La nueva reforma laboral y la llamada Emergencia Económica son un grito de guerra contra los trabajadores. Veamos.

 El proyecto de Emergencia fiscal permite dar de baja a los empleados públicos permanentes o contratados durante 1999 y “autoriza al Gobierno a reubicar al personal público”.

 Ese mismo proyecto ordena al Estado que en las negociaciones con los sindicatos del sector público revise “las condiciones laborales en sus aspectos jurídicos, operativos y salariales de cada uno de los regímenes de empleo pertinentes”. También ordena que no se admitan “enganches salariales o aumentos automáticos de sueldos, que se actualicen las modalidades y las jornadas de trabajo y se compatibilicen los regímenes de licencia y ausentismo, con parámetros de productividad razonables” (Clarín, 13/1).

“Esto significa -agrega Clarín- que se podrían disponer rebajas salariales, alargar o cambiar la jornada de trabajo, reducir los días de licencias o congelar los escalafones”.

 En Mendoza, “con el voto coincidente de legisladores aliancistas y peronistas, la Legislatura aprobó un paquete de leyes de emergencia que… contempla la movilidad del personal público” (La Nación, 15/1).

 La reforma laboral dice que se permitirá que los convenios de ámbito menor prevalezcan sobre los de mayor nivel. Esto significa que un convenio de empresa o regional podría incorporar claúsulas distintas e inferiores a las del convenio nacional.

 Arbitraje obligatorio: si, aun así, un sindicato se resiste a firmar un convenio, habrá arbitraje obligatorio y el convenio quedará redactado por el funcionario que designe el Ministerio de Trabajo.

 Aumenta el período de prueba de un mes a seis o tres meses, con la posibilidad de ampliarlo otro tanto a través de los convenios. El aumento del período de prueba es para que las patronales ‘seleccionen’ a los trabajadores, con la posibilidad de echarlos en cualquier momento sin el pago de las indemnizaciones. Es un‘contrato basura’ porque las patronales pueden rotar cada tres o seis meses a los trabajadores, sin el pago de indemnización alguna.

Toda esta ‘basura’ pretende ser aprobada a libro cerrado y rápidamente para que no se estructure ningún movimiento de oposición y rechazo a este engendro. De la Rúa ya negoció con Ruckauf, De la Sota y Reutemann que el PJ ‘facilite’ su aprobación en el Congreso. La CTA no se pronunicó, lo que es toda una definición. La CGT dice estar en desacuerdo pero está negociando darle luz verde a cambio de que le tiren alguna prebenda.

El PO llama a los trabajadores, a los delegados, a los sindicatos, en todos lados a una marcha y el paro general contra esta reforma patronal fondomonetarista. Que la CGT y la CTA llamen a esa marcha y organicen un paro nacional hasta que la ‘reforma’ y la ‘emergencia’ sean retiradas del Parlamento.

 

EL PARTIDO OBRERO PLANTEA

• Anulación del período de prueba.
• Derogación de toda la legislación antiobrera menemista.
• Convenios únicos por industria.
• Que ningún convenio regional o por empresa pueda ser inferior al de la actividad o a las leyes laborales.
• Por convenios firmados por paritarios elegidos en asambleas, sobre la base de proyectos elaborados por los trabajadores.