicos son drogados, reclutados, usados y descartados a cuenta de la policía, los políticos y el Poder Judicial que frena las causas en las fiscalías?

La Bonaerense y el gobierno de Scioli que la sostiene se pudren de cabo a rabo. Son los que amparan los rentabilísimos prostíbulos de la trata, el mercado ilegal de medicamentos y los desarmaderos. Son los que matan impunemente, los que roban, los que diseminan la droga en la juventud y los que apalean a los trabajadores. Ellos son la inseguridad.

Por la apertura de los libros de las comisarías.

Por la disolución del aparato represivo.

Por la elección popular de los jueces.

Por comisiones de seguridad controladas por las organizaciones barriales.