Hace una semana, en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Laura Alonso, titular de la llamada Oficina Anticorrupción, anunció el decreto 794/17 que (con la firma del presidente Macri, el jefe de gabinete Peña y el ministro de Transporte Dietrich) crea la empresa Corredores Viales S. A. El 51% del capital de la nueva empresa será del ministerio de Transporte, cuyo titular, Guillermo Dietrich, es conocido lobista del negocio automotor y la ‘patria contratista’ y el 49% restante de la residual Vialidad Nacional. La nueva ‘empresa’ podrá sumar socios privados, lo que indica su hoja de ruta hacia la privatización. Pero lo inmediato y fundamental es que podrá hacer contrataciones directas, eludiendo todo proceso licitatorio y estará exenta de las regulaciones que rigen para los organismos estatales.

 

A Alonso no se le caía la cara al plantear que esto era un paso para acabar con la corrupción en la contratación de obra pública.

 

Bajo la dirección de Vialidad Nacional se repartían las obras viales de acuerdo a las preferencias gubernamentales y las coimas y sobreprecios que se imponían. Pero ahora, se ha puesto al zorro a cuidar el gallinero. Serán los dueños directos de la ‘patria contratista’ quienes programarán las obras viales. Para ello han aprobado en el Congreso hace unos meses –con la oposición del PO y el FIT- la nueva modalidad de la Propiedad Pública Privada, donde los ‘privados’ usarán a piaccere los fondos estatales para obra pública. Para la ‘incorruptible’ Alonso se trata de una medida de primer orden porque para el gobierno es “prioritario construir obras de infraestructura vial” (Página 12, 6/10). Se han presupuestado 26 mil millones de pesos con ese objetivo para el 2018.

 

Por la convención de la CAC pasaron los principales ministros y el presidente y la noticia fue recibida con beneplácito por las grandes constructoras que vienen desfalcando al Estado. Estuvo presente también Gerardo Martínez, secretario general del sindicato de la Construcción (Uocra), profusamente saludado por la mafia de constructores y funcionarios, incluyendo a la jefa de la anticorrupción.

 

Corrupción institucional

 

Vialidad Nacional es un organismo autárquico, formalmente a cargo del mantenimiento y ampliación de la red vial argentina. La lucha por el control político de este organismo ha implicado parte importante de la corrupción en materia de obras públicas. Ya la dictadura militar había desmantelado parte de Vialidad Nacional para traspasarla a las Provincias. Pero fue el gobierno de Alfonsín el que comenzó con las concesiones viales a grupos privados. El menemismo, directamente, con las llamadas leyes de Reforma del Estado pasó a concesiones privadas las rutas con mayor tránsito de vehículos y enseñoreo el peaje.

 

Estos contratos fueron repartidos entre un núcleo de grandes empresarios de la construcción. Los grupos Roggio,  Macri y Techint, figuran entre los que más intervenían en estos negociados. Era vox populi que en la casi totalidad de estos contratos había sobreprecios que eran tapados con el soborno de las coimas. Inversiones que no se cumplían, calidad que no correspondía a la contratada, aumento de tarifas indexadas directa o indirectamente al dólar, etc. Hubo denuncias y hay procesos que se desarrollan por décadas y nunca acaban, cubriendo a los capitalistas constructores y a los funcionarios a su servicio. La dirección de Vialidad Nacional no jugaba el papel de contralor que debía jugar. Esto con los gobiernos K se incrementó: llueven denuncias sobre los contratos con Odebrecht y otros consorcios hundidos en la corrupción.

 

Bajo Macri, la Dirección…. ¡decretó un aumento cercano al 500% en los peajes de rutas y autopistas nacionales! Y ahora este zarpazo privatizador. Ya bajo el gobierno de De la Rúa, se intentó transformar a Vialidad en una empresa, igual que ahora, por decreto. Pero fue rechazado oportunamente. Aunque formal y corrupto, Vialidad era una espada de Damocles sobre los sobreprecios de la “patria contratista”. Quieren sacarse de encima, aunque sea formal, todo tipo de control del Estado sobre sus negociados.

 

Este será uno de los adelantos de los que se jactará Macri con su presencia en el coloquio de Idea este viernes 13.

 

Ataque a los trabajadores

 

A su vez, los actuales trabajadores de Vialidad, pasarán a estar encuadrados dentro de la ley de Contrato de Trabajo, perdiendo la estabilidad del empleado público. Temen, con razón, por el futuro de su fuente y puestos de trabajo.

 

El mismo día que salió el decreto, la policía federal de la ministra Patricia Bullrich, rodeó el edificio central de Vialidad, con decenas de efectivos y camionetas instaladas en las veredas para amedrentar a más de  400 trabajadores que allí se desempeñan. Es que antes de que se seque la tinta del decreto, ya estaba en marcha la venta dicho edificio, como parte de la liquidación general de tierras fiscales para la especulación inmobiliaria que viene llevando adelante el macrismo (en alianza  con los K y otras bancadas). ¡Todo un símbolo del vaciamiento en marcha!

 

Derogar el decreto. Vialidad bajo control obrero

 

Tampoco se ha sometido el cambio ‘institucional’ de Vialidad al debate y voto del Congreso Nacional. No se puede cambiar su status por decreto. Citado para informar sobre este decreto el ministro de transporte, se negó a concurrir. Pero fue a la CAC y al ‘círculo rojo’ de IDEA. Por todo esto, la bancada del PO presento un proyecto de anulación del decreto 794/17.

 

No se trata de volver, lisa y llanamente, a la vieja Vialidad Nacional donde se criaron tantas corruptelas. Es necesario colocar a Vialidad bajo control obrero, creando una Comisión de Fiscalización de Fondos y Obras con plenos poderes para intervenir y revisar los libros de contabilidad de la Dirección y de las empresas con que se han realizado acuerdos de ejecución de obras. Su objetivo: fiscalizar la inexistencia de sobreprecios, el no pago de sobornos, la calidad de las obras y la asignación de fondos. Esta Comisión deberá elegirse por voto proporcional, sistema D’hont, entre todos los trabajadores de Vialidad Nacional.

 

Asimismo, podrá investigar los sobreprecios de las obras ya realizadas. Esto como transición hacia la expropiación de las constructoras corruptas y la creación de una empresa estatal de obras públicas para que lleve adelante un verdadero plan nacional de vialidad y desarrollo nacional. Todos los partidos burgueses han desfalcado al Estado, los únicos que pueden terminar con sobreprecios y corrupción son los trabajadores. Esto será parte de un nuevo régimen social, de un gobierno de trabajadores.