Recientemente se dieron a conocer las propuestas de reforma laboral que han elaborado el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, cuyos detalles se estarían ultimando. Según los presidenciables del PRO, la implementación de una medida así daría lugar a la creación de nuevos puestos de trabajo y a un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores.

La industria de la precarización del trabajo

Uno de los principales objetivos de la reforma laboral de Larreta es terminar con lo que las patronales llaman “la industria del juicio”. Esa industria (sic) estaría conformada, según los capitalistas, por los trabajadores que van a juicio contra las empresas que los someten a la explotación más brutal. Las patronales que violan despóticamente los convenios colectivos y los derechos laborales más elementales, y que tienen trabajadores en negro, buscan no pagar un solo peso para resarcir a los trabajadores afectados por su política.

En esta línea, los referentes del PRO plantean la creación de un nuevo sistema de multas judiciales por “trabajo mal registrado” o no registrado. Con este, se establecería el 50% del salario mínimo (de indigencia) como base para calcular las multas, y el monto recaudado iría a parar a un “sistema solidario de seguridad social”, a la vez que los abogados no cobrarían nada por las sanciones. De este modo, se abarataría considerablemente el costo que tienen las patronales para afrontar los juicios. Además, a los empresarios ya les suele resultar más barato perder los juicios que invertir en la seguridad de sus trabajadores.

Los capitalistas que se quejan de la denominada industria del juicio ocultan que cuentan con la ayuda del Estado para evitar hacer frente a la mayoría de las demandas judiciales de los trabajadores. Una cantidad ínfima de juicios tiene sentencia cada año; entre enero y diciembre de 2021 “se acumuló un total de 78.061 expedientes, de los cuales 10.078 obtuvieron sentencia (el 12,9%)” (IProfesional, 5/8/2022). Asimismo, como muchos juicios tienen una duración excesiva (aproximadamente de siete años), las empresas logran licuar el pago del litigio laboral perdido a través de la inflación acumulada durante dicho periodo.

Esta política no detendrá los juicios que realizan los obreros contra sus patrones, y tampoco le pondrá un coto a los despidos, lo que conspira contra la creación de empleo. Solo se terminaría con parte de la “seguridad jurídica” (derechos) de los trabajadores; en cambio, los seguridad jurídica capitalista (que protege la propiedad privada de los medios de producción y las inversiones) seguirá intacta.

Blanqueo laboral

Este sistema de multas iría acompañado de un blanqueo laboral. En este terreno, según un artículo escrito por Nicolás Balinotti para La Nación, ambos sectores de Juntos por el Cambio comparten miradas. El blanqueo consistiría en una amnistía para las empresas que regularicen la situación laboral de sus empleados. Se les daría un “perdón hacia atrás” por el empleo no registrado.

La medida establecería un periodo de un año para la regularización de los trabajadores. Durante los primeros seis meses, las patronales no pagarán multas ni contribuciones a la seguridad social. Los seis meses restantes, tendrían un descuento del 70% sobre esos mismos ítems. Con esto, se profundizaría la confiscación de la Anses, con sus consecuencias gravosas para los jubilados y los futuros jubilados.

De conjunto, se trata de un rescate de las patronales evasoras y de un gigantesco subsidio para la clase capitalista. La medida, asimismo, tendría un impacto fiscal negativo. Esto demuestra que a los políticos patronales solo les importa reducir el déficit fiscal a costa de las condiciones de vida de quienes viven de su trabajo.

Además, bullrichistas y larretistas no precisaron bajo qué condiciones trabajaría un obrero recién blanqueado. ¿Su patronal lo encuadrará en el convenio que corresponde? No se dice nada sobre eso.

Convenios colectivos e indemnizaciones

La cuestión de los convenios colectivos de trabajo y de las indemnizaciones es clave para la burguesía. Larreta y sus socios radicales pretenden ir hacia una modificación de los convenios colectivos de trabajo por sector (entre empresarios y sindicatos). Esto ocurrió en Toyota, empresa en la que se implementó un régimen laboral que resultó en una mayor explotación de sus obreros -lo que fue reivindicado por el presidente Alberto Fernández-; o en el sector petrolero, donde se aplicó una modificación del convenio que terminó por eliminar las llamadas horas taxis e ítems importantes para la seguridad de los trabajadores.

Asimismo, el alcalde porteño apunta a que las patronales y la burocracia sindical acuerden sistemas indemnizatorios propios para cada actividad. Esto ocurre en Uocra, uno de los convenios con los salarios más bajos. En el régimen Uocra, los empleadores depositan mensualmente el 12% del salario obrero en un fondo durante el primer año de la relación laboral, y el 8% a partir del segundo; y con ese dinero se paga la indemnización. Con esto se apunta a rescatar a los sectores más negreros (hotelería, gastronomía, comercio, etc).

El espacio de Larreta también ha divulgado que preparó un régimen especial para las pymes, para que puedan afrontar el pago de las indemnizaciones en cuotas y pagar menos cargas sociales. Es falso que con esta política se defienda a la pequeña empresa. Muchas pymes pertenecen a las grandes empresas; esto les posibilita, por ejemplo, avanzar en la tercerización de trabajadores y evadir impuestos. Así, se le permite a la gran industria concentrar una mayor parte del mercado.

https://prensaobrera.com/politicas/bullrich-con-la-union-industrial-las-contradicciones-de-un-programa-antiobrero

Patricia Bullrich propone medidas más extremas. Pretende, entre otras cosas, limitar la ultraactividad de los convenios colectivos (prórroga automática para renovarlos) a seis meses, para obligar a que se modifiquen de acuerdo a las necesidades del momento de los empresarios; “si las partes no se ponen de acuerdo, se apelaría a un arbitraje del Ministerio de Trabajo” (Infobae, 1/4).

Además, quiere suspender la personería gremial sin esperar el veredicto de la Justicia, limitar el derecho a huelga en sectores como salud, educación, transporte, y también el tope a los montos que se les descuentan a los trabajadores “en favor de los sindicatos” (caja sindical). Bullrich quiere atomizar a la clase obrera, someterla completamente al despotismo de los capitalistas, y despojarla de sus instrumentos para reclamar por aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo.

Con respecto a las indemnizaciones, Bullrich plantea la creación de un fideicomiso en el que los trabajadores puedan ir depositando dinero, el cual sirva ulteriormente para que ellos mismos se paguen su indemnización.

Bullrich y Larreta quieren habilitar la puesta en pie de un banco de horas, un recurso de las patronales para evitar el pago de horas extra y abaratar sus costos.

Estas medidas atentan contra la creación de empleo. La función de atacar o terminar con la indemnización por despido apunta a liquidar con una de las trabas que obstaculiza la aplicación de despidos masivos o de algún tipo. De implementarse este programa, las patronales tendrían vía libre para despedir a los trabajadores de mayor antigüedad, o sea, a aquellos que tienen derecho a una indemnización mayor, y eventualmente reemplazarlos por trabajadores nuevos con menos derechos.

Defendamos el trabajo

La reforma laboral que quieren implementar Bullrich y Larreta solo apunta a recomponer la tasa de ganancia capitalista.

El gobierno del Frente de Todos también es un lobista de las reformas laborales. Hace pocos meses, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, se pronunció a favor de avanzar en la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. Bajo el gobierno peronista-kirchnerista ha crecido la precarización laboral; los contratos basura, y la proliferación del monotributo y el trabajo en negro son la imposición de una reforma laboral en los hechos. Tanto la burguesía nacional como la burguesía imperialista quieren generalizar estas formas de trabajo.

Menem, el ídolo de Milei, aplicó bajo su mandato una reforma laboral que intensificó los ritmos de trabajo y flexibilizó los convenios colectivos. Es lo que quieren hacer Bullrich y Larreta, pero también los libertarios y los peronistas. Empero, terminó su gobierno con casi un 39% de pobreza y un 15% de desocupación.

Los trabajadores tenemos que organizarnos por aumentos salariales, por la defensa del derecho a la sindicalización y a la huelga (el derecho a la protesta es el más importante porque es el único que permite conquistar otros derechos), y contra todo intento de que se descargue la crisis del capital sobre nuestras espaldas. El blanqueo de los trabajadores debe correr enteramente por cuenta de los capitalistas y se deben prohibir indefinidamente los despidos y las suspensiones.

https://prensaobrera.com/politicas/donde-estan-los-2-500-millones-que-envio-kicillof-a-las-patronales-del-transporte

https://prensaobrera.com/politicas/devaluacion-mas-tarifazos-y-restringir-el-derecho-a-jubilarse-las-exigencias-del-fmi