11/12/2003 | 829

La política antiobrera del progresismo

El gobierno acaba de anunciar que los Jefes y Jefas de Hogar desocupados que no sean efectivizados por las empresas que los contraten podrán volver a recibir el subsidio de 150 pesos. La medida, por sí sola, desnuda la impostura de la campaña del clero y Kirchner contra la «cultura de la vagancia».


Como denunciamos, el peón de la construcción recibe trescientos ochenta pesos mensuales por jornadas que rondan las doce horas de trabajo en un rubro que registra la mayor proporción de accidentes de trabajo, incluso fatales. Encima, el desocupado que entraba a este «paraíso» perdía la posibilidad de seguir cobrando el plan Jefes y Jefas.


Se ha obtenido, entonces, una pequeña victoria, a la que aportó la movilización del Bloque Piquetero a la Cámara Argentina de la Construcción. Pero sigue en pie la ofensiva estratégica del gobierno Kirchner, tendiente a ofrecer mano de obra barata y flexibilizada para cimentar una «burguesía nacional».


Los acuerdos «sectoriales»


El ministro Tomada anunció una política de acuerdos «sectoriales» con distintas cámaras empresariales para la «reinserción laboral» de los Jefes y Jefas desocupados. Anunció «convenio» de esta naturaleza con la cámara de empresas metalúrgicas a pesar de que está en marcha la paritaria del sector. Es decir que el régimen de adopción de los Jefes y Jefas está al margen del convenio colectivo de trabajo y aun de las normas de contratación laboral «legales». El Estado subsidia a las patronales con los 150 pesos del plan Jefes y Jefas y los aportes de seguridad social por ese monto, y las empresas solamente pagan la diferencia con el escalón más bajo de un salario de convenio. Esto equivale a mano de obra un tercio más barata que la que fijan los convenios, además de tratarse de mano de obra móvil, que puede ser despedida en cualquier momento sin pago de indemnización. Es cierto que los empresarios que no efectivicen trabajadores del plan Jefes y Jefas verán restringido su acceso a nuevos cupos, lo que para el trabajador representa incluso un castigo. De todos modos, el control del Estado se limita, por ejemplo, para toda la provincia de Buenos Aires, a 17 inspectores.


Quebrar la lucha salarial


«Más y Mejor Empleo», el plan de reinserción laboral de los desocupados, ofrece un ejército de dos millones de desocupados a bajo costo para debilitar aún más al conjunto de la clase obrera. Por esto y por la necesidad de desmantelar el movimiento piquetero, «el gobierno rogó a los industriales que empleen a los beneficiarios del plan Jefes y Jefas» (La Nación, 4/12).


La nueva reforma laboral pretende ser impuesta a través de la negociación sigilosa de las paritarias y la creación de mano de obra supereexplotada de tiempo parcial, basada en los desocupados. La devaluación operó una caída de los costos laborales que dejó pequeñas todas las reformas laborales anteriores. Según una reciente encuesta, «con respecto a 200l, el salario de un operario en la Argentina se redujo, en términos de dólar, un 62%, mientras que en Brasil fue del 15,4. Mientras que dos años atrás contratar a un trabajador en el país vecino tenía un costo inferior en un 41% al de hacerlo en la Argentina, ahora es un 22,8% más bajo el ingreso promedio aquí» (Towers Perrin, La Nación, 4/12).


Un convenio testigo


El convenio de la alimentación es un hecho político en sí mismo, porque «se trata de uno de los primeros acuerdos colectivos de actividad concertado en el marco de la gestión Tomada» (Informe Social N° 56, Garzón Maceda); la cámara empresarial (Copal) constituye uno de los lobbys más fuertes de la clase capitalista.


Establece un convenio marco nacional, con nuevos mínimos salariales en cada categoría (3 pesos ahora y 3,30 a partir de marzo 2004 para el operario). Avanza en materia de flexibilidad laboral, al ratificar la jornada de trabajo anual, aceptar la partición de las vacaciones en caso de licencias no inferiores a los 21 días y extender el período de prueba a seis meses.


Las patronales de la alimentación han defendido el concepto de un convenio «único» porque «aunque haya negociación por empresa o establecimiento debe haber un grado de interlocución… no (debe haber) pluralismo sindical para negociar» (Funes de Rioja en Bae, 5/2/01).


Asambleas, congresos de bases


El convenio de la alimentación es una «avanzada» también en otro aspecto: fija una cláusula «solidaria» para el gremio, del afiliado o no, y es más caro para el no sindicalizado.


No es una innovación: «Ya aporta al gremio respectivo toda la plantilla del personal de empresas dedicadas a las actividades de plásticos, agrarios, curtiembres, alimentación y frigoríficos» (El Cronista, 4/12).


La burocracia se ha creado, así, el mejor de los mundos: «cobra» con el auxilio de las patronales sin siquiera necesitar de bajar a fábrica.


Denunciamos «la reforma laboral de la que no se habla», y reclamamos un salario mínimo de 900 pesos, jornada laboral de ocho horas, convenios únicos por industria, bolsa de trabajo a cargo de los sindicatos y las organizaciones de desocupados.


Fuera la burocracia de los sindicatos, control obrero de las obras sociales, asambleas generales para elegir paritarios de base y votar los pliegos de reclamos. Congresos de bases en cada rincón del país y en la nación, para unir ocupados y desocupados y plantear una salida de conjunto.

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