La idea de un “neomenemismo” de Alberto Fernández está alimentada por ciertas figuras de consulta como Martín Redrado y Carlos Melconian y por otras que ya incluye en su futuro gabinete económico como Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, que lo representaron ante el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y ante el FMI. Por sus reuniones con Marcos Galperín y Raúl Cabrales, notorios miembros del club de poderosos capitalistas que apoyaron a Macri, también por el apoyo que cosechó del dueño de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía. Pero valen sobre todo sus definiciones. La cuestión de la reforma laboral es una de ellas.

El candidato semielecto ha sido sinuoso, ciertamente, porque en la noche de la victoria en las Paso no se privó en su discurso de rechazar la reforma laboral, una cuestión tan sensible para la clase obrera. Pero como en los contratos, hay que saber leer la letra chica. En su caso, hay que mirar toda la película de profusas declaraciones, y las de otros “albertistas” de su equipo actuante, como Emmanuel Alvarez Agis, que fuera segundo de Axel Kicillof y de Matías Kuflas, otro economista de su entorno.

La clave de Alberto Fernández es el rol de la burocracia sindical, que sería en su esquema la intermediaria de la aplicación de una reforma laboral que “un asesor del candidato kirchnerista reconoció en un encuentro de empresarios de la UIA y gremialistas de la energía, que el tema no se puede obviar” (La Nación, 10/8). La vía no sería la de una ley de reforma laboral, sino otro sendero para llegar al mismo objetivo, que forma parte de la agenda continental del Mercosur y de sus acuerdos con la Unión Europea y otros.

Convenios flexibles

Se trata tal vez del camino más agudo: la vía de la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. Más trabajoso, seguramente, que una megaley que destruya las condiciones mínimas del contrato de trabajo, pero que en muchos casos ya ha ido más lejos, antes y durante el gobierno de Macri. El caso emblemático es el del convenio de Vaca Muerta, que el candidato acaba de reivindicar como experiencia insignia del pacto obrero-patronal. Lo reivindicó en sonados reportajes y lo reafirmó entre las “seguridades jurídicas” que prometió en una reunión de elite con una docena de las principales mineras del mundo, el capital más depredador, laboral y ambientalmente. Allí, acompañado de gobernadores mineros pejotistas, como Lucía Corpacci y Alicia Kirchner, trazó el rumbo de entrega de los recursos naturales sobre el “modelo San Juan” y volvió a reivindicar el convenio petrolero de la muerte, el que ha cobrado una decena de vidas en menos de dos años.

El convenio Vaca Muerta extendió la jornada laboral, eliminó la protección ante la adversidad climática (trabajo con viento), anuló resguardos de seguridad, dejó en manos de las empresas la reubicación de los trabajadores en tareas diferentes contra todo derecho adquirido, habilitó medidas patronales para evitar el “abuso de ausentismo por enfermedad”, eliminó las “horas taxis” de traslado obrero a los lejanos pozos y mediante nuevas adendas incursionó en la liquidación del derecho de huelga. Guillermo Pereyra, del sindicato petrolero, llegó al extremo de firmar que los petroleros no se adhieren a los paros nacionales, es decir no paran nunca en una especie de paz social incondicional (que fue rota en el último paro debido a la crisis por las muertes obreras).

Otro convenio flexible eliminando categorías fue firmado por Sergio Sasia más recientemente en los ferrocarriles, al igual que en la leche por parte del sindicalismo kirchnerista de Atilra. Pero hay en borrador otras perlas como la de Armando Cavalieri (Comercio) que “evalúa implementar un fondo de cese laboral… con un monto por cuenta del empleador, similar a la construcción” (ídem). Todos conocemos ya el sistema de banco de horas implementado en varios convenios por empresa del Smata, por medio del cual se eliminan de un plumazo las extras y, con ellas, la jornada de ocho horas.

Aunque tal vez el más sonado de la última etapa sea el convenio entre Mercado Libre y la Unión de Carga y Descarga para una planta de distribución que opera en las cercanías del Mercado Central: en ese convenio están todas, multifunción, banco de horas, polifuncionalidad, limitación del derecho de huelga con guardias mínimas. Este “logro” macrista es la ruta a aplicar por parte de las patronales en las “mesas sectoriales” que promueve el albertismo.

Por lo pronto, Carlos Tomada, uno de los posibles ministeriables de Trabajo, ha producido un “paper” que prevé “desde el control de precios y salarios hasta poner en marcha un nuevo esquema de contribuciones patronales y derogar la reforma previsional (que hoy actualiza las jubilaciones por un índice combinado de precios al consumidor -70%- y evolución de los salarios llamado Ripte -30%-). Se prevé también institucionalizar la 'economía popular' y que los trabajadores participen de las ganancias de las empresas, así como también ampliar la regulación de la tercerización” (ídem). 

Defensa de los convenios

Como se advierte está en carpeta “nacional y popular” todo el espectro de la flexibilización laboral. El solo hecho de dar la primera audiencia empresarial post Paso a Marcos Galperín, de Mercado Libre, marcó la cancha de la “moderación” ante la agenda del FMI que incluye las reformas laboral y previsional en lugar destacado del ajuste antiobrero, porque ese empresario es empleador de miles de monotributistas cuya relación esconde un fraude laboral.

La burguesía tratará de aprovechar la catástrofe económica de cierres y despidos para hacer pasar mejor esta política. Tenemos que oponer un programa obrero integral contra el pacto social del ajuste contra el salario y contra las condiciones laborales, a partir de la defensa de convenios colectivos votados en asamblea, de paritarios electos por los trabajadores, para establecer una línea de lucha. Salario equivalente a la canasta familiar, jornada de ocho horas, comisiones obreras de salubridad, escalafón de categorías y antigüedad, control obrero de dotaciones y ritmos de producción, defensa de la estabilidad laboral, prohibición de despidos, reparto de las horas disponibles sin afectar el salario, reposición de los aportes patronales que rebajaron desde Menem hasta ahora, 82% móvil, devolución de la Anses y el Pami a la administración de trabajadores y jubilados.