08/07/2020

La reforma jubilatoria de Schiaretti: doble robo a municipales del interior

Quienes cobran los peores salarios aportan el mayor porcentaje de los mismos, pero tendrán las peores jubilaciones.

La reforma jubilatoria que el gobierno de Juan Schiaretti aprobó con la velocidad de un rayo en la Legislatura cordobesa en medio de la cuarentena, además de significar un robo histórico a las jubilaciones provinciales, también pone en evidencia el uso de la Caja y los aportes de los trabajadores para subsidiar al Estado, incluso exprimiendo salarios que no llegan ni a la mitad de la canasta de pobreza, como lo son los de la mayoría de los trabajadores de los municipios del interior.

La sanción de la ley ha profundizado la distorsión entre los aportes y los derechos previsionales, poniendo incluso al trabajador que más aporta en proporción a su salario en inferioridad de condiciones al momento de jubilarse y calcular su haber. La mentada «solidaridad» con la que titularon la ley no es más que un eufemismo para evitar decir que lo que pretenden es que los salarios y jubilaciones financien su política de saqueo.

La sanción de la Ley 10.694, en una redacción que pretende saltar la traba judicial que podría aparecer por perforar el llamado “núcleo duro” establecido por el Tribunal Superior de Justicia (esto es, que la jubilación no puede ser menor al 82% del salario de la rama en actividad), establece el haber jubilatorio en un 82% del promedio de los últimos 120 sueldos, deducido el aporte personal que el trabajador realiza a la Caja. Este aporte personal es un territorio de especulación por parte del gobierno y de manoseo del salario de los trabajadores. Desde el año 2003, por la creación del Fondo Complementario mediante la ley 9.075, los trabajadores de Córdoba aportan un 7% extra (lo que lleva el aporte a 18%) destinado a garantizar el derecho al 82% móvil de los aportantes a la Caja provincial, a pesar de las sucesivas armonizaciones con el régimen nacional. En el marco de una Caja que se encuentra intervenida hace 25 años, usurpada a sus legítimos propietarios que son los trabajadores, y cuyas cuentas forman parte de las finanzas centrales del gobierno, este Fondo Complementario estuvo lejos de sostener los derechos previsionales y fue usado como parte de la política de saqueo y desfinanciamiento de la Caja y el régimen jubilatorio. La armonización previsional continuó, haciendo caso omiso de ese aporte extraordinario de los trabajadores. En 2016, mediante el decreto 1.492, Schiaretti redujo las alícuotas de las contribuciones patronales para ubicarlas en el orden establecido por la Ley nacional 24.241. Esta reducción fue realizada en el marco de su acuerdo con Macri por el déficit de la Caja. El paso siguiente era reducir los aportes personales de los trabajadores, cosa que hizo con empleados públicos y docentes, utilizando esos aportes como parte de sucesivas propuestas salariales. Incluso el último acuerdo con docentes establece llevar el aporte a 11%, concluyendo la armonización de ese ítem con la jubilación nacional ordinaria y por lo tanto liquidando el régimen especial docente. Este acuerdo adelantó la sanción de la 10.694, ubicando al salario docente con una deducción menor destinada a la Caja, lo que hizo argumentar pérfidamente al gobierno que la reforma no implicaba nuevos recortes para la jubilación de los docentes, ya que seguiría siendo del 82% del 89%, como estaba establecido en la 10.333 (el 82% luego de extraerle el 11%).

Pero los trabajadores que continúan aportando el 18% no solo han perdido sus derechos previsionales y el 82% móvil del bruto establecido en la jubilación provincial 8.024, sino que se encuentran objetivamente en inferioridad de condiciones, con un salario líquido más reducido para calcular el haber jubilatorio, que aquí sería 82% del 82%. Es el caso de los municipales que, en muchos casos de localidades del interior de la provincia, perciben salarios por debajo de la línea de pobreza y en tantos otros por debajo de la línea de indigencia (calculada en $17.876, en mayo). Con su aporte previsional extraordinario, el empobrecido trabajador municipal está subsidiando a los propios municipios, que deberían incrementar su contribución patronal en caso de que el aporte personal llegara a adecuarse.

Con la sanción de la reforma jubilatoria el gobierno ha promovido la división de los trabajadores, y la propia burocracia sindical ha sido cómplice, no solo dejándola pasar, sino incluso, como en el caso de docentes y empleados públicos, hasta la ha preparado. El propio plenario de la CGT que discutió el punto resolvió la elocuente directiva de que cada sindicato y cada gremio decidan las medidas que crean pertinentes. Es decir, que cada quien haga lo que le parezca. Es la receta perfecta para que proceda la reforma jubilatoria, mientras la burocracia evita el paro provincial.

La capitulación de la burocracia es parte de una política de entrega que ha naturalizado una Caja intervenida durante 25 años, expropiada a los trabajadores y que ha regalado el Fondo Complementario con más de 15 años de aportes. Cómo se retribuyen esos aportes extraordinarios que no se verán en la jubilación, no es algo que ni el gobierno ni la burocracia sindical hagan el amague de responder. Pero tampoco cómo se resuelve la distorsión de que quienes aporten más proporcionalmente, tengan una jubilación menor, porque se calcula sobre un salario líquido más chico. Los trabajadores de los municipios no pueden seguir subsidiando con sus aportes extraordinarios a los gobiernos y sus negociaciones espurias. Corresponde que en forma inmediata los municipales del interior solo paguen el 11% de aporte y no el 18%. La lucha por las jubilaciones debe unir a las y los trabajadores afectados por el 82% móvil, planteando la recuperación de la Caja por parte de sus verdaderos dueños. Es fundamental en ese sentido avanzar en un congreso de bases provincial para establecer un plan de lucha.

 

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