La política del gobierno bussista está dictada por los intereses de clase que representa. Es precisamente esto lo que no tienen en cuenta (o quizá lo tienen demasiado en cuenta) los políticos democratizantes del centroizquierda o la dirigencia sindical, cuando le reclaman a Bussi que deje de ser el mejor alumno de Menem, que cambie de rumbo o que se ponga al frente de los reclamos del pueblo de la provincia.

El gobierno de Bussi es el vehículo, como antes lo fue el de Palito, de los intereses del gran capital. Todo su plan de ‘reforma estatal’,  de despidos masivos, rebaja de los salarios, flexibilización laboral está dictado por el Banco Mundial. Apunta a la privatización de la salud y de la educación públicas. Ya se ha impuesto el arancelamiento ‘voluntario’ en todos los hospitales, se ha llevado al colapso a la Mutualidad Provincial y al Subsidio de Salud (las dos obras sociales más importantes del personal estatal), y se ha iniciado una política de cierre de escuelas, compactación de grados, modificación del régimen de licencias, liquidación de la conquistas contempladas en el Estatuto del docente. De manera especial, el gobierno se ha empecinado en transferir la Caja provincial. (Ya el intendente bussista de San Miguel logró la transferencia de la Caja Municipal). La Suprema Corte de la Provincia declaró constitucional la transferencia, con la salvedad de que se deben resguardar las jubilaciones de los jueces, altos funcionarios y legisladores, y ya se ha sugerido crear una caja especial para este fin.

El gobierno está empeñado en la privatización del Banco Provincia y el mismo viernes de la marcha, la Legislatura aprobó el llamado a una nueva licitación con el voto del bussismo y de las bancadas del PJ y la UCR, y con la venia de la dirigencia de la Asociación Bancaria. La licitación establece que la venta se hará con un tercio del personal y se entregarán 32 millones de pesos de la coparticipación federal para absorber la cartera morosa; esto es lo que entienden el PJ, la UCR y el Frepaso cuando reclaman que Bussi ‘se ponga al frente’. La privatización procura que el pulpo que se haga cargo del banco revitalice la economía con un crédito internacional, pero esto exige la ejecución de la ‘reforma del Estado’, no su dilación.

El gobierno sigue una línea de liquidación de activos estatales a ultranza. Acaba de disolver su sociedad con los cañeros en el ingenio Ñuñorco, transfiriendo su participación a los dueños del ingenio Santa Bárbara y a la Pepsi; impide por todos los medios la anulación de la privatización del agua, a pesar de su manifiesta ilegalidad y de que ya ha producido aumentos de tarifas de más de un 100%.

El gobierno bussista ha sido autorizado, con el voto de todas las bancadas, a tomar créditos en la banca privada contra garantías de la coparticipación. Esta política de endeudamiento a corto plazo y a altísismos intereses pretende el rescate de los cheques diferidos, los bonos Independencia y el subsidio de diversos negociados, como es el nuevo contrato de provisión de los comedores escolares, cuyo resultado es una dieta de alimentos deshidratados y enormes sobreprecios. La acción del gobierno bussista está dictada, en todos los terrenos, por las necesidades de los pulpos capitalistas. Como bien caracteriza la Gaceta del 19 de mayo, “sin riesgo de equivocación puede afirmarse que hasta ahora, Antonio Bussi gobernó sin oposición política orgánica”.

Así como no se pueden pedir peras al olmo, tampoco se puede pedir que Bussi encabece los reclamos de los trabajadores. Es necesario un comando único de las centrales sindicales y un plan de lucha. No hay otra salida.