Rolando Astarita, economista y militante marxista, ha escrito una crítica a nuestra propuesta de reemplazar los impuestos al consumo por impuestos al capital o a las rentas, con el argumento de que ello no mejora ni podría mejorar los salarios o su poder adquisitivo. Como el valor de la fuerza de trabajo (y, en definitiva, su precio, el salario) es determinado por el precio del conjunto de mercancías (bienes y servicios) destinados a su reproducción social como tal en las condiciones históricas del momento, una variación en más o en menos de los impuestos al consumo terminaría siendo absorbida (en más o en menos) por el capital. Este fenómeno convertiría en indiferente la distinción entre impuestos directos (al capital y sus beneficios) y los indirectos (que afectan al consumo personal). Por medio de un aumento en los salarios si los impuestos al consumo suben o de su reducción si bajan, la fuerza de trabajo mantendría su valor, mientras el capitalista absorbería la pérdida, en un caso, o incrementaría la ganancia, en el otro. El valor de la fuerza de trabajo sería constante, en un período histórico determinado, mientras que las ganancias capitalistas variarían o se ajustarían a los cambios en el salario real que modifiquen el valor de la fuerza de trabajo. En lo esencial, dice Astarita, “el valor de la fuerza de trabajo no depende de la estructura impositiva”, la cual sería “sólo un método para cobrar impuestos”. En resumen, la reducción de los impuestos al consumo no modifica el poder adquisitivo de los salarios, que se ajustaría en un tiempo breve al valor de la fuerza de trabajo en esas condiciones históricas. Aunque no lo dice, el aporte del análisis de Astarita es que la llamada “política redistributiva” a través de la modificación de la estructura de los impuestos -que es el a,b,c, del centroizquierdismo y del reformismo- no sería más que un espejismo.

La determinación del salario

Astarita señala que el suyo “es el punto de vista de Ricardo y de Marx”, algo que debe ser examinado con cuidado. Para Marx, el salario depende “de las condiciones bajo las cuales se ha formado la clase de los trabajadores libres y, por lo tanto, de sus hábitos y aspiraciones vitales”. Más precisamente, “por oposición a las demás mercancías, pues la determinación del valor de la fuerza de trabajo encierra un elemento histórico y moral”. Por su parte, Ricardo sostenía que “en virtud del efecto del principio de población sobre el incremento de la humanidad, los salarios más bajos nunca continúan por mucho tiempo por encima de la tasa que la naturaleza y las costumbres demandan para el sostenimiento de los obreros” (Ricardo, Principios…). Para Marx, en cambio, el “elemento histórico o social que entra en el valor del trabajo puede dilatarse o contraerse e incluso extinguirse del todo, de tal modo que sólo quede en pie el límite físico”.

Astarita admite que la variación de la “estructura impositiva (…) en un primer momento puede (producir) alguna variación de los salarios reales, pero en el mediano plazo volverán al nivel que esté determinado por las condiciones que hemos señalado”. No verlo así, sostiene, llevaría a negar la determinación histórica del valor de la fuerza de trabajo y romper con la piedra angular de la ‘crítica a la economía política’ efectuada por Marx -incluso (agregamos nosotros) incurrir en una teoría subjetiva o marginal de la determinación de los salarios.

Sin embargo, entre los factores históricos que determinan el valor de la fuerza de trabajo, se encuentra por sobre todo el nivel de organización y de conciencia de clase de los trabajadores, e incluso su influencia entre las capas intermedias de la sociedad. El valor de la fuerza de trabajo no es, entonces, un ‘dato’, sino una relación social. En condiciones históricas determinadas, el valor de la fuerza de trabajo se mueve entre un piso y un techo como consecuencia de una lucha que incluye el aumento de salarios, pero también la lucha por el aumento de las jubilaciones (pago diferido del salario vital) y la lucha contra los impuestos al consumo y los tarifazos de los servicios públicos. Hemos señalado en forma reiterada que el congelamiento de tarifas, desde 2002, ha beneficiado por sobre todo a la patronal industrial, porque (siguiendo el razonamiento de Astarita) le ha permitido pagar salarios más bajos de lo que ocurriría si hubieran sido descongelados (o sea que se quedó con los beneficios del descongelamiento). ¿No importa entonces ese congelamiento para el conjunto de los trabajadores? Claro que importa, en primer lugar para los no sindicalizados, para los jubilados y para los precarios y en negro, así como para los trabajadores independientes y -lo que pocos tienen en cuenta en este tipo de análisis- para los desocupados y subocupados. Si los obreros sindicalizados no arrancaron una ventaja mayor de ese congelamiento, la responsabilidad recae en la burocracia sindical.

2002/2011

Lo ocurrido en la década reciente es muy instructivo, pues recién ahora los salarios han recuperado el nivel real anterior a la crisis de 2002 -y esto solamente para la categoría de los trabajadores en blanco de algunas industrias. O sea que el salario registró una oscilación enorme frente al valor de la fuerza de trabajo y se recuperó como consecuencia de una lucha que involucró a numerosos sectores de las masas; durante este período, los salarios estuvieron en la línea de flotación de la ley del valor aplicada a la fuerza de trabajo. Cuando el kirchnerismo empieza a cantar ahora victoria porque se estaría por alcanzar el ‘fifty-fifty’ entre el capital y el trabajo (para eso, el promedio de los salarios debería estar en 4.000 pesos y está en 3.000), se desata con fuerza la campaña patronal contra el “costo laboral en dólares”, que inaugura la presión para la baja del salario real, y revela que la década kirchnerista fue de ganancias excepcionales para el capital, como consecuencia de un salario real inferior al valor de la fuerza de trabajo.

Que una reducción de impuestos al consumo no implica en forma automática el aumento del salario lo demuestra el hecho de que una eliminación del IVA y la transferencia de su carga al capital enfrentaría la resistencia de los industriales y comerciantes a una reducción de los precios al consumo. Esto sólo demuestra que la reivindicación de la supresión del IVA debe ir acompañada del planteo de la apertura de los libros de las empresas y el control obrero. En lugar de una subordinación a la idea de la ‘redistribución de ingresos’ por vía legislativa, la demanda de eliminación de impuestos al consumo debe servir a la agitación política contra la exacción de la fuerza de trabajo por medio de la política impositiva.

Una vieja reivindicación

En la “determinación histórica y social” del valor de la fuerza de trabajo intervienen, por sobre todo, las acciones colectivas de la clase obrera en defensa de sus ingresos -también las de los trabajadores que no son remunerados bajo la forma salarial. Astarita cita, aunque en forma incompleta, las Instrucciones a la Asociación Internacional de Trabajadores (1866), donde Marx señala que “no hay modificación de la forma de gravámenes impositivos que produzca cambios importantes en las relaciones entre el trabajo y el capital”. No olvida, sin embargo, subrayar a renglón siguiente: “No obstante, de tener que elegir entre los dos sistemas de gravámenes impositivos, recomendamos la total abolición de los impuestos indirectos y su sustitución completa por los directos”. Este planteo está presente ya en el Manifiesto Comunista. Una de las reivindicaciones del programa de transición para la revolución europea en ciernes declara que los obreros en el poder aplicarán fuertes impuestos progresivos e incluso confiscatorios a los beneficios, rentas y patrimonios capitalistas, hasta convertir a la propiedad privada en pública. La ‘política impositiva’ es pregonada como parte del arsenal de medidas para expropiar a los expropiadores. Este planteo se reitera en distintos programas de los partidos socialdemócratas de esa época. “Yo, diría aquí (insiste Engels): impuestos (…) progresivos para cubrir todos los gastos en el Estado, los distritos y la comunidad, en la medida que estos impuestos sean necesarios. Supresión de todos los impuestos indirectos, ya sean los del Estado, y los locales” (Engels, décimo punto de su Contribución a la Critica del Proyecto Socialdemócrata de 1891). El acierto de la crítica de Astarita está en que denuncia la falacia de la “redistribución de ingresos” por medios impositivos, pero lo ignora o minimiza como arma de lucha contra la exacción impositiva de parte del Estado burgués. Olvida con frecuencia que el IVA fue introducido para compensar la rebaja o anulación del aporte patronal a las cajas de jubilaciones, de modo que el trabajador pasó a aportar dos veces a su jubilación: una, mediante el aporte personal, la otra mediante el IVA. La cuestión impositiva se ha transformado en un tema crucial por excelencia, a medida que la baja de la tasa de ganancia, los rescates de capitales quebrados y las guerras orientan a la clase capitalista a recurrir al poder del Estado para confiscar los ingresos de las clases sociales antagónicas. Un ejemplo rutilante y brutal de esto es la privatización de los sistemas previsionales. Nosotros, aquí, también estamos “puestos a elegir” entre las detracciones que pagan los trabajadores y las que costea el capital.

Economicismo y política

La lucha contra los impuestos entraña una acción que se dirige al Estado, o sea una lucha de definido carácter político. ¿Debiéramos renunciar a ella para circunscribirnos “a las relaciones directas entre el capital y el trabajo”, o sea a la reivindicación salarial? Esta conclusión confinaría al Frente de Izquierda a la mera lucha económica de los sindicatos; además dejaría afuera a una parte de la clase obrera -y de las clases medias explotadas- que, por no contar con organización gremial o estar precarizados o desocupados y subocupados, carecen de la posibilidad de emprender una acción colectiva por el salario.

Astarita dedica un espacio a los gastos del Estado capitalista relacionados con la reproducción de la fuerza de trabajo (v.g., educación, salud). El punto, sin embargo, tiene que ver con la cuestión impositiva, porque la privatización de esos servicios no produjo una reducción de los impuestos que financiaban la gratuidad de esos gastos. Los ingresos ganados de este modo por el presupuesto fueron a parar, sabemos, al pago de la deuda pública; es un caso irrefutable de confiscación económica a favor de la banca. El resultado de la privatización de esos servicios ha sido también un encarecimiento de la canasta familiar (los precios y tarifas de los servicios no fueron compensados por medio de un aumento equivalente de los salarios al momento de la transferencia). La lucha por arrancar aumentos de salarios que compensen los nuevos impuestos al consumo, las tarifas y precios de servicios que eran antes gratuitos y la disminución o eliminación de aportes patronales a la previsión social, encuentra obstáculos mayores como consecuencia de la política impositiva. Todo este arsenal de medidas para llevar hacia su límite inferior (e incluso más) el salario real, pone en evidencia, asimismo, el incremento enorme de la presión confiscatoria del capital por medio del Estado, y la multiplicación sin precedentes de los obstáculos que pone ese mismo capital para que los trabajadores puedan restablecer el nivel histórico normal del valor de la fuerza de trabajo (esto sin ignorar otros medios de presión como la desocupación o la inflación y la hiperinflación de precios). La cuestión de la “estructura impositiva” ha cambiado de naturaleza desde los años en que Marx discutía a los economistas clásicos. El centro del debate no lo ocupa ya el impuesto al comercio internacional y sus consecuencias en el reparto de la ganancia capitalista entre la industria y la agricultura, o entre la ganancia industrial y la renta agraria -y, en este marco, cómo influenciaban esos impuestos y los impuestos en general sobre la determinación de la fuerza de trabajo.

Declinación histórica

De lo que se trata, en los últimos cien años, es del enfrentamiento entre el capital y el trabajo (si bien que la 125 demuestra que las ‘viejas’ pendencias tampoco han sido suprimidas, aunque tampoco asuman el carácter que tenían en el período de ascenso del capitalismo). Ahora hay que hacer frente a presupuestos monstruosos: de un lado, para sostener la acumulación desfalleciente del capital y su tasa de ganancia; del otro, para mantener presupuestos de guerra permanentes enormes y un sistema mundial de deudas públicas gigantesco. El tema de los impuestos es central en todo el mundo, por la importancia que ha alcanzado como arma de lucha del capital contra la fuerza de trabajo y contra todas las clases sociales intermedias. De ahí la ruina de estas clases, como ocurriera durante la depresión de los años ‘30. La crisis fiscal norteamericana, en el presente, gira entera en la disminución de los gastos de ayuda médica y los impuestos a los ingresos medios (obreros y no obreros), mientras el gasto fenomenal en armamentos y guerras está fuera del debate. En la era de los monopolios, el presupuesto público se convierte en la muleta del régimen social imperante, como de otro modo lo había sido en los orígenes del capitalismo.

En estas condiciones, el componente “histórico y social” del salario (o sea de los factores de organización: de un lado, partidos y sindicatos; del otro, el Estado capitalista) se impone con más fuerza que nunca. Además de las condiciones particulares de cada fábrica o sindicato, el Estado interviene, a cuenta de toda la clase capitalista, en la confiscación de la clase obrera, entre otros recursos a través del sistema de impuestos. En la era de la declinación capitalista, los monopolios y su Estado tienen mayor necesidad de convertir a una reducción “momentánea” del valor de la fuerza de trabajo en algo permanente o, reiterando la cita de Marx, haciendo que ese valor pueda “dilatarse o contraerse, e incluso extinguirse del todo, de tal modo que sólo quede en pie el límite físico”. El régimen impositivo no se limita a cubrir los gastos de funcionamiento, digamos ‘administrativos’, del sistema capitalista, sino que es un instrumento de la burguesía en la pelea contra la clase obrera para determinar el nivel del salario real y para expropiar el trabajo de los sectores medios.

En la Argentina, la confiscación social que se ejerce desde el Estado se ha acentuado en las últimas décadas no solamente con la “generalización” del IVA, sino también con la reducción de los aportes patronales a la seguridad social y, más recientemente, la utilización del impuesto a las “ganancias” sobre los trabadores no cubiertos por el mínimo no imponible o el monotributo. En el programa de los sindicatos ya está inscripta la lucha contra “el impuesto al salario”. Algunas de las huelgas más destacadas del último lustro -como la de los petroleros del sur- fueron disparadas por esta reivindicación. La otra gran lucha que está planteada, en esta línea, es por el 82 por ciento móvil y el cese del uso de la Anses para pagar la deuda pública y subsidiar al capital. El sistema previsional tiene su régimen de impuestos indirectos (los aportes personales de los trabajadores), que deben ser remplazados por los aportes patronales -pues la jubilación no es otra cosa que un salario que se paga en forma diferida y, como cualquier salario, debe estar a cargo del capital.

Programa de Transición

El cuadro que presentamos forma parte de una época histórica donde “la burguesía retoma cada vez más con la mano derecha el doble de los que diera con la izquierda (impuestos -N.de.R: ¡impuestos!-, derechos aduaneros, inflación “deflación”, vida cara, desocupación, reglamentación policíaca de las huelgas, etc.)”, León Trotsky, Programa de Transición. Lo que debe quedar claro es que la lucha para abolir los impuestos indirectos no es un planteo reformista para atenuar la lucha de clases por medio de “la redistribución de los ingresos”, sino una lucha sindical y política por agrupar las fuerzas de los explotados para establecer un gobierno de trabajadores y una reorganización de la sociedad sobre nuevas bases. En determinada etapa de esta lucha, la reivindicación de la apertura de los libros y el control obrero es decisiva. Otra cita del Programa de Transición: “Cualquier reivindicación seria del proletariado y hasta cualquier reivindicación progresiva de la pequeña burguesía conducen inevitablemente más allá de los límites de la propiedad capitalista y del Estado burgués”. Para el Frente de Izquierda, que desarrolla una campaña electoral para ingresar en el Congreso, es absolutamente fundamental, porque establece un terreno de confrontación con la burguesía en su propio terreno parlamentario. La conquistas legales (entrar en el Congreso) deben servir a la lucha de clases conciente, pero antes deben ser conquistadas a través de una lucha política perfectamente delimitada.