Miguel Galuccio, el hombre de las petroleras internacionales que el gobierno puso al frente de YPF, habría dejado de lado su renuncia, al menos por ahora. La ronda que Galuccio y los funcionarios kirchneristas iniciaron con petroleras internacionales para concretar “asociaciones estratégicas” terminó en un fracaso: los pulpos reclamaron precios alineados con los internacionales (tarifazo) y la libertad para remitir utilidades al exterior. En respuesta a ello, el gobierno largó un decreto de “intervención al mercado petrolero”, que habría sacado de quicio a Galuccio y a otros directores de las petroleras privadas.

Pero desde ese momento, el dirigismo oficial les ha dado señales muy claras a los pulpos privados. En primer lugar, habilitaron a las petroleras otro aumento del 7% en las naftas, que Galuccio venía reclamando desde que asumió. Como YPF, al mismo tiempo, rebajó el octanaje de la súper, hay un aumento encubierto que es mayor. A renglón siguiente, el interventor Kicillof se reunió con los empresarios de las estaciones de servicio de GNC, para anunciarles un aumento del 300% en el gas que reciben, puesto que “era necesario atraer capitales y desarrollar la producción” (La Nación, 12/8) que financiarán, como se ve, los consumidores. Por otra parte, el gobierno resolvió concentrar en YPF todas las operaciones de importación de fuel y gas oil, una caja de 3500 millones de dólares que manejaba la compañía del mercado eléctrico mayorista (Cammesa). Pero ésta venía suministrando a pérdida el combustible a las usinas, lo que cubría con subsidios del Estado. Sin embargo, los directivos de YPF celebraron el “traspaso”, o sea que piensan ganar con la venta de combustibles a las usinas de energía: si se tiene en cuenta la progresiva reducción de subsidios, ello sólo podría ocurrir si YPF traslada a las usinas el precio del combustible importado, y éstas aumentan drásticamente el precio de la energía que generan. La caja de YPF, por lo tanto, no sólo engordaría con un aumento en el gas y los combustibles, sino también con un tarifazo eléctrico.

Para hacerle lugar a los aumentos en las naftas, el gobierno subió las retenciones a las exportaciones de biodiesel y le bajó el precio interno que pagan por él las petroleras. Ahora, el gobierno aumentaría la proporción del combustible vegetal que se mezcla con las naftas. La medida ha provocado otro choque de los K con el capital sojero. Pero en el marco de un aumento de las naftas, se trata de una transferencia de valor en beneficio de los pulpos petroleros.

Sobre estas condiciones, YPF se ha lanzado a una operación de endeudamiento, que sigue el camino de los gobiernos provinciales y empresas privadas: los préstamos en pesos con devolución ‘atada al dólar’, con las consecuencias explosivas del caso en la variante de una devaluación importante. Pero con YPF, los especuladores no sólo apostarían a la devaluación, sino también al tarifazo, puesto que el bono de la petrolera “pagaría a los inversores con litros de nafta” (14/8).

La política petrolera expresa con claridad cuál es la orientación social del dirigismo estatal. Los interventores kirchneristas quieren mantener un arbitraje sobre las consecuencias explosivas de un tarifazo, pero marchan inexorablemente hacia él.