Ni siquiera el oficialismo niega ya que estemos ante una crisis de envergadura en la política de viviendas de Urtubey. En la última sesión de Diputados, el presidente de la cámara Santiago Godoy, esbozó duras críticas a los funcionarios provinciales involucrados en estafas a los vecinos preadjudicatarios de terrenos. Claro que su lógica fue la de apuntar a responsabilidades individuales (“ineptitudes”) para salvar a toda una estructura cuasi-mafiosa, defensora de la especulación inmobiliaria y los negociados con la tierra. Sin embargo, el hecho es sintomático porque muestra el pantano en el que ha caído Urtubey frente a una presión social creciente.

La provincia de Salta tiene un déficit habitacional que afecta a por lo menos 45 mil familias, mientras que la oferta gubernamental no satisface siquiera el crecimiento vegetativo de la demanda. La necesidad de impulsar junto a los vecinos sin techo un viraje total en el tema está a la orden del día.

Un escándalo, una expropiación, nuevos escándalos

La escasez de tierras es artificial en Salta: en realidad existen predios gigantescos cuya sumatoria equivale a más de 500 hectáreas en plena ciudad. Todos herederos de la vieja oligarquía salteña, los propietarios no fueron tocados por ningún gobierno.

Pero en sus últimos años de gobierno, el urtubeísmo tuvo que abandonar esa línea para tomar segmentariamente el programa del Partido Obrero. Luego de su derrota en 2013 a manos de nuestra organización, el gobernador anunció la pronta aprobación de un proyecto impulsado por nuestros diputados desde su llegada a la Legislatura doce años antes y rechazado sistemáticamente por el peronismo: la expropiación del predio Pereyra Rozas, de 110 hectáreas.

Anteriormente, Urtubey había intentado descomprimir la expectativa popular expropiando otro terreno al sur de la ciudad, mucho más barato, chico, sin servicios y para la entrega de lotes, no de viviendas. Dos expropiaciones no fueron suficientes sin embargo para evitar el estallido de la crisis a comienzo de 2014.

Los negocios del suelo arrancan por casa

Tierra y Hábitat surgió frente a la ocupación de terrenos y el encarecimiento sistemático de los planes gubernamentales, a los que sólo accede la clase media. Se encarga de descomprimir la demanda habitacional sorteando terrenos sin servicios para las familias más pobres y amenazando con expulsar del padrón a quienes ocupen o incluso reclamen. Totalmente antagónico a cualquier criterio redistributivo, el Estado funciona como una inmobiliaria que perjudica al que menos tiene, dándoles terrenos alejados y dejando libradas a su suerte la colocación de servicios y la construcción.

Pero TyH ha sido impotente para frenar la crisis y desde su interior se estructuró toda una mafia de punteros y funcionarios que ha quedado expuesta por el reclamo de los vecinos. Los funcionarios vendían “preadjudicaciones” y llegaban a acuerdos con organizaciones sociales cooptadas, comprometiendo futuros loteos a cambio de apoyo político. Así, en cada nueva entrega de lotes se desatan ocupaciones de terrenos y movilizaciones ante la evidencia de la arbitraria distribución de beneficios.

Sin embargo, la última crisis de Tierra y Hábitat ha sido la más grave: entre preadjudicaciones, adjudicaciones y reventas, los “beneficiarios” se dieron con que cada lote tenía tres familias ocupantes. La movilización posterior de los vecinos hizo caer a los dos responsables del área y obtuvo la expropiación de 16 nuevas hectáreas. En la última sesión de diputados el PO votó a favor de la medida, pero llamando la atención de que los últimos hechos dejaron de manifiesto que las expropiaciones de Urtubey, al ser improvisaciones que no se sustentan en plan alguno y que se canalizan a través de las camarillas estatales, no serán la solución al problema de la vivienda sino la fuente de nuevos negociados y crisis.

Nuestra salida

El problema de Tierra y Hábitat está en la justicia y Urtubey anuncia auditorías internas. Pero ya en 2013 estalló un problema similar en el instituto de la vivienda, que llevó a la intervención del organismo. Finalmente, la causa quedó en la nada y el interventor gubernamental, obviamente, se dedicó a barrer la basura bajo la alfombra.

En esta nueva crisis es necesaria una intervención independiente para investigar a fondo la corruptela y arbitrariedades del Estado en su política miserable de lotes sin servicios y negocios para unos pocos. Desde el PO, estamos presentando un proyecto de conformación de una comisión parlamentaria investigadora con participación de los vecinos damnificados, para poner sobre la mesa la situación de Tierra y Hábitat, sus mecanismos de adjudicación, selección, empadronamiento y sus métodos de planificación de nuevos loteos.

Además de nuestra iniciativa inmediata, seguiremos levantando con más energía que nunca la consigna de destinar por lo menos el 40% del suelo urbano vacío a un verdadero plan habitacional de acceso universal.