La burguesía reclama una rebaja impositiva y la campaña electoral es una oportunidad para que todos los políticos capitalistas promueven la profundización de medidas sobre exenciones impositivas para el sector. En paralelo, la mayor parte de la carga tributaria recae sobre los trabajadores, que son quienes financian al Estado mediante impuestos al consumo, en el marco de un sistema tributario enormemente regresivo.

Los hogares más pobre poseen una presión tributaria superior a la de los hogares más ricos porque la alícuota no distingue por niveles de ingresos y porque son los trabajadores quienes destinan su salario integralmente al pago de bienes y servicios, lo que tiene un mayor efecto sobre las mujeres, quienes son mayoría en los sectores con menores ingresos y riqueza. Esto da cuenta, una vez más, de lo regresivo que es el sistema tributario argentino, es decir que grava con una misma alícuota a contribuyentes de alta y baja capacidad contributiva, sin hacer distinción, e impactan más sobre quienes tienen menor capacidad económica.

Es el caso de los impuestos al consumo, como el IVA, el cual grava casi todos los artículos que podemos comprar, inclusive los más básicos como alimentos y elementos de higiene, y constituye la principal fuente de recaudación fiscal. El gravamen recae sobre el consumidor final, es decir el último eslabón de la cadena, logrando que uno de cada cinco pesos que gastamos en el almacén vaya a parar a las arcas del Estado. De esta manera, la tercera parte de todo lo que recauda la administración pública viene de nuestros bolsillos cuando compramos lo esencial para vivir. El gravamen a pagar crece en la misma medida que aumenta el precio del producto, por lo que la inflación termina por constituir un negocio para el Estado, y una vía para arrimarse a la meta de ajuste fiscal que impone el FMI. Ni hablar de los tarifazos, una herramienta utilizada por el oficialismo para recortar subsidios al tiempo que incrementa la carga tributaria sobre las boletas.

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En Argentina, según la información de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal del Ministerio de Economía, en 2021 el 48% de los ingresos tributarios nacionales provinieron de impuestos sobre bienes y servicios. Esto demuestra que prácticamente la mitad de la recaudación argentina se explica por impuestos al consumo, mientras tanto el impuesto sobre Bienes Personales representó en 2021 el 2% de la recaudación, mientras que los impuestos provinciales sobre la propiedad equivalieron al 3,6% de la presión neta total, según Revista Anfibia.

En paralelo, Argentina pierde cerca de 1.300 millones de dólares al año debido al abuso tributario corporativo y a la evasión fiscal de riqueza financiera colocada en guaridas fiscales, es decir que mientras los laburantes financian al Estado, los capitalistas evaden todo tipo de carga tributaria, son beneficiados con exenciones impositivas o directamente trasladan los impuestos patronales al precio del producto, abrochando a los consumidores. Además, sigue sin gravarse en este país la renta financiera, lo que quiere decir que nada pagan los que especulan por ejemplo con las tasas altísimas que paga el gobierno a través del Banco Central o con los bonos públicos del Tesoro indexados al dólar.

Ahora Massa, en plena campaña electoral, salió a anunciar medidas con el presunto objetivo de amortiguar el impacto de la devaluación aplicada por su propio gobierno sobre los ingresos de la población. Entre ellas se incluye la devolución limitada del IVA hasta diciembre para productos de la canasta básica para beneficiarios que cumplan con ciertos requisitos. Mientras tanto, deja en pie este impuesto regresivo. Busca neutralizar las quejas de Milei y Bullrich sobre la “presión impositiva”, que en realidad apuntan a reducir solo los impuestos que pagan los capitalistas a costa de un mayor ajuste contra los salarios, las jubilaciones y los presupuestos de salud o educación.

Ocurre que la cuestión es muy conflictiva incluso dentro de la propia burguesía. El gobierno volvió a cumplir con la exigencia del FMI de incluir en el proyecto de ley de Presupuesto 2024 una separata con el detalle del gasto tributario, que es el costo de las exenciones impositivas de que gozan los capitalistas. Esto enciende las alarmas, por ejemplo, en toda la industria tecnológica de Tierra del Fuego que goza de una zona aduanera especial. El punto es que mientras los empresarios y políticos patronales explican todos los males del país al déficit fiscal a la vez nadie quiere poner plata de su propio bolsillo, pero el Fondo quiere garantía de que el Estado va a poder seguir pagando la deuda. En todas las variantes los trabajadores terminan pagando los platos rotos de esta orientación, empezando por impuestazos a la población y subas de precios, y siguiendo por las amenazas de despidos en los sectores afectados.

Solo el Frente de Izquierda plantea la eliminación lisa y llana del IVA y los impuestos a los consumidores, de la misma manera que lucha junto al movimiento obrero combativo desde hace más de una década por la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, que es la que confisca a los asalariados. Es una cuestión elemental. Finalmente, el valor agregado solo es el resultado del trabajo, del esfuerzo y el tiempo que dedican los trabajadores en la producción de los productos por los que después pagan al Estado un recargo del 21%. Los tributos deben caer sobre quienes se benefician de la fabricación y venta, o sea sobre los capitalistas.

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