La reforma apuntaría a un botín: el departamento general de irrigación (DGI), el cual tiene rango constitucional y cuenta con un intrincado sistema de elección de autoridades mediante el ejecutivo, el senado y diputados. Es el organismo que controla el agua en toda la provincia.
Pérez necesita tomar el control absoluto de la DGI, ya sea para gestionarlo él mismo o para privatizarlo, pues es la base para poder avanzar, por lo bajo, con los proyectos mineros cajoneados por el fuerte rechazo popular
La reforma busca amoldar el Estado provincial a los intereses mineros, contra los intereses de los viñateros y oligarcas venidos a menos, quienes están representados por la oposición patronal de radicales y gansos. La reforma le da carta libre al gobierno para decidir sobre la escasa agua de la desértica Mendoza.
Si tenemos que el gobernador fue miembro del buffet de abogados de una reconocida minera y que ni bien asumió anunció tarifazos (como el del agua, que ya se implementó con un 35% de aumento), la reforma -por más que se la presente como democrática- significa un ataque a los intereses del pueblo trabajador.
Las intenciones del gobierno provincial K tropiezan con el fuerte rechazo popular a la entrega del agua para la megaminería contaminante, como se expresó en las movilizaciones de masas contra el proyecto San Jorge. Además está el clima de descontento por los tarifazos impuestos. Ahora se le suma la rebelión docente por salario, que ha dejado a la directiva del SUTE (sindicato docente) pedaleando en el aire y con las escuelas en pie de guerra. Los estatales van por el mismo camino.
El Partido Obrero en el Frente de Izquierda plantea la oposición a una reforma constitucional que siga los deseos de los capitales mineros, plantea el rechazo a los tarifazos, exige el control estatal del agua y los recursos naturales bajo dirección de los trabajadores y el inmediato aumento salarial hasta alcanzar la canasta familiar tanto para docentes como para estatales.
