“Si los gobiernos que se sucedieron desde la creación de las cajas de jubilaciones no hubieran metido mano en los superávit previsionales, las Cajas tendrían en este momento más de 100.000 millones de dólares” (Fiel, en 1992).

En la campaña contra la estatización de las AFJP, los opositores a la medida hicieron circular profusamente un video en el que Perón se pronuncia contra “un sistema previsional estatal”. Hecho en 1973, el video oculta más que lo que revela.

Seis meses antes del 17 de octubre de 1945, Perón declaraba que el beneficio de la jubilación había sido extendido a un millón y medio de trabajadores, entre ellos los empleados de comercio. “Recién pudimos comprometerlo (a Angel Borlenghi, secretario general del sindicato de empleados de comercio) después de conseguirle la jubilación para los empleados de comercio, una vieja aspiración del gremio” (declaraciones del coronel Mercante reproducidas en Sindicalismo y peronismo, de Hugo del Campo, Editorial Clacso). La ley de jubilaciones de los empleados de comercio era parte del arsenal de reclamos del gremio; los empresarios la rechazaron. “Se dice que en el futuro la podrían derogar -declararía Borlenghi en el acto de salutación de la ley, pero se olvidan que está nuestra organización para defenderla… declararemos la huelga general en el caso que pretendan derogarla” (ídem anterior).

Fruto de este proceso el sistema comenzó a cubrir a la mayoría de los trabajadores: de 430.000 beneficiarios en 1944 pasó a 2.328.000 en 1949.

Sin embargo, los fondos acumulados en las cajas de jubilación fueron el gran recurso al que apeló Perón frente al agotamiento de las reservas, el hundimiento de las exportaciones y la crisis en la balanza de pagos, que se inicia aproximadamente en 1952. En ese momento “los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores alcanzaron niveles interesantes, al punto que el creciente déficit de las cuentas públicas se resolvería capitalizando estos fondos con bonos que emitía el Estado. Los bonos llamados Obligaciones de Previsión Social (OPS) comenzaron a inundar las cajas. Como en los ‘50 la deuda acumulada en OPS ascendía al 47% del PBI y más del 50% de la recaudación era aún colocada en OPS, el sistema de previsión tuvo que ser auxiliado, a fines de esa década, por el Tesoro Nacional” (Daniel Muchnik, Las AFJP en el ojo de la tormenta, Norma).

Frente a este creciente vaciamiento de las cajas, el peronismo transformó el sistema: de capitalización, primero, lo convirtió en uno de reparto. Eliminó la cuenta individual de cada trabajador e ingresó todos los fondos en una caja solidaria, que luego debía distribuir los beneficios en forma equitativa.

El rescate de los títulos públicos puestos en las cajas de previsión por el gobierno peronista (las OPS) puso en números, tiempo después, el vaciamiento. “Durante los ‘70 la desfinanciación previsional se hizo evidente con el rescate de OPS. El Estado pagó menos del 10% de la deuda a menos del 1% de su valor nominal, a la vez que distraía recursos no genuinos para cumplir con aquellos que perciben los beneficios” (Muchnik, ídem anterior).

Los excedentes generados por el conjunto de las cajas entre 1950 y 1954, del orden del 4% anual del PBI a precios de mercado fueron colocados a extensos plazos en títulos públicos cuyos intereses eran 4, 5 y 8% anual, contra una inflación superior. A su vez, los intereses eran pagados con nuevos títulos, al igual que las contribuciones; el conjunto de las cajas se descapitalizó aceleradamente. Las cajas fueron objeto de una confiscación inflacionaria, al igual que los salarios reales, que benefició a la clase capitalista, cuyas ganancias no dejaban de crecer por encima de la inflación.

Es decir: el peronismo de 1973 fue responsable de monetizar el vaciamiento de los fondos destinados a la jubilación, realizado desde 1952.