El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer una propuesta para combatir la desocupación en la ciudad.

La propuesta consistiría en la apertura de “Oficinas de Intermediación Laboral” (OIF), cuya finalidad sería servir de puente entre las empresas que buscan personal, los desocupados y la Unidad Ejecutora de Programas, responsable de la coordinación y adjudicación de los programas de empleo locales y nacionales. Las primeras Oficinas de Intermediación Laboral funcionarán en 4 centros de Gestión y Participación (CGP), cuya función básica será crear “una base de datos zonal de la gente que busca empleo y asesorar gratuitamente a las empresas que buscan personal” (La Nación, 30/5).

Esta “propuesta”, si se la puede llamar así, indica la completa incapacidad de los gobiernos de turno para dar una salida a los apremiantes problemas de las masas. Ibarra se apresuró a decir que “no existe una solución mágica para evitar el desempleo”, pero su propuesta de “intermediación” significa que no tiene la intención de crear nuevos empleos. En lugar de que el empresario o patrón saque un aviso, podrá recurrir a la CGP más cercana y buscar allí el personal que necesite.

Se pretende convertir a las dependencias del Gobierno de la Ciudad en una réplica de las “agencia de empleo” privadas, cuya función, como se sabe, es permitir a las patronales tomar personal bajo condiciones laborales y salariales inferiores a las que marca el convenio respectivo y despedirlo en cualquier momento (el personal tomado por agencia no tiene relación de dependencia en las empresas donde desempeña sus funciones). Eso mismo, pero en forma ampliada, es lo que harán las flamantes “oficinas de intermediación” y “ejecución de programas”, entregando directamente a las empresas los planes de empleo en vigencia (Trabajar o Nuevos Roles Laborales) o los que se creen. Eso permitirá a las patronales de la ciudad contratar personal precarizado, al margen de convenio, por sueldos de 160 pesos. Esto significa la legalización definitiva del trabajo en negro.

Ibarra como se puede apreciar, ha ido aún más lejos que el gobierno nacional en materia laboral, lo cual no es poca cosa.

El anuncio hecho por el gobierno porteño aparece inmediatamente después de la movilización del pasado 29 de mayo convocada por el Polo Obrero. ¿Se debe tomar este anuncio como la respuesta oficial a los reclamos formulados en esa oportunidad?

La propuesta de Ibarra no es una salida. Su puesta en práctica conduce a agravar la situación: no creará ningún empleo, sino que llevara a precarizar los existentes. Reiteramos nuestro planteo: la puesta en marcha de un plan central de obras públicas y mantenimiento de la Ciudad bajo control de los trabajadores, creando para ello 50.000 planes de empleo de 600 pesos por mes, sujetos a cargas sociales y previsionales de ley. Entrega inmediata de los planes nacionales y locales en vigencia (Trabajar, Nuevos Roles Laborales, etc.) a los compañeros sin trabajo en base a los padrones elaborados por las organizaciones de desocupados. Este plan de obras, a la par de dar solución al principal flagelo social *el de la desocupación* permitirá comenzar a reconstruir y ampliar las escuelas y hospitales que se caen, a resolver alarmantes y crecientes problemas de infraestructura (red cloacal, pluvial, etc.), de higiene y limpieza, que están poniendo en peligro la seguridad y salud de los habitantes de la ciudad, y de urbanización (refacción de los complejos habitacionales existentes y construcción de viviendas populares).

Tenemos aquí, como lo expresamos en el planteamiento que le hicimos al Gobierno de la Ciudad, una verdadera propuesta de “planeamiento urbano”, que armoniza a la principal fuerza productiva de la ciudad con sus necesidades de infraestructura.