Políticas
5/6/2026
La privatización de AySA, otra vez sopa
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Aysa.
La mayor empresa pública de servicio de agua y cloacas de la región va a ser reprivatizada: el 27 de agosto está prevista la apertura de sobres con las ofertas empresarias enmarcadas en el proceso licitatorio.
La empresa AySA, que presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios, pondrá el 90% de sus acciones en manos privadas, vendiéndose el 51% a un operador y el 39% restante saliendo a la Bolsa. El 10% perteneciente a los trabajadores no está incluido en la operación. El plazo de concesión es de 30 años prorrogables 10 años más.
¿Cómo llegamos nuevamente a esta situación? Un gobierno entreguista y una oposición burguesa cómplice
La empresa AySA S.A. figura como privatizable en el artículo 7 de la Ley Bases. Durante el año 2024 se eliminaron subsidios y se produjo un tarifazo. En 2025, el gobierno creó el DNU 493/25 que cambia el sistema de regulación del servicio: habilita el corte por falta de pago luego de una mora de 60 días y permite el aumento de la tarifa de manera que la concesionaria pueda mantener su rentabilidad. Es decir, el agua deja de ser un derecho humano –conseguido por las luchas populares y reconocido en diversos fallos judiciales- para transformarse en una mercancía.
También se produce una flexibilización en los valores de los estándares de calidad, tanto químicos como bacteriológicos, y de la presión de llegada al usuario.
Desde que se agrupó todo el marco regulatorio en el DNU 806/25 en noviembre, las personas y agrupaciones de la Campaña contra la Privatización de AySA venimos realizando acciones callejeras en las sedes de la empresa. Y la Unión de Usuarios y Consumidores, conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil, ha presentado amparos que tramitan en sedes judiciales.
Los que no se han expresado contra los DNU 493 y 806 fueron los diputados y senadores: estaba en sus manos anularlos, pero los dejaron correr.
Asimismo, cuando se creó AySA en 2006, se constituyó un organismo de regulación, el Eras (Ente Regulador de Agua y Saneamiento). Llama la atención que este organismo tripartito (Nación, Ciudad de Buenos Aires y provincia) no tenga representante provincial, siendo que 26 municipios bonaerenses están servidos por la empresa y sus habitantes van a ser perjudicados por la privatización.
La creación de AySA como sociedad anónima –al igual que todas las empresas estatizadas en el período kirchnerista- dejó abierta la posibilidad de reprivatización, dado que no convirtieron a las empresas en sociedades del Estado.
Gestión de AySA desde 2006 hasta la actualidad
La empresa AySA S.A. se creó en 2006 ante la dificultad de la concesionaria francesa para hacerse cargo de la expansión de la red y suministrar agua de calidad en toda el área de concesión. Un detonante fue la protesta de vecinos de la zona sur del conurbano, que tenían agua con nitratos y problemas de aumento de la capa freática con los consiguientes anegamientos.
La empresa Suez litigó ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y el tribunal, doce años después, condenó a la Argentina a pagar 405 millones de dólares por la cancelación en 2006 del contrato para provisión de agua potable y cloacas. Una curiosidad es que Argentina es uno de los países más demandados del mundo en el Ciadi: de las nueve demandas en este sector de agua y saneamiento, el país no ganó ni un solo juicio. No obstante, Argentina sigue siendo miembro.
Durante esos años se hicieron grandes obras con créditos del BID y del BM, se aumentó el área de cobertura y se construyeron plantas de tratamiento y depuradoras. Si bien gran parte de los efluentes cloacales van casi crudos al Río de la Plata, con apenas un tratamiento primario, se cuenta actualmente con dos emisarios subfluviales: uno sale de la planta de Berazategui (10 km) y el otro parte de la desembocadura del Riachuelo.
Toda esta expansión estuvo envuelta en graves causas judiciales por corrupción, coimas y direccionamiento de contratos. Tal es el caso de los sobreprecios millonarios en la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui. La causa, elevada a juicio oral, involucró a exfuncionarios del Ministerio de Planificación (como Julio De Vido y José López) y a directivos de empresas asociadas.
Los niveles de cobertura actuales de agua potable para 15 millones de habitantes rondan el 84%, mientras que la cobertura de cloacas supera levemente el 55% (con picos mayores en CABA respecto del conurbano).
Durante la gestión de Milei se paralizaron casi todas las obras. Esta situación ha generado litigios por suspensión de contratos que tendrán que ser abordados por el Estado nacional. Se estiman unas 400 obras de diferente magnitud paradas. También se cerraron las oficinas barriales y de los municipios, dificultándose la realización de consultas y reclamos.
El agua y la salud
Adorni anunció la privatización aduciendo que la empresa es una carga financiera para el Estado. Sin embargo, por cada dólar que se invierte en infraestructura de agua potable se ahorran 2,5 dólares en salud, y si se invierte en saneamiento (cloacas) se recuperan 8 dólares.
En la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada siete habitantes no accede al servicio: se trata de 400.000 personas que están esperando obras de infraestructura y consumen agua sin control de calidad. En el sur (Lugano, Soldati, Villa Riachuelo), uno de cada tres habitantes vive en villas sin acceso al servicio; esto trae como consecuencia que la mortandad infantil sea el doble que en los barrios del norte como Núñez o Colegiales. En la Villa 20, en Lugano, la esperanza de vida no supera los 60 años. Asimismo, la falta de agua potable aumenta muchas horas las tareas de las mujeres en los quehaceres domésticos.
También es preocupante que a los 390.000 usuarios deudores de AySA se les corte el servicio.
Características y valor de la privatización
Los activos totales de AySA están valuados en aproximadamente $9,2 billones de pesos (lo que equivale a unos 6.300 millones de dólares) según sus últimos balances contables. Sin embargo, el proceso de privatización y licitación se lleva a cabo sin un precio base estipulado, estimando el mercado que la operación de venta podría rondar los 500 millones de dólares. Este escaso valor se debería a la inconsistencia de Argentina con el riesgo país, los pasivos ambientales y el pasivo asociado a las obras paralizadas que están en litigio.
La exigencia del pliego para la concesionaria es que tenga una capacidad de abastecimiento de 500.000 habitantes, cuando tendrán que hacerse cargo de 3,8 millones de usuarios.
Tareas inmediatas de la campaña
Convocamos a concurrir el 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, a una manifestación en la puerta del Eras, acompañar la reunión de consumidores y posteriormente a concurrir a la sede central en Córdoba y Río Bamba.
No a los cortes del servicio, no al aumento de la tarifa, reapertura de las sedes de atención al público, no al cierre y desmantelamiento de las obras inconclusas, no a la baja de controles de calidad, no al contrato con Mekorot –la empresa israelí-, sí a la expansión del servicio en barrios populares, por una gestión pública del agua.
