La Cámara de Diputados acaba de aprobar la reforma de la Ley de Quiebras con el apoyo prácticamente unánime de todas las bancadas: desde los K a los ‘destituyentes’ y desde Proyecto Sur hasta el PRO. El proyecto otorga, una vez decretada la quiebra, una prioridad para hacerse cargo de la empresa a los trabajadores, quienes organizados en una cooperativa podrían canjear sus derechos y créditos laborales (salarios adeudados, indemnizaciones) por el patrimonio de la empresa que, por encontrarse en quiebra, se halla completamente desvalorizado. La compra de la empresa implica hacerse cargo (negociar) el resto de la deuda dejada por los ex propietarios. La solución otorga prioridad a la confiscación de los trabajadores y, de paso, incentiva las operaciones de vaciamiento empresario. Los legisladores acaban de aprobar un delito de lesa clase.

La adjudicación de la empresa, por otro lado, no es tampoco directa ni cristalina. Aunque la reforma “establece la continuidad automática de las compañías quebradas, cuya gestión y propiedad pretenda ser asumida por una cooperativa de trabajadores”, también establece que “la cooperativa tiene 24 meses para llegar a un arreglo con los acreedores hipotecarios o prendarios, cuyos derechos no desaparecen”. A cambio de aplazar la perspectiva de un desalojo, los trabajadores quedan enredados en la quiebra, a merced del juez y del arbitrio de los acreedores.

Por otra parte, la prioridad para comprar la empresa está condicionada a que la oferta satisfaga la tasación de los activos de la empresa, o sea que pone a los trabajadores de una cooperativa en la misma condición que cualquier otro capitalista, el cual puede reunir recursos de los bancos.

En ese período de 24 meses, los trabajadores administran el activo, pero sin liberarse de las deudas.

A los fines de la compra de la fábrica, la reforma reconocería los créditos laborales al 100 por ciento, no a la mitad como ocurría hasta ahora. Por lo tanto, “se igualan los derechos entre acreedores hipotecarios o prendarios y los de los trabajadores”, cuando hasta ahora los créditos laborales tenían que ir a la cola. Pero aún así, al tener que asumir semejante deuda, los trabajadores resignan una retribución (deudas previsionales y salariales) amasada luego de años de sacrificios.

Además, deberán seguir aportando económicamente para poner nuevamente en marcha la producción -aún a expensas, si hiciera falta, de su propio salario. Incluso aquellos que le han dado la bienvenida a este proyecto advierten que “en muchos casos, los edificios y máquinas son demasiados caros para poder comprarlos con los créditos laborales” (Página/12, 5/9/10).

La reforma incluye un artículo para “garantizar el acceso a la información de los trabajadores en todo el proceso, aún en el concurso preventivo”. Pero no ofrece reaseguros en la etapa concursal como reclama el movimiento cooperativo. Es ahí donde se suelen dar los vaciamientos. Además, los concursos se extienden por mucho tiempo. Los trabajadores no cuentan con capacidad de veto, ni siquiera con la posibilidad de ejercer una verdadera supervisión. Se hubiera debido establecer el control de la producción, la administración y los fondos por parte de los trabajadores ante los primeros síntomas de vaciamiento. Por el contrario, la ley se pone en práctica cuando el vaciamiento ya está consumado o avanzado, como viene ocurriendo.

La nueva ley de quiebras está por detrás de las leyes de expropiación parcial que se aplicaron a las empresas recuperadas a partir de 2002. Se transferían los bienes de las empresas pero no las acciones y, por lo tanto, tampoco las deudas contraídas por sus antiguos dueños. La reforma ofrece un canal “judicial” a los conflictos por vaciamiento. Con este nuevo marco jurídico, se pondría fin a las expropiaciones parciales y a la intervención del poder legislativo. Da satisfacción a los reclamos de importantes sectores de la burguesía que han cuestionado las expropiaciones temporarias. Esto es lo que explica que los diputados macristas, De Narváez y los del Peronismo Federal, hayan brindado un caluroso respaldo a un proyecto de Vilma Ibarra -la “zurda” del kirchnerismo.

En Massuh, Mahle o Paraná Metal, los trabajadores no reunieron las condiciones que exige la nueva ley y éstas terminaron cerradas, al menos en forma temporal. Una comunicación enviada por el Estado nacional a las fábricas recuperadas plantea que, a partir de junio, se suprimirían los Repro para el sector (un subsidio de 600 pesos) que cobran numerosas cooperativas y que no cubren los costos salariales. Si bien el ministerio habla de revisar el criterio, la comunicación sigue firme y delata la dirección del gobierno. Por otra parte, esta resolución coincide con la declaración de inconstitucionalidad dictada por la Cámara sobre la expropiación de la fábrica Impa, que confirma el fallo de primera instancia. Este fallo sienta jurisprudencia y deja en una situación jurídica todavía más precaria a la totalidad de las recuperadas.

Las demandas de los trabajadores que enfrentan los vaciamientos -quienes son protagonistas de las luchas y ocupaciones de sus respectivas empresas- serán derivadas a la Justicia, donde quedarán sometidos y atrapados en un laberinto legal.

En oposición a este rescate del capital en quiebra a costa de los trabajadores, planteamos:

1) expropiación de toda empresa que cierre o despida, sin compensación económica alguna a la patronal vaciadora;

2) que el Estado se haga cargo de las empresas vaciadas y las ponga a funcionar bajo gestión de los trabajadores;

3) no a la suspensión de los Repro. Que se abra una discusión y se otorgue una garantía salarial, estableciendo como piso las escalas de convenio a través de un fondo compensador financiado por el Estado;

4) subsidios no reintegrables para sostener económicamente estos emprendimientos de la clase obrera;

5) nacionalización de los bancos e incorporación en su directorio de representantes de las fábricas bajo gestión obrera;

6) por un Congreso de Trabajadores para discutir un plan que reorganice la industria y la economía, en función del interés popular y un desarrollo independiente del país.