Semanas atrás, en Prensa Obrera (N° 1.045) dijimos: “Con la movilidad jubilatoria la estafa es otra. El gobierno enviaría un proyecto de ley para ajustar a partir de 2009 las jubilaciones por un índice de salarios elaborado por el Indec. Con esto quedará consagrada la confiscación perpetuada desde 2002 a 2008, ya que un gran sector de jubilados tuvo aumentos muy inferiores a la inflación.

O sea, no sólo no se le pagará al jubilado la retroactividad, sino que la “movilidad” se implementará a partir de un haber un 40% inferior. La “movilidad” así aplicada, siempre y cuando sea similar a la inflación real, significa que esa pérdida del 40% queda consagrada de por vida”.

Este anticipo quedó confirmado plenamente con el proyecto de ley supuestamente de movilidad jubilatoria.

Veamos la estafa punto por punto:

1) La movilidad arrancará a partir de marzo de 2009, dentro de nueve meses. Hasta entonces no está previsto ningún aumento jubilatorio y el que se estableció para este año (dos cuotas del 7,5%) equivale a la mitad de la inflación. La movilidad debutaría con una poda jubilatoria del 15% sólo en un año.

2) Según Clarín (27/7) “el haber medio del sistema – 850 pesos-  apenas representa menos de la mitad del sueldo medio de la economía. Y más del 70% del padrón está cobrando el haber mínimo”. Esa jubilación media se mantendría de por vida ya que no se contempla ninguna recomposición previa a la nueva movilidad que compense la confiscación de las últimas décadas.

3) Un sector de “jubilados de haberes medios y altos, desde la devaluación, recibió incrementos diferenciados del 63,1 ó 79,4 por ciento. En ese lapso, según el Indec, los salarios subieron el 153,2% y el índice oficial de precios casi un 120%. Con las mediciones provinciales, la inflación real fue del 160 por ciento”, informó Clarín (idem).

Conclusión: “En relación con la evolución de los salarios, la pérdida de poder adquisitivo de esas jubilaciones ronda entre el 30 y 35%”. Esa pérdida de seis años no será reconocida y tampoco se actualizarán esos haberes para poder arrancar desde un nuevo piso, naturalmente más alto. Esta definición está en abierto choque incluso con el fallo Badaro, que reconoció la retroactividad y el reajuste del haber. Por eso se pronostica que el proyecto llevará “a que más jubilados inicien el reclamo judicial” (Clarín, 28/7).

4) “Tampoco el proyecto abordará la movilidad del sistema privado que seguirá ajustando sus haberes de acuerdo con la rentabilidad de los fondos invertidos”, dice Clarín (28/7). Lógicamente, por tratarse de un sistema privado, esa movilidad debería estar garantizada por las AFJP, más aún en un período de fuerte desvalorización y caída incluso nominal de las jubilaciones privadas. Pero eso no ocurre, no hay movilidad.

5) La estafa contra los docentes, investigadores científicos, jueces y diplomáticos es mayor. A esos sectores de trabajadores, activos o jubilados, les corresponden el 82 u 85% móvil del cargo por el que se jubilen o se hayan ya jubilado. “Sin embargo, esa movilidad no se está aplicando y esos sectores reciben los aumentos generales.

Arrighi (secretario de Seguridad Social) sostuvo que se está analizando si se dispone de fondos para que se pueda aplicar esa movilidad. “Por ahora siguen los aumentos generales”, dijo Arrighi (ídem).

Ante esta estafa, el PO plantea:

• Pago de la retroactividad por la diferencia entre los aumentos recibidos y la inflación real.
• Ajuste del haber actual por esa diferencia.
• Movilidad a partir del haber reajustado, de acuerdo con la evolución de los salarios según las negociaciones paritarias, y sobre la base del 82% móvil. De esta manera, se unifican los haberes de los jubilados a la lucha salarial de los trabajadores activos.