El proyecto de reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo que el gobierno le presentó al Congreso constituye un “cepo judicial a los accidentes y enfermedades laborales”. Ya en julio de este año, cuando sólo se conocía el esquema del proyecto presentado ahora, ésa fue la opinión del abogado Horacio Schik, tal vez el mayor especialista argentino en riesgos de trabajo (en http://estudioposca.com.ar/el-gobierno-nacional-estudia-ley-que-atropellaria-los-derechos-de-los-trabajadores/).

 

La nueva norma, en efecto, propone un agravamiento de las ya retrógradas condiciones de la ley menemista, que impuso el régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y, sobre todo, de la 26.773, impulsada por el gobierno kirchnerista y mucho más antiobrera que la de Menem. 

 

La 26.773 establece la “opción civil con renuncia” en caso de siniestros laborales, de modo que el trabajador debe optar entre someterse a las comisiones médicas jurisdiccionales -siempre bajo la presión poderosa de las ART- para cobrar más o menos rápidamente, o acudir a la larga vía judicial para recibir lo que le corresponde. Un chantaje en regla, porque la necesidad obliga al trabajador, en casi todos los casos, a dejarse estafar. La vigencia de esa ley kirchnerista, dice Schik, “ha frenado la vía civil para el reclamo de accidentes laborales”.

 

Por la ley K, cuando el trabajador acepta el dictamen de las comisiones médicas hay “cosa juzgada”, de modo que ya no puede reclamar judicialmente la diferencia entre lo que ha cobrado y lo que él considera que se le tendría que haber pagado. Así, las resoluciones de esos organismos quedan equiparadas a los acuerdos extrajudiciales del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) entre trabajadores despedidos y la patronal, con la anuencia del Ministerio de Trabajo. Al igual que  en el Seclo, no puede compararse la capacidad de negociación de las empresas con la de un trabajador despedido o, peor aún, accidentado y fuera, por eso mismo, del mercado laboral.

 

Ahora todo empeora, porque esa posibilidad de elegir resulta sencillamente suprimida y el trabajador quedará obligado a “agotar la vía administrativa” antes de litigar en tribunales. Este nuevo avance sobre conquistas de los trabajadores, al gusto de las empresas nacionales y de los pulpos extranjeros del “mini-Davos”, es producto de un gran acuerdo político reaccionario. La reforma “fue conversada previamente con las cámaras empresariales, la conducción de la CGT y las aseguradoras del sistema” (El Cronista, 21/10). Como en otros atropellos patronales, esto no sería posible sin la complicidad manifiesta de la burocracia sindical. Pero, además, tienen que haber sido “conversadas” con la Corte Suprema de Justicia, que en tiempos del kirchnerismo reconoció, añade Schik, “el derecho de las víctimas de no tener que atravesar la vía de las comisiones médicas y disponiendo el libre acceso ante el juez natural del trabajo” (fallos “Castillo”, “Venialgo” y otros). Así, la Corte deberá desdecirse de sus propios fallos y eso, se sabe, nunca es gratis…

 

No es cierto, además, que los juicios por accidentes y enfermedades hayan aumentado aunque los siniestros se redujeron. Es una completa falacia: hay demandas porque hay accidentes y enfermedades. Pero veamos los números. Dice Schik: “Sólo en el sector formal, la SRT (Superintendencia de Riesgos de Trabajo) registra alrededor de 660.000 siniestros anuales”. Ese número corresponde únicamente a los casos denunciados del sector formal, de modo que está lejos del total. 

 

Si se le añade un 35 por ciento por los no registrados, los accidentes y enfermedades llegan a más de 900.000 casos anuales, lo cual indica las condiciones infrahumanas de trabajo. Pero, además, se tiene una cantidad indefinida de casos ocultos. El citado especialista señala que aumenta “sensiblemente la demanda de médicos para resolver casos de siniestros laborales en el ámbito interno de los establecimientos, lo que constituye una de las formas típicas de ocultar siniestros y no denunciarlos a las ART”.

 

También está lejos de la verdad el riesgo de colapso del sistema por el costo de las demandas. Schik recuerda que en el último balance disponible, el de 2015, las catorce ART más grandes obtuvieron una ganancia de 3.047.429.816 pesos (sí, más de 3.000 millones de pesos) o unos 200 millones de dólares al cambio oficial del Banco Nación. Un beneficio obsceno que ahora pretende incrementarse a costa de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Urge una intensa campaña de difusión y rechazo a esta reforma antiobrera.