Para principios de diciembre, Menem y Cavallo pretenden anunciar la "reforma previsional”, dando con ello satisfacción a un viejo reclamo del “lobby” de los banqueros.

La “reforma” —cuyo “modelo" es el sistema instaurado por Pinochet en 1981— deroga, por un lado, el 82% (y cualquier relación entre el haber jubilatorio y los salarios) y eleva la edad jubilatoria “entre 60 y 62 años para las mujeres, 65 años para los hombres” (Clarín, 27/11). Por otro lado, transfiere y sustituye a las Cajas por un “sistema mixto" (en el cual entrarán obligatoriamente todos los trabajadores menores de 50 años) que estará integrado, de una parte, por el Estado —que pagará una “jubilación mínima garantizada”, igual para todos los trabajadores, que rondaría los 125 dólares— y, por otra parte, las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), instituciones financieras privadas sin garantía estatal. Estas AFP recaudarán los actuales aportes obreros (hoy del 11%), cuyo monto estimado ronda los 125 millones de dólares mensuales. La jubilación consistirá en el reintegro de estos aportes más la renta de las inversiones que se hubieran realizado con ellos.

Los haberes de los actuales jubilados, mientras tanto, como los de los trabajadores que se jubilen en los próximos quince años, así como las futuras “jubilaciones mínimas garantizadas" serían financiadas con los aportes jubilatorios patronales, que son hoy del 15%.

Exterminio de los jubilados

El punto de partida de la “reforma" es la derogación del 82%, con lo cual, “se procura blanquear el actual nivel de haberes” (Clarín, 27/11) y dejar establecido para las próximas décadas un nivel mínimo de inanición, ya que no guardará ninguna relación con los salarios. Pero, además, “la falta de los aportes de los trabajadores que pasen al sistema por crearse provocaría una pérdida del 25% de los recursos del sistema previsional... (lo que obligaría a que) los haberes se redujeran en la misma proporción” (ídem).

La “reforma menemo-pinochetista" debutará, por lo tanto, con una reducción estructural de los haberes y, aun así, con un crecimiento enorme del déficit previsional. Es por este motivo que la “desregulación" cavalliana unificó las cajas jubilatorias con las de los subsidios familiares, con el indisimulado propósito de meter la mano en estas últimas para cubrir el previsto déficit previsional y justificar el cese, también previsto del actual aporte patronal.

Robo a los activos

La “retoma menemo-pinochetista” también mete la mano en el bolsillo de los trabajadores activos, que serán obligados a entregar una parte de sus salarios a instituciones financieras que no tienen ninguna garantía estatal y sobre las cuales no tienen ningún control.

Los trabajadores pasarán de un régimen legal que les reconocía el derecho a una jubilación del 82% de su sueldo, a otro que no les garantiza nada, pues el monto de esos reintegros dependerá del “éxito" financiero de las mismas y del “rendimiento” de las inversiones que éstas realicen.

¿Qué pasa si las AFP quiebran como consecuencia del fracaso de operaciones especulativas o fraudulentas, como ha sucedido en Chile en los primeros años de vigencia del sistema? En tal eventualidad, los trabajadores pierden todos los ahorros “forzosos" de su vida, salvo que el Estado corra al salvataje de las privadas, cargando el costo de la operación a los contribuyentes.

Y aun cuando no quiebren, la “privatización" tampoco asegura nada, porque los trabajadores no tienen ningún control sobre las operaciones, los beneficios o los libros contables de las AFP. En el “ejemplar” Chile, las jubilaciones privadas (95 dólares) son inferiores a las argentinas y apenas un 35% superior a las “asistenciales" que paga el Estado.

Aunque el trabajador aporte el 11% de su sueldo a los fondos de pensión, éstos sólo considerarán como “ahorro" el 8%; el resto —casi 40 millones de dólares al mes— será embolsado directamente por las privadas en concepto de “comisiones” y “seguros" (Clarín, 14/11). En Chile, las “comisiones” fueron aumentando conforme avanzó la monopolización del negocio hasta alcanzar el 47%, ¡la mitad de los fondos que los trabajadores son obligados a depositar! (La Voz del Interior, 12/11).

El gobierno aún no definió que hará con los aportes a las cajas jubilatorias ya realizados por los trabajadores en actividad que de aquí en más deberán aportar a los Fondos. Si decide “transferirlos” a las privadas (como se ha hecho en Chile), habrá creado de la noche a la mañana una nueva deuda pública, ya que el gobierno se ha gastado todos los aportes y sólo podría ofrecer “bonos”.

Los nuevos curros no anulan los viejos. Como ahora, las patronales seguirán encargadas del descuento y del depósito de los aportes de los trabajadores que seguirán aportando a las Cajas (mayores de 45 años). La tolerada evasión patronal —hoy del 60% de los aportes, 5.000 millones de dólares al año— lejos de desaparecer, crecerá como ha sucedido en Chile, según se hizo saber en un reciente congreso iberoamericano de seguridad social (Folha de Sao Paulo, 7/5). La “reforma" no pretende resolver la crisis previsional sino que es simplemente un negociado de cara al pasado (blanqueo de evasores) y al futuro (obligado aporte a fondos privados especulativos).

Ilegalidad

La “reforma menemo-pinochetista" es, sin embargo, enteramente ilegal!! Es que pretende, nada menos, que legislar hacia atrás derogando los derechos irrevocables de los actuales jubilados y los de los propios activos que han aportado, y aún aportan, a un régimen que les garantizaba y les garantiza el 82%.

La ilegalidad de todo el emprendimiento la reconocen los propios privatistas. En efecto, el actual titular de Seguridad Social, Walter Schultess, escribía en enero de este año que “la jurisprudencia no se ha expedido sobre los derechos adquiridos de los aportantes en caso de un intento de modificar el sistema al cual aportan. En general, ha fallado sobre los derechos de los beneficiarios, que gozan de un derecho adquirido de ejecución individual”. Por eso, recomendaba “una definición previa con respecto a quienes y en qué medida pueden ser transferidos de un sistema a otro”. (Realidad Económica, n° 120, enero/marzo 1991).

El gobierno menemista que se desvive por las “seguridades jurídicas” y los “derechos adquiridos” de los capitalistas (al punto de firmar en Washington el reconocimiento de la soberanía de los tribunales norteamericanos en caso de litigio con los inversores estadounidenses) no tiene ningún empacho en violar los derechos y las seguridades de los trabajadores. La dictadura patronal no puede ser más descarada.

Especulación y deuda pública

El verdadero objetivo de la “reforma” es poner en manos de los Fondos de Pensión —es decir, de los bancos y en particular de los bancos acreedores— una masa de recursos financieros “baratos”, que supera los 1.500 millones de dólares al año. Se producirá, así, una enorme concentración de la riqueza y del ahorro nacional en un puñado de manos; en Chile, por ejemplo, “nueve de las doce AFP son propiedad de los grandes grupos económicos y dos de ellas habían captado más de la mitad de los asegurados. El capital de la AFP puede elevarse al 65% del PBI” (La Voz del Interior, 12/11).

¿Adónde irán esos fondos? En el caso de Chile, según el especialista Carmelo Mesa Lago “casi las tres cuartas partes de la inversión de los fondos están en valores estatales o en depósitos de corto plazo en bancos estatales o comerciales intervenidos por el Estado” (La Voz del Interior, 12/11).

Otra “aplicación” particularmente parasitaria de estas “inversiones” la constituyen “los empréstitos que hacen los fondos de pensión al sistema jubilatorio estatal (en quiebra y encargado de pagar a los antiguos beneficiarios) que algunos analistas estiman en más de 20.000 millones de dólares” (ldem). La hipocresía de la “reforma” es completa: como antes, “reforma" mediante, la misma plata, de los mismos aportistas obreros, irá a los mismos jubilados, con la diferencia que entre la Caja actual y el beneficiario se interpondrá un monopolio, que recogerá los aportes, se los prestará al Estado a cambio de un interés.

El especialista chileno ya mencionado traza un balance demoledor del “modelo" de los “reformadores” argentinos: jubilaciones de 95 dólares (con aportes superiores a los argentinos), “las obligaciones estatales aumentan en lugar de disminuir... se genera un déficit enorme con la disminución de la recaudación de la seguridad social... antes que un mercado de capital verdaderamente competitivo se está fortaleciendo la concentración del capital” (ídem).

Contra esta perspectiva de auténtica barbarie social, el Partido Obrero plantea el cobro compulsivo de la evasión patronal, el no pago de la deuda externa y el control obrero de los aportes previsionales para proceder a reponer la plena vigencia del 82%, una jubilación mínima equivalente al costo de la canasta familiar y el cobro en efectivo de las deudas previsionales.

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Deudas previsionales

Contratistas sí; jubilados, no

Menem acaba de vetar la ley que establece el pago en efectivo de las deudas previsionales con sentencia judicial firme dictada antes de junio de 1988. Esta decisión representa un doble o triple desfalco contra los jubilados, pues en los casos afectados ya se habían producido desagio, descuentos o rebajas con relación a la deuda original. Pagada ahora en bonos representa una nueva confiscación, así como la violación de acuerdos entre partes. El veto afecta a diez mil jubilados porque el millón ochocientos mil cuyas sentencias quedaron firmes con posterioridad a esa fecha o que tienen deudas reconocidas sin sentencia firme (Clarín, 20/11) ni siquiera están contemplados en la posibilidad de cobrar en efectivo.

Quienes aducen, sin embargo, que el gobierno menemista carece de "sensibilidad social" se equivocan.

Esta política es la consecuencia de su fina “sensibilidad social”... capitalista. En efecto, poco antes de vetar el pago en efectivo a los jubilados, Menem-Cavallo promulgaron una serie de decretos que modifican la ley de Consolidación de Deudas (¡otro acto ilegal, y van ...!) para autorizar a los contratistas del Estado (Techint, Pescarmona, UCASA, Cartellone) y a los acreedores de la ex-ENTel (Siemmens) —quienes debía cobrar sus deudas con BOCON, como los jubilados— a hacerlo en "BOTE”, títulos a sólo 5 años de plazo (y no a 16 como los jubilados) y cuya primera amortización es a los 6 meses de la emisión (y no a los 72 como los jubilados) y con una renta superior (Página 12, 29/10).

Para la “patria contratista", sí; para los jubilados, no. Dos pesas, dos medidas, una dictadura patronal.

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Ética y política capitalista

El congreso ratificó sus jubilaciones de privilegio

El primer día del 992 entrará en vigencia el nuevo “régimen de Jubilaciones especiales" para la burocracia estatal, judicial y parlamentaria. La ley —que ha sido “consensuada" por los bloques mayoritarios de ambas cámaras—viene a reemplazar a la que fuera “derogada" por Menem y el Congreso antes de las elecciones.

La nueva ley establece que los funcionarios gozarán de una jubilación equivalente al 82% del sueldo vigente al cumplir 60 años, si han realizado aportes por 30 años y permanecido en su cargo dos años (para los funcionarios del Ejecutivo) o cuatro (para tos del Legislativo o la Corte Suprema). La Nación (21/11) sostiene en una editorial que la ley es “un paso adelante”, porque “desaparece el privilegio de acceder a la jubilación habiendo ejercido el cargo aún por un sólo día”. ¡Que descaro! No será un día, serán cuatro años, que se componen de seis meses de sesiones, un día por semana y la posibilidad de estar siempre ausente sin aviso.

La ley no elimina “los beneficios notoriamente superiores a los de las jubilaciones comunes”, como se ve obligado a reconocer el editorialista de tos Mitre.

Los burócratas se autoasignan el 82% (que cobrarán efectivamente) mientras desconocen, pisotean y se aprestan a anular el derecho de los jubilados a cobrar un haber del 82% de su salario de cese. Los burócratas, por supuesto, no derogan sus “derechos adquiridos”, pero se aprestan a violentar tos de tos jubilados y tos de tos trabajadores activos con la “reforma previsional”. Todo esto sin mencionar que son ellos los que se fijan sus propios sueldos, dietas y “adicionales” (como las dos cuotas de 3.000 dólares por “gastos extras" o tos 1.700 por “seguro de desempleo" que se auto-votó el Congreso).

El único resultado concreto que ha tenido esta “comedia" es la derogación efectiva de más de 40 regímenes de jubilaciones “especiales" para trabajadores que realizan tareas penosas, riesgosas, insalubres o que determinan un envejecimiento prematuro (trabajadores de la industria gasífera y petrolera, tos que están en contacto con los enfermos infecto-contagiosos, maquinistas ferroviarios; elaboradores de combustibles, mineros, etc.). Todos estos trabajadores quedarán comprendidos a partir de ahora en “las generales de la ley", es decir, en una jubilación “asistencial”, a los 65 años de trabajo.

El pueblo ya hará tronar el escarmiento.