El diario Tiempo Argentino (29/05/2016), revela elementos para entender los hilos de una trama política siniestra. El obispo jubilado Jorge Casaretto, hombre de confianza de Francisco, encabeza una “comisión especial” destinada a lograr una “morigeración de penas” para los militares condenados por los crímenes de la dictadura. Casaretto, en su libro “Nuestro país, nuestra iglesia, nuestro tiempo”, desarrolla la idea de la “reconciliación a través de la verdad”. En una conferencia que dio el año pasado en la Universidad Católica sostuvo: “Cuanta más justicia aplicamos, menos verdad recuperamos y cuanta más verdad queremos recuperar más suave tiene que ser la justicia aplicada. Tanta justicia va en contraposición a la verdad”.

Según esta teoría, debería pedírsele a los torturadores “arrepentidos” que digan dónde están o cuándo fueron muertos los asesinados, así como el paradero de alguno de los bebés robados a su madre.

Lo que Casaretto pretende soslayar es que la propia iglesia posee datos suficientes sobre esto. La Conferencia Episcopal se vio obligada a reconocerlo, luego que el dictador Videla, antes de morir, destacase el apoyo de la curia hacia su gobierno, al punto que admitió: “se le brindaba información para que le dijesen a los familiares que sus hijos estaban muertos”.

Esta trama eclesial también está en el gobierno de Macri. Hace dos semanas trascendió una reunión del ministro de Justicia, Garavano, con la vocera de los militares presos, Cecilia Pando. Días después de ese encuentro, se conoció un fallo condenando a la revista Barcelona por “difamar a Pando”. Pero la reunión, es evidente, no alcanzó solo este aspecto reivindicativo; también trató la situación de los condenados por los crímenes dictatoriales.

Hace ya unos años que se viene impulsando esta política de “reconciliación”. Graciela Fernández Meijide y algunos ex foquistas, han participado en reuniones con ex torturadores reconociendo culpas recíprocas. Según este enfoque fue un “combate honorable”. Se pretende así embellecer que la absoluta mayoría de los secuestrados fueron asesinados a sangre fría en cuarteles o arrojados al mar, y las madres asesinadas luego de robarles sus bebés. No hubo combate alguno.

La figura del “arrepentido” que Macri promueve cobra nueva dimensión a la luz de estos hechos. No solo se la quiere utilizar para maniobras políticas coyunturales. Lo que se pretende es imponer en la sociedad la idea de que alguien puede ser perdonado a cambio de información.

El interés de Francisco y Macri revela que más allá de sus supuestos antagonismos, se coincide en una política de Estado. Ya Cristina designó a Milani – acusado de crímenes dictatoriales – como jefe del ejército y a Berni, un médico castrense, como su responsable de Seguridad. Fue entonces cuando se impulsó desde el gobierno la famosa foto de Hebe con Milani, como base de la “Nueva Argentina”.

Se está tratando de reeditar la foto de Milani en escala más amplia, por otros medios. Información sobre el paradero a cambio de perdón de penas.

Como en el pasado, este intento artificial está destinado al fracaso. Pretender que un “arrepentido” brinde información dudosa a cuenta gotas, para salir de la cárcel es un camino de impunidad que el pueblo argentino ha rechazado sistemáticamente. La primera impunidad que se quiere garantizar es la del Estado, que no necesita pedirle ningún dato (al igual que la Iglesia) a ningún asesino piadoso. En los archivos vaticanos y del estado argentino está toda la información.

La única consigna ante estos nuevos intentos es seguir reclamando la apertura de todos los archivos. Este es el camino para saber la verdad, contra los sepulcros blanqueados de Garavano, Pando y la “jerarquía”.