En un reciente Facebook Live, Juan Grabois, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y operador del Vaticano en la Argentina, volcó declaraciones que generaron revuelo en el escenario político, al afirmar que presentaría un proyecto de reforma agraria para que se apruebe en el futuro gobierno de Alberto Fernández.

La reforma planteada por Grabois implicaría como aspecto central la expropiación paga a valores de mercado y en cuotas durante 20 años de “50 mil parcelas”, sosteniendo que no pueden haber terratenientes poseedores de más 5 mil hectáreas y afirmando que sería el camino para que la tierra “sea para quien la trabaja”. Además la reforma poseería otros puntos, como la creación de polos agroecológicos de 40 o 50 hectáreas libres de agroquímicos y la titulación de las tierras de las comunidades originarias.

 Operativo distraccionista

Como suele ocurrir con las formaciones políticas nacionalistas, sus distintos integrantes desarrollan planteos aparentemente divergentes con el fin de contener en su interior o de obtener el apoyo de sectores del pueblo trabajador o incluso de la opinión pública progresista, generando confusión alrededor de su programa real.  De esto se tratan las declaraciones de Grabois que versan sobre este problema clave del país.

Vale tener presente que durante los doce años de gobierno kirchnerista, lejos de ocurrir algo parecido a lo que propone Grabois, el agronegocio se hiperconcentró: un pequeño grupo de monopolios (los Grobocopatel, Cargill, Bunge) controló la cadena agro exportadora, el capital financiero se expandió en el campo a través de los pooles de siembra, la precarización laboral extrema no tuvo límites y la expansión sojera -incluyendo para este fin represiones sangrientas hacia pueblos originarios- avanzó libremente.

Para despejar cualquier duda sobre la orientación del Frente de Todos, quien efectivamente asumiría el poder en el próximo gobierno, Alberto Fernández, viene de reunirse con el conjunto de la mesa de enlace agraria y garantizar que sus intereses estarán protegidos bajo su presidencia. Fernández, recordémoslo, había abandonado el gobierno de CFK luego de la ruptura de la ex-presidenta con la mesa de enlace y con Clarín, y en la reunión de días atrás se comprometió a no “volver al pasado” (en alusión al conflicto con el campo) y señaló que aunque no ve posible eliminar de inmediato las retenciones, las veía como un “impuesto distorsivo” y avanzaría en su extinción en 2020, impulsando una reforma impositiva para compensar (Infobae, 29/8). Si a esto le agregamos que los gobernadores que son puntales de la expulsión de los pueblos originarios, como el formoseño Insfrán, revistan en el Frente de Todos, podemos tener una visión general sobre el programa agrario del eventual próximo gobierno.

Fernández repite en este terreno una política afín a la agenda que impulsa el conjunto de la burguesía para el país, en sintonía con sus anuncios de que continuará (‘renegociación’ mediante) con el pago de la deuda externa, avanzará en reformas flexibilizadoras de convenios colectivos e impulsará la entrega en Vaca Muerta. De conjunto, una orientación para que la crisis la paguemos los trabajadores.

Una política para el problema agrario

La propuesta de Grabois no se corresponde con el programa real de gobierno de Alberto Fernández. Pero esos no son sus únicos límites. La idea de que el Estado le compre una cantidad de pequeñas parcelas a los terratenientes no cambiará el dominio del capital agrario concentrado sobre la producción. El negocio agrario se asienta hoy en el arriendo generalizado de múltiples parcelas por parte de grandes empresas (pooles de siembra) y no necesariamente en la concentración de propiedad. El pago de las mismas a precio de mercado a 20 años no sólo es un regalo para los expoliadores del país, sino que también implicaría un aumento en la deuda pública. Dejando en pie el núcleo del agronegocio en la actualidad, es decir la producción industrial de fertilizantes, semillas y maquinaria, el complejo oleaginoso, los puertos privados, este sector vinculado a la exportación se seguiría llevando la mayor parte de la renta agraria nacional y tendría todas las herramientas para subordinar a pequeñas parcelas inconexas y sin acceso a recursos económicos para impulsar su producción. Por lo demás, ya los estudios clásicos sobre el problema agrario dejaron establecida la superioridad en términos de productividad de producir en grandes extensiones por sobre la pequeña propiedad.

Desde el Partido Obrero proponemos, como expresa el programa del Frente de Izquierda Unidad, la “expropiación de la oligarquía terrateniente, de los grandes pooles de siembra, así como de los monopolios cerealeros, aceiteros, lecheros y frigoríficos. Expropiación de los cuatro mil principales propietarios, respetando los derechos de los campesinos pobres, pueblos originarios y pequeños chacareros. No a la expulsión de sus tierras de campesinos y originarios. Basta de trabajo en negro para los trabajadores rurales”. Un programa de estas características, junto con la nacionalización de la banca y del comercio exterior, podrá resolver el problema agrario y concentrar la renta agraria para el desarrollo nacional y para beneficio del conjunto de los trabajadores.