El gobierno nacional acaba de anunciar que impulsará un proyecto de “afectación” de la “renta inesperada” y/o “extraordinaria”, con el supuesto interés de financiar un pseudo IFE de $6.000 para monotributistas y trabajadores no registrados. De esta forma, el oficialismo elude incluso la elevación de las retenciones a las exportaciones, montando una cortina de humo con una política asistencia devaluada y con pocas chances de prosperar.

La iniciativa viene de la mano de una propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, para elevar la alícuota más alta del Impuesto a las Ganancias –hoy en 35%-, cargando un 15% más, para las empresas y sectores donde se “verifique” un crecimiento extraordinario de la utilidades vinculado con las fluctuaciones “inesperadas” del mercado.

El gobierno señala que los recursos captados por esta medida acotada, que no alcanzaría a las personas individuales y su patrimonio, podrían dar lugar a una cuarta edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero de carácter devaluado ya que se menciona el pago de un bono de $6.000, poco más de la mitad de lo que se pagaba en 2020, para alrededor de 6 millones de monotributistas y trabajadores no registrados, dos tercios de los 9 millones de beneficiarios del IFE y menos de la mitad del espectro de personas carentes de ingresos regulares.

La no respuesta del gobierno a la crisis social

El proyecto en sí debería atravesar primero su tratamiento en el Congreso de la Nación, donde se las vería difícil, e implica a grandes rasgos una concesión del gobierno a las patronales exportadoras, que no han sufrido ninguna medida de Estado para afectar esa misma renta excepcional, incluso agravando los precios locales.

Desde el gobierno apuntan a las patronales productoras y exportadoras de cereales, oleaginosas, gas, petróleo y minerales, aunque abriendo la puerta para que las mismas se evadan de la iniciativa oficial, ya que el adicional en la alícuota del gravamen sería deducible en caso de que las empresas realicen inversiones –algo difícil de corroborar- y/o tomen nuevo personal a su cargo.

El pago de $6.000, quizás dos veces al año, se parece mucho a la costumbre adoptada por este gobierno de bono del mismo carácter a cooperativistas y jubilados, casi con la misma periodicidad, para “compensar” la caída de ingresos y jubilaciones, mientras se deteriora el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la población.

El gobierno ofrece un refrito de su política ya aplicada y fracasada para evadirse del planteo que las organizaciones piqueteras están realizando por vía de un contundente plan de lucha nacional, que reclama por trabajo genuino y por la apertura y aumento de la asistencia económica del Estado a las y los desocupados.

Un régimen de precarización y pobreza

Para justificar la medida el gobierno se ampara en la caída del 7% del poder adquisitivo de los trabajadores no registrados, respecto a la inflación, en el último año. La implementación de un bono de excepción no modifica esa realidad, como lo dejó comprobado el IFE.

El gobierno siquiera se acerca al proyecto renta básica universal que proponen las organizaciones sociales oficialistas, ofreciendo las migajas de la mesa del FMI para todo el que enarbole un reclamo contra el hambre. En este caso, se dependería de la recaudación de un eventual adicional a un impuesto que solo grava la “excepcionalidad”: si no hay guerra en Ucrania no hay bono en Argentina.

La iniciativa soslaya cualquier intento por regularizar al conjunto de la masa de trabajadores que se encuentra en la informalidad, lo que sería un punto de vista “interesante” para recomponer parcialmente sus ingresos e incluso robustecer las cajas previsionales y a la Anses por medio de los correspondiente aportes patronales, pero nada de esto está en la cartera del gobierno.

El interés del gobierno por gravar la renta “inesperada” debe ser leído al calor de las obligaciones ante el FMI, ya que el supuesto bono a los sectores vulnerables puede ser descontinuado y o manipulado, como ha sucedido con lo recaudado con el aporte solidario. Agregando que es el propio gobierno el que promueve el negocio millonarios de estos sectores exportadores para engrosar la recaudación fiscal y su transferencia al capital privado. Esta nueva “iniciativa“ es, justamente, para sostener este esquema de negocios privados y la senda del ajuste fiscal.

La renta exportadora, esperada o inesperada, ordinaria o extraordinaria, debe reorientada hacia la satisfacciones de las necesidades e intereses de la clase trabajadora, por medio de la nacionalización del comercio exterior, para dar curso a un plan industrial y de desarrollo de los trabajadores y a la asistencia inmediata a las millones de familias sumergidas en la indigencia y la pobreza.