La concentración del 21 convocada por Pueblo Unido se realizará en un momento especial. A un mes de que el gobierno anunciara que se habían superado los problemas de atraso en los pagos salariales, Bussi ha tenido que confesar que no podrá pagar a tiempo el mes de febrero, y que ello dependerá de una ampliación de la reciente refinanciación de los pasivos negociada con un grupo de bancos por 273 millones de pesos, o de la obtención de algún crédito adicional, hasta que se pueda negociar una refinanciación global de toda la deuda provincial por medio de la emisión de un llamado “título global” por 400 milones. Este atraso ha obligado al conjunto de la dirigencia sindical a anunciar medidas de fuerza, como ocurre con ATEP, que anunció un paro docente para el 24, o el caso de la Asamblea de Trabajadores, que convocaría a una concentración para el 24 de marzo. ATSA realizará un plenario esta semana y podría efectuar anuncios similares. Por su lado, la CGT “auténtica” convocó a un plenario para el martes para debatir la situación provincial. Es indudable que no existe la menor intención de parte de la burocracia de impulsar un plan de lucha, sino medidas aisladas, que actúen de válvula de escape de la tensión existente y evitar que la convocatoria de Pueblo Unido pueda transformarse en un canal para una protesta colectiva contra la política del gobierno. En este mismo sentido están actuando la UCR y el Frepaso, quienes han salido nuevamente a inundar los medios con rumores sobre la posible alianza con Pueblo Unido en el caso del Frepaso, con el propósito de robarle la iniciativa a la UCR, y a su vez diluir el impacto que tendría la movilización del 21 de Pueblo Unido en caso de ser masiva. Por eso han anunciado que el 24 de marzo vendría Fernández Meijide a encabezar una concentración de protesta por el aniversario del golpe, y en la que confluirían diversos movimientos impulsados por la burocracia y otros convocados por los organismos de derechos humanos. El Frepaso, aunque no cuenta con representación legislativa en la provincia, se está transformando en una pieza vital para asegurar la gobernabilidad del sistema. Por eso se han sumado al “diálogo abierto” impulsado por el gobierno de Bussi, junto a la UCR y el PJ, reclamando la necesidad de generar un “ambiente ético y moral”. En la primera reunión del diálogo político, cada partido efectuó algún reclamo de circunstancia, procurando camuflar la negociación para reformar la Constitución al solo efecto de asegurar la posible reelección de los miembros del Ejecutivo y de la Legislatura, y en lo inmediato para que el gobierno pueda contar con el aval político que asegure las medidas de ‘racionalización’ que se pactaron con el Banco Mundial. Hasta tal punto es así, que el ministro de Gobierno, Malmierca aseguró que “estamos pensando en la posibilidad de que los diputados participen de las reuniones de minigabinete, o que concurran a un encuentro preestablecido con uno o dos ministros o bien, que los secretarios de Estado puedan coincidir en Buenos Aires para exponer temas específicos” (La Gaceta, 10/3), para concluir que “diferencias ideológicas no serán obstáculos para coincidir en el tratamiento de los temas que beneficien a la provincia” (ídem). En el mismo terreno se piensa reactivar la Comisión de Defensa de Tucumán, para atender la crisis azucarera (ver nota aparte).

En este sentido, la concentración del 21 es una oportunidad para realizar una delimitación de todas las políticas colaboracionistas con el gobierno de Menem y Bussi, para afirmar las candidaturas independientes de Pueblo Unido, y para impulsar un llamado al activismo y a la dirigencia combativa de los sindicatos y de los pueblos a coordinar una campaña política por un plan de lucha, para reclamar que se abran las cuentas del Estado, para saber dónde fueron a parar los 275 millones de pesos de la refinanciación y así poder asegurar la satisfacción de las reivindicaciones apremiantes de las masas explotadas.