En la provincia de Buenos Aires se ha abierto la primera crisis política luego de la elección. En 48 horas Juan Pablo Cafiero fue reemplazado por Juan José Alvarez, ministro de Ruckauf en el período de “mano dura” (“hay que meter bala a los delincuentes”), que atribuyó las muertes de Kosteki y Santillán a las organizaciones piquetera (La Nación , 28/6/02. El cambio le fue impuesto a Solá por Duhalde y la Bonaerense.

Como Clarín (30/9) informa, a su vez, que el actual titular de la ANSES pasaría a ocupar un lugar en la provincia, presumiblemente desplazado por la gente de Kirchner, queda al desnudo una crisis entre Duhalde y el santacruceño (con el cual se alineó Solá al declarar que en Misiones, donde Kichner le ganó a Duhalde, “la gente votó por el cambio” (El Día, 30/9).

Felipe Solá debe oscilar permanentemente entre la rendición frente al aparato duhaldista, del cual es prácticamente un rehén, y la búsqueda del apoyo de Kirchner. La consecuencia es un zigzagueo político constante. El anuncio de que quiere reformar la Constitución y la ley electoral habría sido urdido de común acuerdo con la Casa Rosada; no descarta, incluso, convocar a un plebiscito.

Las elecciones “dejaron a Felipe Solá mas libre de pasar a ser, también él, `soldado de Kirchner´…” (La Nueva Provincia, 16/9). Entre Solá y Kirchner existen fuertes puntos de contacto a través de la Asociación de Bancos y la Bolsa de Comercio.

La Bonaerense

Horas antes de la elección, la Bonaerense Había declarado el final de la tregua con el gobierno de la provincia, al reiniciar una oleada de secuestros extorsivos que suponen “zonas liberadas”. ¿Qué pide la Bonaerense? El cese de la investigación a los 135 jefes policiales cuestionados por su situación patrimonial; el nombramiento de un jefe de la fuerza y la verticalidad; y un reparto territorial preciso con las otras fuerzas de seguridad (gendarmería).

Estas tres condiciones están garantizadas con la sola presencia de Juan José Alvarez a cargo de la seguridad de la provincia, no importa lo que diga.. De todos modos, ya ha dado su palabra de que la Bonaerense volverá a tener un “jefe”.

Felipe Solá fue el inspirador de la ley de seguridad, votada en julio por la Legislatura, que autoriza allanamientos, requisas y la violación de las comunicaciones por orden de los fiscales, sin intervención de los jueces. Como los fiscales no tienen apoyatura alguna para esta tarea transfieren automáticamente esta función a la Bonaerense (el que reclamó esto por primera vez fue el mismísimo Patti). El “progresista” Solá fue también quien hizo incluir en el código penal, el interrogatorio policial a los detenidos al margen del juez.

Conclusión

De conjunto, el pacto del gobierno y la Bonaerense es un indicador de la preparación de la burguesía frente al caldero social y político en que se ha convertido la provincia. Felipe Solá acaba de hacer un urgente llamado de auxilio financiero frente a la necesidad de cambiar los patacones que vencen este año, afrontar el rojo de 500 millones de la caja previsional y devolver los recortes salariales. Esto en un cuadro en el que 1.100 millones de un presupuesto de 11.000 y el 15 % de la coparticipación están volcados al pago de la deuda pública.

Los enormes paros docentes (aún bajo la forma impuesta por la burocracia de “jornadas” discontinuas de “reflexión”), la agitación en el seno de los estatales), la victoria obtenida por los camioneros contra la Coca Cola (que debió aceptar la reincorporación de 300 trabajadores que habían sido despedidos como parte de un plan de reemplazo por contratados a mitad de salario, luego de un paro masivo con piquetes), la victoria de los trabajadores telefónicos, la lucha por el salario entre los trabajadores metalúrgicos, siderúrgicos y del transporte expresa el antagonismo irreconciliable de los trabajadores con el régimen político de los Duhalde, Ruckauf y Solá.