Políticas
27/12/2025
La privatización por 30 años del uso del agua de los ríos neuquinos
Con el visto bueno de “La Neuquinidad”, pero sin soberanía energética ni federalismo.
Seguir
Días pasados con la presencia de la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, y de los gobernadores de Río Negro y Neuquén, se firmaron los contratos de traspaso de las acciones de las sociedades anónimas que operan las centrales hidroeléctricas del Comahue, en manos de la Secretaría de Energía de la Nación, a empresas privadas que operarán la generación de electricidad en el complejo de centrales ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén.
Las concesionarias privadas utilizarán las represas y centrales y todas las obras anexas (playas de maniobras, estaciones transformadoras, líneas, etc.) que construyó el Estado a través de la estatal Hidronor S.A. y que fueron privatizadas por primera vez bajo el menemismo por 30 años, y que ahora vuelven a privatizarse por otros período igual (hasta el año 2055).
De esta manera, sin invertir un dólar se quedan con el poder de generar caja con un negocio que se basa en lo que invirtió el Estado. Usan en su provecho capitalista por tres décadas más obras que costaron 10 o 20 veces lo que hoy ofertaron las nuevas concesionarias para operar cada una de los cuatro complejos. Algunos de los cuales cambiarán de manos. El complejo Chocón-Arroyito que operaba Enel ahora pasará al poder de MSU Green Energy (BML). El complejo Alicurá será operado por Edison Inversiones, que estaba en manos de AES. En tanto el complejo Cerros Colorados (Planicie Banderita) pasó de Orazul también a Edison Inversiones. El complejo Piedra del Águila-Pichi Picún seguirá operada por Central Puerto. Esta reprivatización ni siquiera puede argumentar que los trabajadores de las empresas transferidas cobrarán un porcentaje de Propiedad Participada, que el menemismo colocó como cebo para justificar la anterior privatización.
Culmina así un operativo de casi dos años del gobierno nacional que tras varios decretos, constitución de sociedades anónimas y traspaso de las mismas a entes estatales, entrega el aprovechamiento del agua de los ríos Limay y Neuquén, al capital privado. Operativo que más allá de declaraciones para la tribuna sobre “soberanía del recurso agua” o “respeto al federalismo” de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, estos apoyaron en todo su trámite durante meses y meses.
El otro decreto
Simultáneamente con la reprivatización de las centrales, el gobierno nacional aprobó por el Decreto 900/2025 del 18 de diciembre la firma de un acuerdo con el Birf para un préstamo de U$S 300 millones, para financiar el Proyecto “Apoyo a la Transición hacia Sectores de Electricidad y Gas Sostenibles en Argentina” que permita “fortalecer la capacidad institucional para racionalizar los subsidios a la energía...”.
Lo cual incluye la realización de obras, contrataciones de consultorías, adquisición de hardware, software, realización de estudios, etc. Las condiciones del préstamos son leoninas y el Birf toma todos los recaudos de prestar el monto a un país que camina por la cornisa del default.
Como el órgano ejecutor del proyecto es la Secretaría de Energía de la Nación, cabe analizar las declaraciones realizadas por su titular al diario Río Negro respecto a los subsidios a la energía: “lo que buscamos es que los subsidios estén enfocados en la gente que los necesita… la gente 'que tiene ingresos suficientes y puede pagar la energía, la pague'… cuando se aborda la cuestión energética, también se deben mirar las cantidades y no solo los precios. Para pagar menos, hay que cuidar la energía que recibimos” (RN, 23/12).
Está claro que el proyecto va a dar como resultado que el subsidio, en la medida que se aplique, estará limitado a quienes tengan un subconsumo de energía. Un hogar con un par de electrodomésticos y salario bajo la línea de pobreza no tendrá tarifa subsidiada. Y esto se relaciona con otra de las declaraciones de la secretaria de Energía: “queremos que esa energía alimente a toda la red de alta tensión del país, no solo de las provincias”. La energía que dejen de consumir los hogares del país por los tarifazos en puerta tendrá como destino la exportación por las interconexiones de la red nacional de transporte en AT. Hace ya cuatro años que se realizan pruebas exitosas con miras a la interconexión de los sistemas eléctricos de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Como con los hidrocarburos, cuyo destino es cada vez más la exportación para generar los dólares que garanticen los pagos de la deuda con el FMI y los fondos buitre, ahora pasará lo mismo con los kilovatios que produzcan las centrales hidroeléctricas reprivatizadas.
Las “inversiones” de las concesionarias
El Estado nacional ingresará un poco más de U$S 700 millones en este proceso de reprivatización hidroeléctrica. En principio ese monto tomado en relación a los 30 años de concesión, implica una suma irrisoria anual: U$S 23 millones. Chirolas.
El presupuesto 2026 del gobierno neuquino estima la recaudación de regalías hidroeléctricas en $ 31.397 millones, calculadas “al nuevo precio que establecen las nuevas concesiones”, lo cual al cambio actual equivalen a 21,5 millones de dólares. Las concesionarias ofertaron por año prácticamente un monto similar al que deben pagar por regalías a la provincia del Neuquén. Esto da la magnitud de las “inversiones” realizadas. Luego prometen realizar otras en las próximas tres décadas, pero esas son promesas.
Es aquí donde nuestro planteo de nacionalización bajo control obrero de toda la industria energética, adquiere toda su dimensión como factor de un recurso al servicio de un régimen sobre nuevas bases sociales.
